Reforma reaccionaria. Represión en Jujuy: apoyo de Juntos y silencio de los máximos referentes del peronismo

Al momento de publicar esta nota, las protestas, cortes y manifestaciones continúan en Jujuy contra la reforma reaccionaria votada entre la UCR y el PJ, y por la renuncia de Morales. Las duras represiones en localidades como Purmamarca el sábado provocaron heridas en decenas de manifestantes y cerca de cuarenta detenciones. A las protestas contra una reforma que busca fortalecer el brazo represivo del gobierno provincial, se les respondió con más represión.

Pero lo que también se registra al momento de publicarse esta nota es el silencio de los principales referentes del peronismo. El partido que dice representar al "pueblo" no sólo fue parte necesaria en la votación de la reforma junto a la UCR, sino que sus máximos dirigentes decidieron no decir una palabra de la antidemocrática reforma y las brutales represiones al pueblo jujeño.

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Ya sea alguna declaración en una entrevista o publicación en redes sociales, ninguno de esos canales fue usado por los más altos referentes del peronismo para repudiar la represión al servicio de un estado provincial más policíaco. Sólo hubo declaraciones y tuits de algunos ministros o funcionarios de segundas y terceras líneas.

Ni la vicepresidenta Cristina Fernández, Wado de Pedro, Máximo Kirchner o Axel Kicillof, por mencionar a algunos del sector “cristinista” de Unión por la Patria, consideraron hacer algún tipo de declaración. Un silencio que hace mucho ruido en un sector que se supone “progresista”.

Por su lado, en el “ala albertista” del frente, en esta cuestión no abrieron discusiones internas, y los máximos dirigentes, como el presidente Alberto Fernández o el embajador de Brasil y eventual precandidato a presidente, Daniel Scioli, también se llamaron a silencio. El Gobierno sólo envió de forma protocolar a Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, quien se limitó a "pedirle humildad" a Morales.

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En tanto, desde el lado de la coalición derechista de Juntos por el Cambio, sus dos presidenciales, Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich, salieron a apoyar por Twitter a Morales. Mientras que la ultraderechista y ex ministra de Seguridad macrista no dudó en llamar “delincuentes” y “mafia” a quienes legítimamente defienden un derecho constitucional de lo más elemental, Larreta no quiso regalarle el perfil represivo y repitió casi las mismas palabras que Bullrich.

El apoyo del jefe de Gobierno es casi automático en el marco del acuerdo a nivel nacional que tiene con Morales (su posible vice), mientras que Bullrich, en disputa interna con ese sector, no pudo evitar posicionarse del lado de la represión y el avasallamiento de derechos a las mayorías trabajadoras jujeñas.

Tanto el apoyo explícito a Morales de la coalición de derecha como el silencio mayoritario de los principales dirigentes peronistas están en el vértice opuesto del rol que jugó la izquierda en esta avanzada represiva de Morales. Sus constituyentes fueron los únicos que la denunciaron desde un principio, haciendo público las irregularidades durante las sesiones, como la inexistencia del texto que se pretendía incorporar.

Tras renunciar al momento de la votación como parte de la denuncia del pacto entre la UCR y el PJ, los referentes del PTS-FITU, como la diputada Natalia Morales, Alejandro Vilca y Gastón Remy, entre otros, no dudaron en trasladarse hacia las manifestaciones y cortes en calles y rutas que comunidades y trabajadores ponían en pie contra la reforma reaccioanaria. La detención de la Natalia Morales durante la represión en Purmamarca ilustró sin grises de qué lado estuvieron los referentes de la izquierda.

El accionar conjunto de las dos coaliciones mayoritarias para votar la reforma entre la UCR gobernante y el PJ -la otra pata del régimen jujeño y gobierno durante décadas antes de 2015-, sumado al apoyo explicito de una de las coaliciones y al silencio generalizado de la otra, pone en relieve que más allá de las formas y los ritmos, ambas coinciden en seguir aplicando el ajuste que exige el FMI. Y para eso saben que un aparato represivo fortalecido va a tener un rol fundamental en esa etapa.

De ahí que algunos empiecen a trabajar en ello, mientras otros se limiten a mirar para otro lado. En la provincia ese gran acuerdo ya se encuentra en práctica hace años con el extractivismo y saqueo del agua y el litio en los territorios de las comunidades.