Hace un mes se secaron los dos pozos de agua con los que contaba el Penal Federal de Cacheuta para consumo, higiene y riego. Desde entonces la única “solución” que se ha implementado es llevar en camiones agua no potable, contaminada y suministrarla en dosis a los pabellones.
Lunes 14 de noviembre de 2022 22:45
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Desde hace un mes la situación en la que los gobiernos nacional y provincial mantienen a las personas privadas de libertad es inhumana. Cuando se secaron los únicos 2 pozos con que fue construido el complejo penitenciario, que hoy en día alberga a más de 700 personas, el juez de turno donde familiares radicaron la denuncia dictaminó que se debía entregar 1 bidón de agua potable por celda (donde viven 2 personas) por día. Pero eso nunca ocurrió.
Los primeros 3 días sin agua, el Servicio Penitenciario repartió 2 bidones de 20L por pabellón (donde conviven 64 personas) por día. Es decir, medio litro de agua potable por día por persona para tomar, cocinar, higienizarse, limpiar los baños, etc. Y hasta esta medida se cortó. No solo eso, lo primero que hizo el Servicio Penitenciario cuando dejaron sin agua a mas de 700 personas, fue cortar las clases para quienes asisten a las escuelas de contexto de encierro ubicadas en el mismo complejo: CENS 3-494 y CEBJA 3-218. Es que los y las trabajadoras de la educación son las y los primeros/as en exigir condiciones dignas de vida y de estudio para las y los estudiantes; y esta vez no fue la excepción. El día viernes 4 de noviembre docentes y estudiantes firmaron una nota pidiendo agua potable y las represalias no tardaron en llegar. Es que la falta de derechos humanos que se viven en las cárceles y penales de Mendoza no les son ajenos a las y los trabajadores de la educación que alzan la voz por las y los estudiantes.
La situación actual en la que se encuentran las personas en contexto de encierro es inhumana porque aún no hay agua potable para el consumo diario, una necesidad básica de los seres humanos que nadie debería tener privada. Hay personas en ese contexto con hipertensión, depresión y otras condiciones que requieren de ser tratadas con medicamentos diarios. Esto a pesar de que el complejo esta ubicado a 5 km de una planta potabilizadora. Por la falta de agua potable, no están pudiendo tratar sus enfermedades o peor: las consumen con el agua que les habilitan dosificadamente que llega con algas, moho, basura, es decir claramente contaminada. No tienen más opciones que tomar esta agua, cocinar con esta agua, bañarse con esta agua. Esa ingesta inevitable les ha provocado a la mayoría diarreas, vómitos, picazón y ardor en la piel. Por este motivo internos del pabellón 5A están en huelga de hambre hace 1 semana.
Uno de las personas privadas de su libertad lo expresó de esta manera: “les mienten a nuestros familiares y a la sociedad diciendo que la situación está controlada, pero para nada es cierto. Hoy por hoy nos dan 1 hora de agua no potable por la mañana, 1 hora al mediodía y 1 hora en la tarde. No se puede vivir de esta manera, es una muerte a corto plazo lo que están haciendo con nosotros”. La directiva del complejo les informo de manera informal que esa situación iba a seguir 6 meses más. Es todo lo que pueden saber porque otra vulneración de sus derechos es la falta de información formal en la que los mantienen. Otro interno aclara “llamamos a procuración de la nación y no nos atiendenden”.
Según ellos y ellas “la defensoría pide domiciliarias, pero no van a resolver la situación y no van a dar domiciliaria porque el Estado le paga a la provincia alrededor de $ 275.000 por preso por día. Somos un número para ellos”.
Lo que ellos y ellas piden es que quienes están más ancianos y deteriorados puedan terminar de cumplir su condena desde sus casas y que se realice un estudio de suelo para verificar las napas para poder hacer más pozos con cisternas. Además proponen que se instalen plantas de recuperación del agua ya que son conscientes de que es un bien escaso.
