El ex embajador argentino en Israel y ex gobernador de Entre Ríos recibió la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua como funcionario público por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado.
Viernes 8 de abril de 2022 09:25
Urribarri debió renunciar como embajador en Israel, cargo que ocupó hasta horas después del fallo condenatorio. Había sido gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015.
En el juicio, la defensa había pedido la absolución mientras la fiscalía requería inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pena de 12 años de prisión por considerar que direccionó fondos públicos para fines personales.
Los jueces entendieron que habían pruebas suficientes contra el ex gobernador, como favorecer a Juan Pablo Aguilera, su cuñado, con un esquema de testaferros y cartelización para apropiarse del dinero destinado a publicidad provincial en la vía pública. Por estos cargos Aguilera fue condenado a 6 años y medio.
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Además el tribunal consideró que en el año 2014 durante la Cumbre del Mercosur, utilizó spots con fondos públicos para pre candidatearse a la presidencia.
Lo mismo sucedió en 2015 en el parador La Perla de Mar del Plata, donde los jueces entendieron que fue utilizado para promover su imagen en vistas de las presidenciales de ese año.
También se lo condenó por contratar para publicidad oficial a la empresa Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales necesarios.
La casta política que se beneficia a costa del ajuste al pueblo trabajador
Sergio Urribarri no es el primer funcionario de alto rango que se comprueba culpable de corrupción, sin embargo muchos siguen impunes gracias al entramado con el Poder Judicial y las leyes que les garantizan beneficiarse con fondos públicos que debería estar destinado a las necesidades de las mayorías populares. De ambos lados de la grieta han sucedido decenas de casos, uno de los más indignantes fue la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, fondos que fueron utilizados para la campaña del ex presidente.
Una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que el Gobierno de Alberto Fernández viene pagando hace ya dos años, y legitimó junto con todas las alas del Frente de Todos y de la oposición de derecha en el Congreso Nacional.
Solo el Frente de Izquierda planteó el no pago de la deuda y medidas concretas contra la casta política como que los diputados, senadores y jueces cobren lo mismo que un docente.
