Provincia de Buenos Aires. Ruckauf, Solá, Scioli y Vidal, responsables del “sistema de la crueldad”

Fotos Enfoque Rojo

Las 350 sillas dispuestas en semicírculo en la planta baja del anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires resultaron escasas. Casi el doble de personas se acercaron la tarde del martes al edificio ubicado en pleno centro platense para escuchar la presentación del décimo informe titulado “El sistema de la crueldad”, que año a año analiza “las políticas de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires”.

Gran parte de las sillas estaban ocupadas por mujeres, hombres y adolescentes víctimas o familiares de víctimas de torturas y asesinatos en comisarías, cárceles, barrios y calles. Parte de ellos nucleados en organizaciones de derechos humanos y otros tantos que asistieron a título individual. Desde el micrófono se destacó la presencia de la familia de Narciso Ayala, asesinado el mes pasado por el Servicio Penitenciario Bonaerense en la Unidad 1 de Olmos.

La presencia masiva de madres, padres, hermanos e hijos de víctimas dio un marco propicio para que ante cada denuncia contra el sistema policial-penitenciario surgida desde la mesa los aplausos sonaran mucho más firmes y fuertes que de costumbre.

Informe de un proceso

La presentación de una síntesis del “Informe anual 2016. El sistema de la crueldad X”, estuvo a cargo del secretario de la CPM, Roberto Cipriano García. Como ya lo había anticipado a La Izquierda Diario la semana pasada, García detalló, apoyado por placas proyectadas a sus espaldas, las conclusiones a las que arribó la Comisión sobre torturas, vejaciones y muertes a manos del Estado de la Provincia de Buenos Aires durante el año 2015.

Sin embargo el informe va más allá del año pasado. Porque como bien marcó García y como dice el informe en su introducción, éste “da cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, conducido por Daniel Scioli desde el año 2007”. Y a su vez no se queda en la experiencia kirchnerista sino que aclara que “el escenario actual no es muy diferente”, ya que no se modificó “la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres”.

En ese marco es lapidaria la caracterización que hace la CPM de la gestión de Scioli. “Demagogia punitiva”, “preeminencia de reformas efectistas y espasmódicas”, “saturación policial” de los territorios y “persecución de los eslabones más débiles de los mercados ilegales” son algunas de las definiciones del informe. E incluso se destaca que el exgobernador delegó “la gobernabilidad de los territorios más conflictivos” precisamente “en las policías que administran el delito y manejan las cajas de la recaudación ilegal”.

Ninguno de quienes tomaron la palabra mencionaron siquiera la conducta diferente de algún funcionario de Scioli en sus ocho años de gobierno. El dato no es menor ya que muchas de las personas que ocuparon cargos importantes en ministerios y secretarías con el exmotonauta tenían promisorios destinos en el Gabinete nacional de haber triunfado Scioli en el balotaje. Por caso, el mismo Alejandro Granados sonaba fuerte como futuro ministro de Seguridad y el exjefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matskin, nada menos que como jefe de la Agencia Federal de Inteligencia.

“Durante la gestión de Alejandro Granados como ministro de Seguridad, el despliegue territorial de las fuerzas policiales se acrecentó de manera superlativa, llegando la institución a contar con 90.000 efectivos; y la política expresa de endurecimiento implicó un incremento de la violencia policial sobre los sectores más vulnerables de la población”, dice el informe.

“Bajo este paradigma, la policía emplea prácticas inconstitucionales como forma de control territorial de los sectores populares. Un dato basta para reconocer este sistema: el 90% de las detenciones se realizaron sin orden judicial, esto es la policialización de la justicia”, agregó García.

Respecto al momento actual, si bien la CPM aclara que “el gobierno que asumió en diciembre de 2015 lleva aún pocos meses de gestión y es pronto para una evaluación integral”, alerta que el panorama tiende a empeorar si se consolidan algunos puntos promovidos y sostenidos por “la agenda nacional”, es decir por el gobierno de Mauricio Macri.

El informe detalla en ese sentido que "una serie de medidas y anuncios dan cuenta de la elección por las recetas de la guerra contra el crimen y la asunción de políticas orientadas por las agencias federales norteamericanas. En este punto se inscriben la sanción por decreto del derribo de aviones, los anuncios y las acciones de saturación de las villas en las denominadas intervenciones contra el narco, y el impulso de figuras como la del arrepentido o el informante a delitos no vinculados al narcotráfico o al lavado de activos (...) Se agrega el recientemente sancionado proceso por flagrancia, que orientará aún más la política criminal a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas y agravará la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario".

Fauna política

No pocas personas se sorprendieron cuando vieron que, junto a la Comisión por la Memoria y ocupando nada menos que el centro de la mesa, estaban sentados dos altos representantes del gobierno de María Eugenia Vidal: su vicegobernador y presidente del Senado provincial Daniel Salvador y su secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón.

Según dijeron a La Izquierda Diario miembros de la propia CPM, esas presencias tenían un objetivo institucional preciso: recibir el aval de la Gobernación y de la Legislatura para que se apruebe un proyecto de ley, recientemente presentado, que permitiría cumplir con lo prescrito por los tratados internacionales y designar formalmente a la Comisión como “mecanismo de prevención de la tortura” a nivel provincial, cosa que vienen esperando desde 2004.

Que uno de los primeros en hablar haya sido, precisamente, el segundo funcionario de jerarquía, después de Vidal, de la Provincia también puede leerse como un intento (poco creíble) de la propia Gobernación por ubicarse más cerca de quienes denuncian que de quienes son denunciados. Pero dos detalles muestran cuán lejos está Salvador (y Vidal) de quienes luchan por los derechos humanos: por un lado, en su discurso de ocasión confundió a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas con una Abuela de Plaza de Mayo; y por otro lado mantuvo a pocos metros suyos, durante toda su estadía en el evento, a un grupo de patovicas que le cubrieron las espaldas.

Pero tampoco pasó desapercibida la presencia de algunos representantes del kirchnerismo, algunos de los cuales ocuparon cargos más que relevantes en ese mismo Estado a los que cada informe de la CPM identifica como responsable de las reiteradas violaciones a los derechos humanos. Tal vez alcance con mencionar que allí estuvo Julián Domínguez, exministro de Obras Públicas de Carlos Ruckauf, exjefe de campaña de Hilda “Chiche” Duhalde, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y exprecandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en las PASO de 2015, en la misma lista de Daniel Scioli.

También hubo jueces, fiscales, diputados y senadores tanto del ámbito provincial como nacional. La paradoja de presencias tan poco relacionadas con la defensa de los derechos humanos tiene, quizás, su explicación en el hecho de que no quisieron quedarse afuera de la “foto” en un espacio donde se muestra con el poder de los hechos y los números el rostro criminal del sistema.

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Las palabras y los hechos

Uno de los aplausos más fuertes fue el pedido desde la mesa para homenajear al exfiscal Hugo Cañón, quien fuera presidente durante años de la Comisión y falleció en enero de este año.

El primero en hablar fue el vicegobernador Salvador. Además de saludar el evento en nombre de la gobernadora Vidal, dijo que el suyo es “un gobierno que escucha, que no niega la realidad sino que la acepta, porque esa es la única alternativa para cambiarla”. Planteó a su vez que hay muchas “deudas pendientes” en todos los niveles de vida de la población pero que hoy “se dan todas las condiciones para poder llevar adelante una tarea que nos ponga objetivos importantes hacia adelante”. Incluso llegó a decir que su gobierno está convencido de que “tienen que haber mejores salarios” en la Provincia. No tardaron en florecer miradas cómplices entre la concurrencia y no pocas sonrisas de sarcasmo.

Luego tomó la palabra el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, actual presidente de la CPM. Entre otras definiciones rechazó la idea de que las prisiones sigan siendo “depósitos humanos”. Y graficó su denuncia recordando que el penal de Olmos fue construido en 1938 y nunca remodelado, lo que lo convierte en un sitio “obsoleto, imposible e inhumano”. También preguntó “¿por qué se continúa con las torturas en las cárceles?”, a lo que respondió que hay una especie de “memoria institucional” que permite que se perpetúen esas prácticas aunque no sean políticas de Estado formales.

Pérez Ezquivel destacó especialmente el carácter autónomo de la Comisión por la Memoria y su “independencia de todo partido político y de todo gobierno”. De allí que “esa autonomía le otorga legalidad para ser organismo de control”.

Siguió Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia, quien reconoció de antemano que sin no existieran de organismos de derechos humanos independientes, que denuncian y ponen en evidencia el estado de cosas, “probablemente habrían muchas más violaciones a los derechos humanos”. A su vez dijo que es importante que el Estado trabaje en conjunto con la CPM y manifestó su apoyo para “que la Comisión sea reconocida como mecanismo de prevención de la tortura”.

Como para mostrar cierta “respuesta” de su gestión, Cantón dijo que “se están tomando medidas”, como “más de cien visitas sorpresa” a los centros de detención, mejoras en la “capacitación” y una puesta en “evaluación” de unos 300 agentes del Servicio Penitenciario.

Un hecho político

El evento tuvo sus momentos de emotividad e indignación ante las terribles estadísticas. Y también de exigencia política. Desde la mesa recordaron que “en 2004 el Estado argentino adhirió al protocolo facultativo de la lucha contra la tortura de Naciones Unidas”, pero que sin embargo 12 años después el propio Estado “todavía no designó al mecanismo de prevención de la tortura”. En ese marco remarcaron que la Comisión se constituyó “de hecho” en el mecanismo local que monitorea y controla a los tres poderes provinciales.

Según su propio registro, en todos estos años la Comisión realizó más de mil inspecciones que generaron unos 33 mil expedientes que abarcan más de 73 mil casos de torturas en toda la Provincia. Todo ello fue plasmado en diez informes anuales y un informe especial por la masacre en el Penal Magdalena ocurrida en 2005. El Informe número diez es el presentado esta semana.

Respecto al año pasado, Cipriano García destacó que en diciembre de 2015 la Provincia había alcanzado un nuevo récord histórico de detenidos: 39.927, de los que un 56 % tiene prisión preventiva, lo que significa además una sobrepoblación del 59%. En el último año, hubo 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse, y se registraron 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención. Estas prácticas violentas suceden con la connivencia de la Justicia: de las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad, sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes tuvieron penas leves.

Ya sobre el final de la jornada intervino Gabriela Cerruti, periodista, miembro fundadora de la CPM y exlegisladora porteña kirchnerista. Paradójicamente (o no) ella también fue parte el año pasado de la campaña política para que Scioli y sus funcionarios llegaran a la Casa Rosada. Cerruti incorporó en su discurso a Jorge Julio López, desaparecido hace diez años y sobre cuyo caso se cruzan infinidad de responsabilidades por parte del propio Estado nacional y provincial.

Por último Víctor Mendivil, también presidente de la Comisión, cerró la jornada saludando a todos los presentes y marcando que el organismo, además de relevar denuncias y casos de violaciones a los derechos humanos, también tiene propuestas para que se produzcan avances en la materia. Entre esas medidas, además de la ya mencionada designación del mecanismo local de prevención de la tortura, Mendivil marcó como “imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, lograr la autonomía de la defensa pública y desarrollar la selección amplia, democrática y participativa de los jueces”.

En diálogo con La Izquierda Diario Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y miembro de la Comisión por la Memoria también hizo mención al caso de Jorge Julio López. “Hace diez años que el Estado lo abandonó. Y lo digo porque sabemos todas las pistas que se dieron y el Estado miró para otro lado”.

Sobre el contexto general en el que se presentó el informe, Cortiñas dijo que “el cambio de gobierno sólo trajo, por ahora, despidos, gente en la calle, situación económica que se agrava y castiga a todo el pueblo. Y todo lo que recibimos son mentiras y engaños”. La histórica referente de los derechos humanos caracterizó que con la gestión de Macri “retrocedimos treinta años. Se cerraron espacios de memoria, verdad y justicia; los juicios están aminorando día a día; quieren implementar ante los paros y protestas el protocolo antipiquetes; la situación se hace pesada y amenazan con más represión”.

La Izquierda Diario irá desglosando en nuevos artículos el Informe 2016 de la Comisión Provincial por la Memoria. Porque el "sistema de la crueldad" debe ser mostrado lo más ampliamente posible, desenmascarando también a sus responsables.