Impunidad. Pandemia: domiciliarias a los genocidas, hacinamiento y torturas a detenidos

Los genocidas cuentan con mejores instalaciones dentro de las cárceles, dado que no se encuentran hacinados, cuentan con habitaciones más cómodas, mejor equipadas, mejor régimen de comida, incluso es sabido que tienen hasta mesas de juegos como el Ping Pong.

Estos individuos, en una amplia mayoría son de clase media y alta, se encuentran cumpliendo su condena en pabellones donde se los aísla del resto de los detenidos en los llamados “pabellones de lesa” o bien en la jerga interna “donde están los viejos de mierda”. En esta situación de la cuarentena que fue decretada el 20 de marzo, sus abogados, aprovechando que se encuentran la mayoría de los represores en el grupo que se considera de riesgo (65 años o más), están presentando pedidos de prisión domiciliaria en algunos juzgados.

Hasta el viernes 3 de abril, según el comunicado emitido por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) hubo 104 pedidos de domiciliaria en este período de pandemia y fueron otorgadas 17 prisiones domiciliarias de las cuáles podemos identificar 8 de ellas que fueron otorgadas en Mendoza, 3 en La Plata, 1 en CABA , 3 en Santa fe, otra en San Martín y 1 en Corrientes. Éstos pedidos que se usan como excusa la pandemia, no son nuevos, sino que se suman a los que ya existen dado que más del 70 % de los genocidas cuenta con este beneficio.

Por otro lado, más de 50 genocidas fueron trasladados a la Unidad 34 de Campo de Mayo, ya apodada como: la "cárcel VIP". La Unidad ahora ofrece un pabellón de una cuadra de largo, con un pasillo central con cuartos divididos por durlock, puertas, casi sin cámaras ni el doble vallado característico del resto de las cárceles. Diferentes organismos de DDHH se encuentran sumamente preocupados por los bajos niveles de seguridad y el incremento de los privilegios.

“Nos llamó la atención que la unidad no tienen una entrada independiente de la del Ejército. Hay que atravesar el predio militar para entrar. Si bien los controles son del Servicio Penitenciario Federal (SPF), está dentro del predio militar. Desde el punto de vista del vallado que tienen todas las cárceles, tiene un alambrado muy sencillo, no tienen una doble estructura de valla”, describió la fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Ángeles Ramos, en diálogo con "Política Argentina".

Muy distinta es la situación que les acontece al resto de los detenidos. Los datos publicados por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFaD) nos entregan cifras concretas que dan cuenta de la situación de abusos y falta de condiciones mínimas de higiene y salubridad a las que son sometidas las personas privadas de su libertad en las penitenciarías:

 Hasta el día 4 de abril, el 92% de los detenidos encuestados por la ACIFaD dice que los elemento de higiene no son suficientes para cada pabellón. Solamente el 30% dice contar con jabón y 15% con lavandina. En el caso de poder poseer guantes o barbijos, sólo el 1,6% tuvo acceso a guantes, y a barbijos tan sólo el 2,1%. También se visibiliza la falta de escobas, cloro y secadores de piso. Por otro lado, dan cuenta que el 40,5 % dice que “nunca” el personal del Servicio Penitenciario tiene contacto con detenidos lo hace con las adecuadas medidas de protección.

 En torno a las condiciones alimenticias, el 55,66% de los entrevistados contesta que no consume la comida del penal y las causas son “porque lo que te dan es inhumano”, “porque son huesos y están en mal estado y hay que hervir horas para sacarles el olor”, “porque es incomible”. Pero además de ello, el 76,1 % testimonia que no alcanza la comida para todos, donde el 34,4% recibe dos comidas principales, el 44% recibe comida una sola vez al día. Por tal motivo el 42,9% de su alimentación básica es garantizada por su familia.

 La ACIFaD además hace foco en la condición específica de las mujeres y denuncia que "a medida que el COVID-19 se propaga hacia y dentro de las cárceles, las personas privadas de la libertad se enfrentan a problemas de salud graves y posiblemente mortales. Las preocupaciones son aún más apremiantes para las mujeres, la gran mayoría de las cuales están encarceladas por ofensas de bajo nivel y muchas de ellas están en prisión preventiva.” Hacen extensivo un informe publicado por WOLA (Abvocacy for Human Rights in the Américas).

Pero la crisis está instalada a escala global, por ejemplo en Italia las personas detenidas armaron motines en las cárceles para poder conseguir algunas mínimas medidas como mascarillas en instituciones penitenciarias, y la instalación de 80 puntos de pre selección para la detección del coronavirus, además de ello empezó a circular una propuesta para que quienes estén a punto de cumplir su pena puedan completarla en arresto domiciliario para evitar problemas de hacinamiento.

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Este tipo de situaciones pueden irse acrecentando con la crisis económica y sanitaria. Expertos en salud penitenciaria anticipan en las condiciones de hacinamiento que están los servicios penitenciarios hoy, el contagio puede propagarse aceleradamente dejando muchas víctimas fatales, dadas las condiciones de mala alimentación y salubridad en las que se encuentran.

Las acciones inmediatas que expertos aconsejan son: la disminución de la sobrepoblación, prevenir el contagio y evitar el ingreso de personas enfermas o pertenecientes a los grupos de riesgo. Para ello es necesario que se puedan garantizar derechos que incluso ya están contemplados por la ley como ser el régimen penal juvenil, las libertades condicionadas o anticipadas incluso teniendo en cuenta que el 80% aproximadamente de la población carcelaria tiene prisión preventiva, extendiendo ese derecho para que sea brindado a toda persona de riesgo, excluyendo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, entre otras medidas de suma urgencia.

Para quienes cometieron los casos más aberrantes durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica se otorga el beneficio de las “libertades encubiertas” con la “participación necesaria” de la complicidad de una parte del Sistema Judicial, para el resto de la población carcelaria, el hacinamiento, las torturas, la desatención sanitaria. El despojo de todo derecho, el sometimiento a condiciones infrahumanas a las que son expuestas las personas privadas de su libertad por los llamados “delitos comunes”, son violaciones sistemáticas a sus derechos constitucionales y el estado y los gobiernos son responsables.

Claramente, la crisis sanitaria está inmersa en las mismas condiciones de clase que genera el propio sistema capitalista al que nos someten, pero se elevan a la enésima potencia. Los sistemas de salud en Argentina y en todo el mundo son descuidados y no preveen este tipo de situaciones. Las ansias de ganancia y acumulación de capital, les interesan más que nuestras vidas.

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