La justicia de Jujuy imputó a siete mujeres de la comunidad indígena de Caspalá que defienden la cancha ancestral, un espacio comunitario del pueblo. Son acusadas por el Ministerio de Educación de "daños agravados, robo agravado y usurpación". "No nos vamos a dar por vencidas", afirma una de las imputadas.
Lunes 8 de enero 17:19
Las mujeres imputadas son Paola Coronel, Mirian Coronel, Lucía Apaza, Francisca Coronel, Saturnina Batallanos, Verónica Ubaldo y Luere Aurora Tito, que fueron citadas a presentarse en la fiscalía de investigación de Humahuaca.
El motivo de la misma responde a un conflicto entre el Gobierno de Jujuy y la comunidad indígena, desde noviembre del 2021, donde violentamente y sin consulta avanzó en la expropiación de terrenos, avalados por la UCR y el PJ en la legislatura, para el avance de obras para construir una escuela en el predio de la cancha histórica que tiene el pueblo.
El gobierno de Jujuy utilizó “fines sociales” para avasallar derechos de la comunidad que manifestó no estar en contra de la escuela, sino el lugar elegido para hacerla, sin consentimiento.
Desde ese momento en la comunidad vivieron constantes persecuciones y autoritarismo de parte del Gobierno. Integrantes de la misma manifestaron que “no era necesario montar una trama de violencia para solucionar el problema de la ubicación de la Escuela Secundaria en Caspalá. “La misma Comunidad y la Comisión Municipal lo tenían resuelto desde 2015. Cuando se entrega al Estado Provincial (Decreto Municipal N° 89/2015) un lote de amplias dimensiones para la construcción de dicha escuela”.
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Meses atrás se frenó la construcción en el predio por la presentación de una medida cautelar por parte de la comunidad y por las acciones de resistencia que lleva adelante sus integrantes en el territorio y en la ciudad con distintas acciones. Sin embargo se denunció que la empresa constructora ingresó dos veces para avanzar con la obra, contando con la impunidad del comisionado y del gobierno.
La justicia jujeña responde a favor de los designios del ejecutivo provincial y de quienes tienen el poder dándole la espalda a los pueblos originarios. De la misma manera pretende avanzar el gobierno nacional con el Decretazo y la Ley Omnibus que permite el avance en territorio indígena.
Por ejemplo con la derogación de la Ley de Tierras que permite una mayor incidencia de capitales extranjeros a las que el Estado vende y entrega tierras que son formalmente fiscales, pero que pertenecen a los pueblos originarios. La gran deuda histórica.
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Las valientes mujeres siguen resistiendo, no se dan por vencidas si se trata de defender el territorio. Ellas que fueron parte del Tercer Malón protagonista de la lucha contra la Reforma, son un ejemplo de valentía, cuya pelea tiene que expresarse este 24 de enero, en el paro nacional de la CGT, en defensa del territorio, el agua y los derechos de las comunidades indígenas.
