Este nuevo Código de Procedimientos Mineros busca acelerar la aprobación de proyectos mineros, dejar sin efectos en los hechos nuestra ley guardiana del agua 7722, garantizar un negociado para Impulsa Mendoza S.A, crear una herramienta más para apropiarse de territorios de las comunidades originarias y lavar de verde al Estado Provincial creando una policía minera
Lunes 29 de abril 15:23
El día martes 23, mientras un millón de personas nos movilizabamos en el país en defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad, en el senado de la provincia de Mendoza aprovechaban para aprobar la reforma del Código de Procedimientos Mineros propuesta por el gobernador Cornejo, que ya tenía media sanción en la cámara de diputados. Ya había superado aquella instancia con el apoyo generoso del Partido Verde (sí, los que llegaron ahí pidiendo el voto antiminero) y del Partido Justicialista para finalmente aprobarse en la cámara de senadores ese martes, logrando el lobby minero y los políticos de turno una nueva herramienta para avanzar con la megaminería en la provincia donde decenas de miles dejamos en claro que no hay licencia social en 2019.
Este nuevo Código de Procedimientos Mineros busca acelerar la aprobación de proyectos mineros, dejar sin efectos en los hechos nuestra ley guardiana del agua 7722, garantizar un negociado para Impulsa Mendoza S.A, crear una herramienta más para apropiarse de territorios de las comunidades originarias y lavar de verde al Estado Provincial creando una policía minera.
A su vez, el texto del nuevo código contradice la letra de la 7722, que establece una serie de pasos para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DEA) entre los cuales se encuentra la aprobación de la Legislatura. Con la reforma, a sola firma del cuestionado Director de Minería, sabido opositor a la 7722, podrán aprobarse las EIA como establece el Código de Minería Nacional. De hecho tácitamente está impactando sobre nuestra 7722, Ley guardiana de agua y Ley 5961 de Preservación del Medio Ambiente.
El mecionado Shantal es uno de los funcionarios que atienden "de los dos lados del mostrador": además de Director de Minería es el abogado de Lunding Group en el proyecto Cerro Amarillo, que esta en etapa de exploración inicial. Shantal además quedaría a cargo de la Policía Minera, debiendo "autocontrolarse" entre sus dos actividades como funcionario y abogado de una minera.
Otro caso es el del gerente de Impulsa Mendoza Sostenible S.A., Emilio Guiñazú quien es también, convenientemente, el gerente de Potasio Río Colorado (PRC). Impulsa Mendoza Sostenible es una sociedad anónima con 51% de acciones del Estado Provincial y un 49% de acciones privadas, que se dedicaría a ofrecer las áreas con los derechos mineros y las Declaración de Impacto Ambiental ya “tramitadas” a las multinacionales extractivistas (o a los propios) socios que actúan de los dos lados del mostrador.
Por último también se encuentra Jimena Latorre, quien ejerce su cargo como ministra al mismo tiempo que ejerce como Directora de la petrolera YPF S.A. Por este motivo fue denunciada en la Oficina de Ética Pública por Lautaro Jiménez junto a otros legisladores provinciales de mandato cumplido y en ejercicio.
La reforma del Código Minero también avanza sobre los derechos de las comunidades originarias y familias puesteras en el sur de la provincia. El artículo 54 del nuevo Código dispone que “Ante la identificación de comunidades originarias con personería jurídica otorgada con participación y reconocimiento de la Provincia de Mendoza, emplazadas e instaladas en el área del proyecto de interés exploratorio, se activará el Protocolo de Consulta Previa conforme con la legislación provincial y nacional”. El problema es que la provincia solo reconoce a 24 comunidades, desconociendo a otras 63 comunidades censadas y reconocidas por el INADI, que están en conflictos territoriales y cuentan solamente con la prórroga de la Ley de Arraigo que impide los desalojos.
La megaminería se ha convertido, hace unos meses, en el eje central del gobierno de Alfredo Cornejo que asumió su segundo mandato en diciembre de 2023. Además de Potasio Río Colorado, Cerro Amarillo y Hierro Indio (tres proyectos que ya están en marcha), el gobierno provincial pretende avanzar con dos grandes proyectos en dos áreas de la provincia. Las zonas de interés se extienden desde el norte de San Rafael hasta el sur de Las Heras ya que toda la zona cordillerana que conecta estos puntos se encuentra protegida por una sucesión de áreas naturales (reguladas por la ley provincial 6.045) y la categorización de zonas glaciares y periglaciares (protegidas por la ley nacional 26.639).
Otra zona en la mira del avance extractivista es Uspallata, donde han descongelado el proyecto San Jorge, compañía que logró que la CSJN declarara inconstitucional el "y otras sustancias" en la 7722 para avanzar con su proyecto contaminante. De esta manera buscan dejar la prohibición para la utilización de cianuro, pero habilitando otras similares.
Como reconoció la propia vicegobernadora Hebe Casado, el Gobierno provincial viene haciendo "un trabajo fino" para limitar y, por fin, derogar la Ley 7722, calificada como "un invento estúpido". Lo que para Casado es "un invento estúpido", es un motivo de orgullo para cientos de miles de mendocinos y mendocinas que conquistaron y defendieron en las calles esta Ley que protege el agua de Mendoza. Contra todos los ataques a la Ley y los intentos de avance extractivista tanto de peronistas como radicales y libertarios, vamos a seguir gritando en las calles "el agua de Mendoza, no se negocia".
