Opinión. Se fortalece el gobierno de Bolivia mientras se estancan las protestas de la derecha

Hace dos semanas el gobierno de Luis Arce Catacora encarceló al líder derechista y gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por uno de los casos relacionados con el golpe de estado de 2019, del que participó activamente y financió. Inmediatamente La derecha santacruceña agrupada en diversas instituciones cívicas llamaron a un paro de 24 horas este viernes para presionar por la libertad de Camacho.

Estas protestas cívicas fueron insuficientes para generar un movimiento político nacional por la libertad del gobernador cruceño. Lo que comenzó con bloqueos de rotondas y el inicio de un paro departamental de 24 horas tuvo que ser continuado con movilizaciones y ataques a instituciones públicas pocas horas más tarde.

Estas medidas iniciales expresan la dificultad de imponer un nuevo paro “indefinido” ante la posibilidad de que los sectores obreros, campesinos y populares reaccionen ante la imposición de nuevos paros cívicos. En este sentido, los cívicos y paramilitares decidieron mantener algunos puntos de bloqueo estratégicos para evitar el transporte de alimentos hacia al occidente del país, así como la negativa al pago de impuestos y peajes, buscando de esta forma afectar los recursos del Estado central.

El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, afirmó que no saldrá de Santa Cruz ningún producto y que es tiempo de “demostrarle al Gobierno que, sin Santa Cruz, sin nuestros recursos no hay Estado, no hay plata. Ellos viven de nosotros”. Así la derecha cambiaba el habitual método de obligar a parar a amplios sectores populares a partir del despliegue callejero de los grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), por una medida tan “tibia” como no pagar impuestos.

Esto se combina con un agravamiento de la situación legal de Camacho quien además de contar ya con una decena de procesos por evasión de impuestos, incumplimientos de contratos con el Estado y otras, debe declarar por una acusación de violación a un menor sucedida el año 1987.

La publicación por parte del ministerio de Gobierno de los depósitos y extracciones de sumas millonarias durante noviembre del 2019, al servicio de financiar el golpe de Estado, complica aún más a Camacho y debilita las movilizaciones derechistas al abrirse la posibilidad de que empresas y cívicos puedan verse involucrados en los procesos legales por el golpe de Estado.

Finalmente la sentencia de 77 meses de prisión en EE.UU. para el ex ministro de Gobierno del golpismo, Arturo Murillo, puede considerarse como un guiño por parte del imperialismo al Gobierno de Arce, buscando de alguna manera recomponer el malogrado “centro neoliberal” y poniendo límites a las veleidades golpistas de la extrema derecha.

Arce entre el golpismo y la oposición evista: una disputa con miras al 2025

La detención de Camacho impulsada por el Gobierno de Arce a través de la fiscalía y el aparato judicial, representa el esfuerzo por parte del Gobierno de capitalizar el contradictorio resultado del paro cívico de 36 días que culminó a finales de noviembre y dejó a la derecha oriental agotada y fuertemente cuestionada por todos los flancos. Por un lado amplios sectores populares que sufrieron la violencia y la imposición del paro y por otro sectores radicalizados de la derecha que pretendían radicalizar aún más la protesta.

Este intento de arrinconar a la oposición derechista se realiza sin embargo fortaleciendo y otorgando un creciente protagonismo a la policía y las FF.AA., así como el corrupto y deslegitimado aparato judicial. Es decir, se apoya en las mismas instituciones estatales que fueron parte activa en el golpe de Estado y que han garantizado hasta hoy la impunidad de la gran mayoría de los responsables políticos.

Estas tendencias autoritarias que impulsa Arce se complementan con el intento de disputar al evismo el control y las simpatías de las organizaciones sociales y sindicales, quienes recibieron muy favorablemente la aprehensión del gobernador cruceño. Busca avanzar en la construcción de algún tipo de hegemonía sobre el campo popular, arrebatándole a Evo la bandera de justicia por las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo ocurridas durante el golpe y desmintiendo en los hechos el tan denunciado pacto de impunidad.

La disputa al interior del MAS se agrava a tal punto que la dirección nacional, encabezada por Evo Morales, no ha sido invitada a los actos programados para el próximo 22 de enero en la conmemoración de un aniversario más del Estado Plurinacional de Bolivia. Contrasta este desplante cuando diversas organizaciones sociales y sindicales ya confirmaron su participación. Lo señalado es claramente una sustancial mejora de la fracción renovadora, de Arce y Choquehuanca, frente a las camarillas del evismo. Todo esto sucede mientras Evo Morales polariza aún más la situación con la denuncia sobre una supuesta voluntad de asesinarlo de parte de algunos cívicos del oriente y miembros de las FF.AA.

Como señalan diversos analistas, tanto el oficialismo como la oposición de derecha y del evismo, consideran al año 2023 como el momento clave en que se definirán las posibilidades electorales del 2025. Existe un amplio consenso en que el resultado de las actuales disputas políticas, de mantenerse las mismas en los canales institucionales establecidos, determinarán no solo las posibilidades de la derecha para intentar arrebatar el control del estado al MAS sino que al mismo tiempo determinarán si Arce y los renovadores del MAS podrán desplazar a Evo Morales en las disputas por el control de las organizaciones y movimientos sociales.

El lamentable rol de las direcciones sindicales

Ante el rebrote de los enfrentamientos en Santa Cruz, entre los paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la policía, las direcciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y del movimiento campesino e indígena se declararon en estado de emergencia y amenazaron con movilizarse al oriente. Ya habían hecho la misma amenaza durante el paro de noviembre. Sin embargo, estas burocracias cobardes, no pasan de emitir declaraciones de prensa mientras impiden y obstaculizan los esfuerzos de sectores de trabajadores y del pueblo de movilizarse. Así sucedió con las movilizaciones que se disponían marchar a Santa Cruz, las que rápidamente fueron paralizadas por instrucciones del Gobierno y de sus dirigentes afines.

Comparten con el Gobierno la estrategia de evitar que sea la movilización popular la que derrote a la derecha golpista mientras apuestan a mantener el conflicto en los marcos de la institucionalidad estatal. Más preocupados en ver en que bloque del MAS pueden seguir obteniendo prebendas estatales, han permitido que desde el oficialismo se apliquen ajustes antiobreros a los trabajadores aeroportuarios, de los hospitales y reparticiones estatales. Se han negado a impulsar la organización y movilización de las y los trabajadores y el pueblo para enfrentar a las bandas derechistas de la UJC, limitándose a solicitar mayor intervención policial y militar en ese departamento.

¡Ninguna confianza en el aparato judicial y la policía golpistas! ¡Movilización independiente por Justicia!

El MAS viene sosteniendo una campaña mediática en la que se afirma que la aprehensión de Camacho formaría parte de garantizar justicia para las víctimas de las masacres de noviembre. Sin embargo, esta afirmación contrasta con los procesos judiciales , que prácticamente no tienen ningún avance. Lejos de garantizar justicia como afirma el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, son una operación política destinada a fortalecer las instituciones estatales y con ellas al Gobierno de Luis Arce.

Mientras se encarcela a unos pocos golpistas, se embellece y se empodera de manera creciente a las FF.AA. y a la policía. Mientras se discute contra Calvo y la UJC se promete ventajas económicas para los agroindustriales. Es decir, lejos de buscar derrotar en forma efectiva a todo el golpismo, lo que se busca es establecer acuerdos que permitan garantizar la gobernabilidad, tratando de evitar que las tendencias a una mayor lucha de clases y polarización social y política se desarrollen.

En esta ecuación, Camacho, Pumari, Áñez, hoy presos, solo son piezas intercambiables en eventuales negociaciones con la derecha polític. Es por eso que acertadamente algunas organizaciones de pueblos originarios como los ponchos rojos y los ponchos wayrurus iniciaron una vigilia permanente en el penal del Chonchocoro ante la posibilidad de una eventual libertad judicial a Camacho. De la misma forma que organizaciones de la federación sindical campesina Tupac Katari anunciaron un bloqueo de caminos si el órgano judicial decidiera un relajamiento de las medidas cautelares de Camacho.

A estos hecho se refirieron desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), llamando a los trabajadores y trabajadoras, del campo y la ciudad, a la juventud, al movimiento de mujeres, feministas y de las disidencias y diversidades sexuales y de género, y en general a todas y todos aquellos que resistieron el golpe de Estado a no depositar ni una pizca de confianza en el aparato judicial cómplice de la impunidad de los golpistas. Además exigiendo a las organizaciones sindicales y sociales a impulsar de manera inmediata un gran encuentro de trabajadores del campo y la ciudad para discutir cuales son las vías para derrotar definitivamente al golpismo agro industrial y abrir el camino para la satisfacción plena e integral de todas nuestras demandas de justicia, trabajo, salud, educación y tierra.

Mientras luchamos por estos objetivos, es necesario construir, en el camino, una fuerza política de las y los trabajadores que luche por construir el socialismo desde abajo. Una fuerza política basada en la autoorganización democrática para que podamos tomar en nuestras manos todas las decisiones, empezando por discutir cómo derrotar a la derecha empresarial y agroindustrial hasta llegar a discutir cómo reordenar la economía y nuestros recursos para satisfacer las enormes necesidades del pueblo trabajador del campo y la ciudad.