López Obrador cumplió 10 meses de gobierno entre acuerdos y pactos políticos que parecían mantener una tensa calma en el país.
Martes 22 de octubre de 2019 20:38
López Obrador cumplió 10 meses de gobierno entre acuerdos y pactos políticos que parecían mantener una tensa calma en el país, hasta que el pasado jueves 17 un operativo fallido contra el narco evidenció algunas de las múltiples contradicciones del gobierno de la 4T.
La Guardia Nacional (GN) ha sido promovida por el gobierno como uno de sus alfiles para combatir al crimen organizado y atender la demanda generalizada de seguridad ante la violencia generada por la descomposición social. El otro ha sido el ejército que hasta la fecha se ha mantenido en las calles desplegado en diversas zonas del país.
Subordinación a EEUU
La principal actuación de la Guardia Nacional ha sido en las fronteras norte y sur del país sirviendo de filtro para evitar el paso de migrantes hacia Estados Unidos, como parte del acuerdo al que se sometió al gobierno mexicano ante las amenazas de Trump de decretar impuestos excesivos a la importación de productos mexicanos.
La GN había cumplido hasta el momento con su trabajo; ha servido de contención al flujo de migrantes hacia el país del norte; ha colaborado en la deportación (sólo en abril de este año se deportaron a 15 mil personas) y en la persecución y represión de gente que huye en busca de un mejor futuro. Como ejemplo está el trato que se les ha dado por parte del Estado a las miles de personas de origen africano y caribeño varados en Chiapas.
Asumir “el error”
El gobierno federal no tuvo otra opción que asumir el error de ejecutar un plan mal elaborado sin tomar en cuenta las consecuencias que podía desatar, desestimando la capacidad de reacción y convocatoria que tiene el crimen organizado en el estado de Sinaloa.
Grupos del narco rápidamente tomaron los accesos de Culiacán, secuestraron a una decena de soldados y cercaron una unidad habitacional militar, con la amenaza de abrir fuego si no liberaban al hijo del “Chapo”. El gobierno federal no tuvo otra opción más que liberar al narcotraficante porque la amenaza era directa hacia las familias de sus soldados.
El operativo fallido fue para ejecutar una orden de extradición a nombre del hijo del Chapo, organizado desde las oficinas del ejército y lo que pudo ser el debut de la Guardia en operativo conjunto se convirtió en el cierre de una semana sangrienta en el país.
La sangre sigue corriendo
A pesar de que en el discurso del gobierno mexicano a nivel federal es el cambio de estrategia para combatir la violencia y que se declaró el fin de la llamada “guerra contra las drogas” cuando se presentó a la Guardia Nacional en febrero de este año, la dinámica no ha cambiado.
Las patrullas de militares continúan en las calles desplegadas por distintas zonas del país, la política de militarización continúa y se fortalece con el despliegue de la GN y el aumento de un 10% del presupuesto destinado a las fuerzas armadas.
Aunque se diga que la política es distinta la realidad es otra, este ha sido el año más violento para el país según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que va del año han sido asesinadas 23 mil personas, sólo en agosto se reportaron 3,054 asesinatos.
La semana pasada hubo por lo menos dos masacres más aparte de los hechos sangrientos en Sinaloa, en primer lugar los policías estatales emboscados en Michoacán en donde murieron 13 de ellos. Después en Tepochica Iguala, producto de un enfrentamiento que duró más de 30 minutos, murieron 14 personas y un militar, en donde las declaraciones de los militares son confusas y no concuerdan con los hechos, lo que hace recordar un escenario como el de Tanhuato o Tlatlaya.
El discurso distinto a la realidad
El gobierno de López Obrador se vio obligado a liberar a Ovidio Guzmán porque no tenía otra opción. Las fuerzas militares fueron superadas por el poder de fuego del narco en Sinaloa, había muchas vidas en riesgo y el escenario podía verse más comprometido. En caso de detener al capo, por los acuerdos de seguridad firmados entre EEUU y México, tendría que ser extraditado inmediatamente.
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La decisión que se tomó y que ha sido aprovechada por AMLO para marcar diferencia con la política de militarización de los gobiernos anteriores dista con lo que se vive en las calles día a día. En los barrios pobres y estigmatizados por la delincuencia todos los días se ven patrullar a los militares, haciendo revisiones y deteniendo a quien consideran sospechoso.
