El martes pasado se realizó el quite de colaboración durante dos horas. La ministra de Salud, Rossana Chahla, salió al cruce para instalar un discurso de amedrentamiento contra los trabajadores de la salud que participaron de los reclamos.
Jueves 12 de noviembre de 2020 17:03
Las condiciones laborales y salariales, la muerte de más de 60 compañeras y compañeros de la salud, la infección de 4000 más, han producido un profundo descontento en los trabajadores de la salud. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SiTAS) ha comenzado a llamar asambleas en los hospitales y a tomar medidas de acción.
El martes pasado se realizó el quite de colaboración durante dos horas, a lo que la ministra de Salud, Rossana Chahla, salió al cruce para instalar un discurso de amedrentamiento contra Adriana Bueno y Julián Nassif en particular, y contra los que reclaman en general. Ante esta situación la organización en asamblea de bases es nuestra mejor defensa y ataque.
La salud también es política
Aunque la Ministra quiera negarlo, toda salud pública es política. Desde el inicio de la cuarentena el gobierno tucumano elaboró un discurso cuasi belicista en el que la población se enfrentaba a un "enemigo" invisible y desconocido, por lo que la población debería regimentar su vida en función de los protocolos establecidos por el Comité Operativo de Emergencia (COE) para acompañar la gestión del SIPROSA en la respuesta a las demandas de salud que pudiera generar la pandemia por el coronavirus.
De ésta manera buscaron fortalecer un mensaje que traslade la responsabilidad del impacto negativo de la pandemia a la población y a los trabajadores de salud, con el objetivo de resguardar al régimen político de una eventual crisis sanitaria cuyas raíces se encuentren en el desfinanciamiento del sector público, en la fragmentación del sistema de salud, en el lucro de la medicina privada, y en la explotación y precarización laboral.
Al calor de la profundización de la crisis económica, argumentaron en los primeros meses de cuarentena que el despliegue de la fuerza policial fue para garantizar las calles vacías con el fin de “preparar” al sistema de salud provincial. Pero el saldo represivo fue la brutalidad policial con la desaparición forzada de Luis Espinoza, la encarcelación de jóvenes de los sectores populares.
En el plano sanitario aumentaron los ritmos de trabajo en condiciones precarias para asegurar “la oferta” ante el aumento de la demanda de atención de los pacientes con COVID-19. A pesar de la crisis económica y sanitaria, el gobierno había logrado encolumnar tras de sí a los partidos de la oposición de centro y de derecha en una suerte de “Unidad Provincial contra la COVID-19”, que reproducía su discurso de “Quédate en casa” como slogan de parálisis política cuando no había circulación comunitaria del virus. Este discurso le permitió mantener como aliados a la oposición y a los sindicatos en general.
El Plan de Contingencia consistió en una estrategia destinado más a la propaganda política que a la contención de la propagación del virus; es decir en medidas de “atención” por sobre las medidas de “prevención”, traducido en transformar a los hospitales para reorganizar los recursos físicos y humanos en función de dar respuesta a la potencial demanda de salud que genere la pandemia. La creación de consultorios de febriles, la recategorización de camas hospitalarias preexistentes y la reorganización del recurso humano precarizado fueron los pilares para garantizar la “oferta” de la atención de la salud y mostrar de esta forma, a través de los medios de comunicación, una gestión política eficaz de la pandemia.
Pero la falta de una estrategia de prevención para evitar la diseminación del virus en la población y en los trabajadores de la salud, como los testeos de la red de contagios y la organización en líneas con testeos periódicos de trabajadores demostró, no sólo la precariedad del sistema y lo ineficaz del plan del gobierno ante el aumento de los contagios, sino también un desprecio hacia el conjunto de trabajadores que ponen el cuerpo día a día arriesgando sus vidas para ayudar a los pacientes con COVID-19. El plan diseñado tuvo como objetivo mantener el orden del régimen político por medio de medidas que maquillaban a un sistema desfinanciado y elaborar un discurso que transmite calma a la población a costa de la vida de los trabajadores de la salud.
El ataque sistemático de la ministra a las y los trabajadores de la salud
El progreso de fase a "circulación comunitaria" del virus era inevitable, aunque la situación de los trabajadores de la salud permanecía en las mismas condiciones, previas a la cuarentena. Con salarios congelados, paritarias anuladas, precarización laboral, fraude laboral con las cooperativas, negación de licencias, negación de testeos periódicos, falta de equipos de protección personal (EPP) de calidad, y el no reconocimiento de la insalubridad, más de 60 trabajadores de la salud dejaron sus vidas ayudando a pacientes. Así, nuestra provincia, alcanzaba un porcentaje superior a la media del país de trabajadores de la salud infectados (7,4%).
Ante semejante desgaste físico y psicológico es inevitable que los trabajadores hagan una experiencia con la realidad, sintiendo el desprecio por sus vidas que muestra el gobierno de Manzur. Este descontento comenzó a expresarse en las bases de los sindicatos de la salud, que empezaron a impulsar asambleas en los hospitales, lo que desarrolló una medida de acción convocada por el SiTAS en el pasado martes para manifestar la necesidad de que el gobierno resuelva los reclamos laborales y salariales postergados. La medida consistió en suspender las actividades de los consultorios para realizar asambleas en los hospitales, pero bajo ninguna circunstancia se rechazó o anuló la atención a los pacientes, ya que ésta fue retomada luego de la acción.
En el mismo horario, la ministra Chahla era entrevistada de forma condescendiente por la La Gaceta Play, a donde fue a esgrimir su bronca ante la medida. Se descargó contra la conducción del SiTAS aludiendo que no suelen trabajar en los hospitales y amenazando a todos los trabajadores que hayan realizado la manifestación por medio del inicio de acciones legales.
Se refirió a que “en emergencia sanitaria no se puede hacer política”, insultando a la inteligencia de la población, cuando todo lo que se realiza en materia de salud pública es política. Porque es una medida política no centralizar el sistema de salud; porque es una medida política no equipar correctamente los hospitales con EPP en cantidad y calidad; porque es parte de una política congelar los salarios de los trabajadores de la salud, al igual que el pluriempleo, la precarización a través de las cooperativas y la exposición brutal sin descanso de todos los trabajadores; o el regalo de respiradores a los empresarios de la salud.
Se entiende el descontento de la ministra y de los funcionarios de la salud debido a que les cuesta sostener un discurso político de eficacia en la gestión de la pandemia, porque la realidad es más fuerte y desarma ese discurso. Por eso, ante la imposibilidad de aumentar los recursos y el presupuesto, necesitan recurrir a las palabras para continuar con el mensaje pseudomilitar de que en esta batalla contra el coronavirus todos los soldados deben estar alineados a la decisiones de su general, aunque esto le cueste la vida a más de 60 soldados. Esta es la explicación política con la cual intentó, e intentará, sofocar los “focos de rebelión” en sus filas.
Desde el mes de marzo, trabajadores de distintos hospitales reclamaron por la falta de equipos de protección personal, y la falta de recursos físicos y humanos. La medida del general fue silenciar sus reclamos y catalogarlos de "perlas negras", en lugar de brindar más recursos o escuchar sus reclamos. Al igual que en ese momento, la única medida a la que recurre la ministra es a la descalificación de los Dres. Adriana Bueno y Julián Nassif en particular, y a los trabajadores que reclaman en general. Pero ahora avanza un paso más y amenaza penalmente a los que expresen su descontento con las condiciones brutales de trabajo.
La Dra. Chahla llama antisolidarios a los trabajadores que exigen mejores condiciones salariales y de trabajo para arriesgar sus vidas; quizás porque confunde el concepto de la palabra "solidaridad" con el de la precarización o superexplotación laboral. O peor aún, tal vez quiere acomodar el concepto a sus intereses ya que intenta hacer un juicio de valor moral contra las conductas que no sean beneficiosas para sus necesidades políticas. ¿O se refiere a que la solidaridad es regalar respiradores a los empresarios de clínicas y sanatorios que hoy amenazan con no atender pacientes de la obra social del Estado?
A la organización de la mentira hay que oponer la organización en asambleas
El control político de la pandemia es más estable cuando menos contradicciones tiene. Pero el régimen tiene muchas, motivo por el cual esa inestabilidad tratará de equilibrarse con ataques directos al conjunto de los trabajadores para disciplinarlos y, cuando pueden hacer eso recurren a discursos mentirosos para poner a la población en contra de los trabajadores de la salud.
Lo cierto es que los trabajadores son más que solidarios, porque están en la primera línea desde marzo y hacen todo para que los pacientes no sufran las injusticias de este sistema. Más que justas son las palabras de George Orwell para sintetizar este ataque, cuando decía que “toda propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio, provienen invariablemente de gente que no está peleando”.
El filósofo catalán Joan García del Muro, en su libro Good bye, veritat, sostiene que la posverdad es una distorsión deliberada de la realidad, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y que las creencias personales, con el fin de crear y moldear la opinión pública. Advierte que "la posverdad puede transformar en verdad aquello que interesa que sea verdad si es capaz de imponerse con éxito". Al parecer el gobierno de Tucumán intenta instalar una posverdad por medio de un discurso político que, por un lado, oculte que las medidas que tomaron no resolvieron los grandes problemas estructurales del sistema de salud, y por el otro, instale un ataque de la población a los trabajadores de la salud. Pero, la verdad está en la realidad, donde las y los trabajadores comienzan a ponerse de pie por sus derechos, por sus vidas y por la de las familias de las compañeras y compañeros fallecidos.
Ante tanta mentira organizada que ataca, los trabajadores tienen que organizarse cada vez más. La perspectiva de conformar asambleas en todos los hospitales y Centros de Atención del conjunto de trabajadores, agremiados o no, que voten medidas para un plan de lucha debe ser una tarea inmediata. Porque el gobierno ya movió sus fichas atacando a la dirección del SiTAS y amenazando a los que reclamen; ahora es momento de fortalecer nuestras defensas mediante la organización de las bases para discutir un plan de lucha unificado, no sólo por nuestros derechos sino también por los de los pacientes, que serán conducidos a la pauperización y al desguace de la salud pública de la mano del Fondo Monetario Internacional.
