La empresa minera Samarco fue intimada este miércoles (18) a adoptar medidas en forma urgente para intentar impedir que el lodo que afectó al río Doce con residuos de mineral llegue al mar, en la costa de Espírito Santo, distrito de Regencia en Linhares. Algunos especialistas señalan que el plazo es corto y que la empresa ya debería haber tomado estas medidas con anticipación.
Sábado 21 de noviembre de 2015
De acuerdo con la decisión del juez Rodrigo Botelho Reiff, la empresa minera, que pertenece a la empresa Vale y a la anglo-australiana BHP Billiton, será multada en R$ 10 millones por día si no cumple esta determinación. La misma fue otorgada a través del Ministerio Público Federal (MPF), en base a los cálculos del Instituto Brasilero de Medio Ambiente (Ibama), que estimó que el lodo llegaría al litoral de Espírito Santo el viernes (20).
La desembocadura del río Doce es un área que concentra la mayor diversidad marina brasilera. Si el lodo con residuos de mineral llegara al litoral, como se supone que ocurra, se destruirá el manglar y el mar de la región, amenazando a las especies en peligro de extinción y afectando otras, como la tortuga gigante, delfines y ballenas jorobadas.
Después de la destrucción de barrios enteros en la ciudad de Mariana, como Bento Rodrigues y Paracatu, queda claro que la empresa es incapaz de cuidar de la salud humana y del medio ambiente. Mientras aumenta la destrucción ambiental, afectando también a la población de decenas de ciudades, el gobierno de Fernando Pimentel (PT) sigue defendiendo los beneficios de las empresas mineras a través de un proyecto de ley que flexibiliza la licencia ambiental de las empresas; por su parte, la presidenta Rousseff aprobó un decreto que pasa a considerar “natural” el desastre causado por la rotura de los diques, utilizando los fondos del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FTGS) de la población para cubrir los costos de la tragedia, cuando es clara la responsabilidad de las empresas Samarco, Vale y BHP. El FTGS tiene el fin de proteger a los trabajadores despedidos sin causa, a través de abertura de cuenta vinculada al contrato de trabajo. Al inicio de cada mes, las empresas depositan un valor equivalente al 8% del salario de cada empleado.
No vendrá de la empresa ni de los gobiernos la respuesta para disminuir los daños de la tragedia y, mucho menos, la reconstrucción de las comunidades y toda la cuenca hidrográfica. Por lo tanto, la gestión de la crisis no puede quedar en manos de estas empresas que cuentan además con el aval de los gobiernos petistas.
Sólo los trabajadores junto a la población y los especialistas pueden dar una respuesta para disminuir al máximo el daño socio-ambiental causado por las empresas mineras, con la confiscación de sus bienes y la lucha por la inmediata reestatización de la Vale sin indemnización para sus propietarios y accionistas, responsables de una de las mayores tragedias socio-ambientales en la historia del país.
