El programa, parte del SENAF, cuenta con 200 trabajadores en todo el país. Como consecuencia de la política motosierra de Milei, a 21 no les han renovado el contrato y 54 de ellos ya fueron despedidos.
Domingo 31 de marzo de 2024 11:24
En los últimos días decenas de trabajadores y trabajadoras del programa fueron desvinculados del mismo, como parte del feroz ajuste que el gobierno de Javier Milei lleva adelante desde que asumió en diciembre de 2023.
Sus trabajadores han denunciado un desmembramiento del trabajo que realizan en el territorio a nivel nacional: “el programa tal como existía, no existe más” denuncian. Esto se complementa con el resto de los despidos en SENAF y organismos como los Centros de Referencia, que cumplen un rol territorial para acercar a la población a políticas públicas, y que articulaban de manera permanente con los mismos.
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El Programa Nacional Primeros Años se creó a partir de la ley 26.061 (Ley de protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes). Su objetivo es acompañar a familias con bebés, niñas y niños de 0 a 4 años y personas gestantes en espacios comunitarios, para fortalecerlas en sus prácticas de crianza. Actualmente se inscribe en el proyecto PNUD 21/005 a partir del cual se definen objetivos, metas, lineamientos de trabajo y aspectos presupuestarios.
Hasta hoy el programa alcanza a 21 provincias y CABA, desarrollándose en 113 localidades. Según los datos estadísticos aportados por los empleados del sector, han acompañado a 75000 familias en sus prácticas de crianza, alcanzando a una población de 113.000 niñas y niños de 0 a 4 años.
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Contaba, hasta los despidos anunciados recientemente, con 200 trabajadoras y trabajadores, en conformación de equipos técnicos interdisciplinarios. Asimismo, nuclea a 1300 facilitadoras y facilitadores (beneficiarias de potenciar trabajo, referentes comunitarios de primera infancia), de los cuales más de 300 se encuentran sin cobrar su beca desde el mes de diciembre.
El gobierno nacional, para llevar adelante su plan de despidos, intenta instalar un discurso dividiendo a las y los trabajadores entre aquellos que “se esfuerzan” y los “ñoquis” del Estado. Muy lejos de ello, tal como expresara Mariana Gerardi Davico, trabajadora del Programa Primeros años: “somos trabajadoras y trabajadores del Estado, no somos de una u otra gestión. Yo me levanto todos los días a las seis de la mañana, me tomo tres o cuatro medios de transporte que pago de mi bolsillo como cualquier laburante alquilo, no voy a tener obra social, no voy a poder pagar la olla, porque mi compañero y yo estamos los dos despedidos".
Agregó la trabajadora: "mis hijos me vieron romperme el lomo laburando, como el resto de mis compañeros, en lugares que son inalcanzables en las provincias, en parajes inhóspitos, en pueblos rurales, donde por ahí se junta la guita entre todo el equipo técnico, para poner nafta en un auto; todo este programa viene construyéndose desde hace años en el compromiso del trabajo real con el otre, con las familias y los pibes …”
Asimismo, la misma trabajadora destacó: “lamentablemente, todos los gobiernos a esta parte nos han dejado a los laburantes en el horno, porque el Estado es el mayor precarizador que hay. Pueden hacer esto porque nos dejaron totalmente en banda antes, echaron a compañeras embarazadas, otras que están con tratamientos oncológicos y hablan de que van a trabajar sobre los derechos de las infancias y las familias, cuando con sus propios laburantes hacen esto". Por último agregó: “los trabajadores de todo el país tienen que saber que vienen con todo (…) el miércoles nos veremos en las calles y estaremos luchando por la reincorporación de todos los laburantes del Estado”
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Los trabajadores del sector, además, han destacado la violación al derecho laboral contemplado en la legislación nacional, también en relación a la ausencia del pago de indemnización correspondiente. “Esto no es menor si se tiene en cuenta el feroz ataque que estamos viviendo por parte del Estado”, señalan.
En total, aunque no se manejan certezas, se estima que ya son aproximadamente 200 los despidos en SENAF y más de 7000 a nivel nacional en el Estado, mientras que el Gobierno amenaza con miles más. Mientras tanto, la CGT y las CTAs siguen retardando el llamado a un verdadero plan de lucha, en unidad, para enfrentar semejante ataque.
Sabemos que fuerzas hay de sobra. Eso quedó demostrado aquel llamado a paro nacional del pasado 24 de enero, y también el 8M y este 24 de Marzo, siendo miles en las calles. No podemos seguir siendo los trabajadores, los jubilados (a quienes este mes se les va a pagar una jubilación miserable en dos cuotas) quienes paguemos la crisis de quienes han gobernado sosteniendo los intereses de empresarios, con el plan de ajuste que impone el FMI.
Como bien reclaman las y los trabajadores del sector, esto se trata de una bestial iniciativa por parte del Gobierno, de desguace en políticas de infancia. En primeros años NO SOBRA NADIE. Debemos llenar de solidaridad su lucha, y la de todos los trabajadores despedidos.
