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Red Internacional
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Crisis en El Salvador. Resistencia popular a intento de reelección de Bukele

Las protestas desarrolladas en el país centroamericano también responden a las modificaciones en el poder judicial que datan de principios de mayo de este año, las protestas por la política de reelección y la legalización del uso de criptomonedas, que han sacudido a los salvadoreños desde hace meses.

Jueves 21 de octubre de 2021

La crisis desatada en Centroamérica no sólo se inscribe en las fronteras de El Salvador, sino que en países como en Honduras o Guatemala ya se habían expresado importantes fenómenos de crisis económica y política que involucran el serio deterioro de las instituciones del poder público, lo cual ha desatado distintos fenómenos, que en la región se ha expresado por la fuerte crisis de migración y desplazamiento de millones de centroamericanos a EEUU.

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La crisis política actual no es un proceso aislado, desde este diario dimos cuenta de una de las más importantes movilizaciones populares del pasado mes de septiembre, ante las políticas del Gobierno respecto al incremento del gasto en seguridad pública, además de haber implementado operativos de las FFAA para asegurar las votaciones de asamblea nacional, tomándola y a través del uso de la coerción armada aprobar estas medidas.

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Ahora, las protestas en el vecino país se centran en dos cuestiones: la iniciativa de regulación de bitcoin, para que estas puedan ser usadas en transacciones comunes y su uso sea reglamentado, siendo este el primer país del mundo en establecer una política de regulación de estas monedas virtuales; sin embargo, esto ha traído infinidad de críticas, principalmente en la poca confiabilidad que generan estas monedas por su alta volatilidad, es decir que así como pueden generar grandes márgenes de ganancias por su alta equivalencia, también pueden arruinar a inversores.

Por otro lado, esta la política de reelección que ha buscado imponer Bukele, quien a través de la jubilación anticipada de decenas de jueces y magistrados, el movimiento popular e inclusive sectores de la derecha tradicional, han denunciado un acaparamiento del poder judicial que ahora está subordinado a los mandatos presidenciales, esto con la intención de realizar la modificación para reelección inmediata, que lo pondría en la carrera presidencial del próximo 2024, ya que la legislación actual lo obligaría a esperar diez años más para poder aspirar a un nuevo mandato.

El Partido de Bukele, crisis del régimen y el potencial de la movilización
El Partido Nuevas Ideas surgió en 2018, como una ruptura de su principal figura pública, el actual presidente Nayib Bukele con el reformista partido del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) quien hasta el momento había perdido mucha legitimidad entre los votantes, como el principal referente de izquierda que protagonizó la guerra civil de 1980 a 1992, había aplicado medidas parecidas a la oposición derechista de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) estando en el gobierno.

Esta debacle tuvo consecuencias importantes sobre todo en las pasadas elecciones de 2018, donde quedó relegado como tercera fuerza política. La descomposición política del Frente Farabundo Martí trajo como consecuencia el surgimiento de esta figura. Ante la insubordinación – por derecha- de Bukele, este fue expulsado del partido en 2017, formando su propio partido en tiempo récord, aunque sin alcanzar el registro de candidatura en ese momento.

Debido a la descomposición de los partidos tradicionales, el Partido de Bukele tuvo una importante elección de más del 66.5% de los votos obtenidos, lo cual en su momento expresó la profusa crisis de legitimidad tanto del reformista FMLN como de la derecha tradicional. Aunque ahora las manifestaciones ahora contra el gobierno de Bukele está fuertemente cuestionado, manteniéndose el proceso de descomposición política del régimen.

Contra las medidas, cada vez más autoritarias del partido oficial, las grandes movilizaciones y la tendencia hacia la lucha puede llevarse más lejos con la perspectiva de que los sectores de trabajadores, campesinos y populares marquen claramente su programa político, independiente de los partidos del régimen, pero que llame a la unidad en las calles para combatir las medidas autoritarias del gobierno actual, en la necesidad de imponer una gobierno de los trabajadores del campo y la ciudad.