Declaración. Perú: Abajo Boluarte y todo el régimen golpista. Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Después de la masacre de Puno, que dejó 18 muertos, y de la violenta represión en Cusco que volvió a dejar un fallecido y decenas de heridos, miles de campesinos y pobladores -básicamente de los sectores populares- marchan a la ciudad de Lima para exigir la inmediata renuncia de Dina Boluarte y de su gabinete. Quienes, hasta ahora, tienen casi 50 muertos, cientos de heridos y muchos detenidos en su haber como consecuencia de la violenta represión policial-militar ordenada desde el Ejecutivo para tratar de parar el levantamiento popular que se inició días después que el Congreso, de mayoría derechista, destituyera de la presidencia de la República a Pedro Castillo.

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Frente a esto, en la ciudad de Lima la solidaridad con los manifestantes del interior del país también ha empezado a crecer y a manifestarse en marchas diarias, las cuales han llegado a importantes distritos de la clase media limeña que albergan a las principales instituciones económicas y financieras del país, como es el caso de Miraflores. Los protagonistas de estas acciones en la capital son los jóvenes, quienes -organizados en colectivos y frentes de solidaridad- vienen implementando diversas iniciativas e incluso tomaron hace poco los ambientes de la histórica Universidad Nacional de San Marcos para poder albergar a las y los manifestantes que ya empiezan a llegar de las provincias del interior del país.

La clase obrera de las empresas agro industriales de Ica y de la pequeña minería que -desde un primer momento- estuvo presente en el levantamiento popular bloqueando carreteras y resistiendo la brutal represión policial-militar. Ahora se están sumando otros sectores sindicalizados, sobre todo de regiones como Arequipa y Puno, quienes, desde días atrás, empezaron a presionar a la dirección de la CGTP (Confederación General de los Trabajadores del Perú) para que se pliegue a las protestas. Presionados por sus bases y por la contundencia de las protestas sociales, la burocracia que dirige la CGTP, la misma que semanas atrás participaba sin vergüenza en el diálogo promovido por Dina Boluarte y en las reuniones del Acuerdo Nacional, ahora ha convocado a un Paro Nacional para el jueves 19 de enero, donde la consigna central ha pasado a ser que se vaya Dina Boluarte.

Este nuevo escenario social caracterizado por masivos levantamientos regionales, sobre todo en el sur peruano, y por masivos desplazamientos de los manifestantes hacia Lima para concretar la expulsión de la presidenta y el cierre del odiado Congreso de la República, a través de lo que se ha denominado como la “toma de Lima” o la “segunda marcha de los cuatro suyos”, ha empezado a configurar una situación revolucionaria. La cual, como diría Trotsky, se expresa en que “las condiciones económicas y sociales están provocando cambios bruscos en la conciencia de la sociedad y de sus diferentes clases”.

Uno de los factores que ha contribuido considerablemente a avanzar hacia esta situación tiene que ver con la violenta represión policial-militar ordenada desde el Ejecutivo y avalada por el Parlamento. Así como los reiterativos intentos llevados adelante por Boluarte y su primer ministro Otárola, para tratar de descalificar y restarle importancia a las acciones de lucha de los pueblos del interior del país, cuyas acciones fueron motejadas de "minúsculas" y de estar siendo "manipuladas por fuerzas externas" y por "sectores vinculados al terrorismo". Por eso, las demandas que exigen la salida inmediata de Dina Boluarte y el cierre del Congreso se han convertido en las demandas más importantes y articuladoras de los sectores sociales que hoy se encuentran en pie de lucha.

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A esto se suma el incremento de la desconfianza y descrédito en las otras instituciones del Estado y del régimen político sostenido en la Constitución de 1993, impuesta por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Un régimen que solo ha servido para acrecentar la explotación y opresión de las grandes mayorías y para promover el saqueo de nuestros recursos naturales favoreciendo únicamente a los grandes empresarios nacionales y extranjeros y a una casta de políticos a su servicio, quienes, en estos últimos treinta años de hegemonía neoliberal se han enriquecido a costa de acrecentar los índices de pobreza de la clase trabajadora, los campesinos y los sectores populares que hoy viven hacinados y sin contar con los servicios básicos en las periferias de las grandes ciudades de la costa. Fundamentalmente en las regiones de la sierra donde, a pesar de encontrarse en muchos casos los grandes yacimientos mineros, nunca llegaron los “beneficios” del crecimiento económico capitalista.

Es por esta razón que la demanda por una Asamblea Constituyente que permita acabar con el régimen del 93, y de esa manera empezar a cambiar esta situación que afecta a las grandes mayorías trabajadoras, se ha convertido en una de las demandas más sentidas por los manifestantes y por las grandes mayorías de la población peruana. Como bien lo reconoce el último estudio estadístico realizado por el Instituto de Estudios Peruanos IEP, donde se deja constancia que más del 60% de la población encuestada (casi dos tercios de la muestra) considera que es necesario llevar adelante una Asamblea Constituyente para realizar cambios significativos en aspectos políticos y económicos.

No son pues, como dice Boluarte y Otárola, "agitadores externos" venidos de Bolivia o "grupos terroristas" los que azuzan y manipulan a los manifestantes. Más bien, este descontento que hoy se expresa en potentes acciones de protesta está relacionado a la pobreza, la falta de trabajo y de ingresos, así como a la elevada precariedad laboral en la que viven la mayoría de peruanos, sobre todo de la sierra donde hoy se viene dando una profunda crisis agraria motivada por la falta de fertilizantes a raíz de la dependencia de los mercados externos y por la aguda sequía, la cual tiene que ver con la sobre explotación de los recursos hídricos en cabeceras de cuenca que llevan adelante - y con el visto bueno de los gobiernos de turno y las demás instituciones del Estado - las grandes empresas mineras consideradas por los grandes medios de comunicación como las abanderadas del crecimiento económico.

A estos factores estructurales se suma el marcado racismo promovido por las denominadas “elites” criollas y reproducido por las diversas instituciones del Estado, contra la población de procedencia Aimara y Quechua que vive en las zonas rurales y en las regiones del interior del país, sobre todo en la sierra. Es por ello que en estos sectores de la población se ha ido desarrollando la percepción que, con el golpe parlamentario del 7 de diciembre que significó la destitución de Pedro Castillo, los ricos de siempre concentrados en Lima, les robaron a los más pobres y a los pueblos originarios su victoria electoral del 2021, vacándoles a su presidente. Éste, a pesar de no representar realmente una alternativa de cambio para las grandes mayorías (por su estrategia de conciliación de clases), era considerado por la población del denominado “Perú profundo” como uno de los suyos.

Por la profundización de la crisis y por el papel que vienen jugando las masas como actores directos con sus propios métodos de lucha, sectores de la ultraderecha política y empresarial, así como algunos ex altos mandos militares, alientan al gobierno de Boluarte a profundizar su política represiva contra los manifestantes. De concretarse esta tendencia, el gobierno actual devendría en un gobierno abiertamente contrarrevolucionario sostenido fundamentalmente en las fuerzas represivas. Por otro lado, otros sectores de la derecha, del empresariado e incluso de la izquierda reformista ya empiezan a evaluar posibles soluciones que impliquen una eventual salida de Dina Boluarte de la presidencia y una transición que les permita desviar el descontento y la movilización social para preservar y oxigenar los fundamentos del régimen del 93. Es así que han empezado a hablar de adelantar las elecciones generales para el 2023 o, incluso, hay quienes proponen que Boluarte renuncie, que el Congreso cambie a la actual mesa directiva presidida por el ultra conservador José Williams Zapata y que, según lo establece la norma para estos casos, se lleven a cabo elecciones generales en un plazo no mayor de seis meses, periodo en el cual el país estaría dirigido por un gobierno de transición presidido por el Congreso, el cual hoy goza del 95% de desaprobación ciudadana.

Ni un adelanto de elecciones para el 2023 o la renuncia de Boluarte y su reemplazo por una nueva mesa directiva del Congreso y nuevas elecciones en seis meses, son garantía de un cambio real que permita concretar las grandes aspiraciones de los miles de campesinos, trabajadores y sectores populares que hoy se movilizan y que no dudan en poner su pecho frente a las balas de la represión policial-militar. Estas iniciativas a lo que estarían orientadas en realidad es a crear falsas expectativas entre los manifestantes a fin de que depongan sus acciones de protesta para que puedan encaminar su descontento por la vía institucional-electoral del régimen del 93, la cual es altamente antidemocrática y excluyente.

Es urgente continuar luchando por la caída del gobierno de Boluarte, por el castigo a los responsables de la represión, que se cobró un saldo de más 50 muertos, y por la libertad de Pedro Castillo y el conjunto de presos políticos. Solo la fuerza de la movilización y la lucha, además de la autoorganización obrera, campesina y popular, son garantías de victoria. Aa través de ellas junto a una huelga general política, organizada desde las bases e impulsando un Comando Unitario de Lucha, podremos derrotar al gobierno asesino de Dina Boluarte, estableciendo así un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y de los sectores populares que hoy están en pie de lucha.

Solo un gobierno provisional de las organizaciones de las y los trabajadores, campesinos y sectores populares sostenido en la autoorganización obrera y popular y nacido de la lucha y del derrocamiento del régimen del 93, asegurará la posibilidad de convocar e implementar una Asamblea Constituyente Libre y Soberana la cual deberá tener facultades ejecutivas y legislativas y deberá estar compuesta por asambleístas elegidos en un distrito electoral único, que permita la participación de representantes obreros, campesinos e indígenas, los mismos que ganarán como gana un trabajador calificado y podrán ser revocados si incumplen el mandato de sus bases.

Esta Asamblea Constituyente también nos permitirá discutirlo todo, empezando por los privilegios que actualmente gozan los grandes empresarios. Poner en el centro de las prioridades políticas del país las necesidades de las y los trabajadores, los campesinos y los sectores populares golpeados por la crisis económica que se encuentran sumidos en la pobreza extrema. Solo de esta manera podremos acabar definitivamente con el nefasto régimen del 93 y su Constitución, y avanzar de mejor manera hacia la edificación de un gobierno de las y los trabajadores y los sectores populares con perspectiva socialista.

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