La crisis migratoria durante los llamados gobiernos “progresistas” de México y Guatemala, se ha profundizado debido al servilismo que se expresa en la aplicación de nuevas medidas de control y mayor despliegue policial y militar, que tiene como resultado mayor inseguridad y persecución para las personas en situación migrante. Bajo el gobierno de Arévalo que no ha avanzado en cambios estructurales, la migración no ha dejado de crecer.
Sábado 5 de octubre 14:26
El proceso migratorio hacia los Estados Unidos y Canadá es un fenómeno histórico de la región. Este se origina por las precarias condiciones de vida en América Latina y las expectativas de mejora que se generan en países como México, Centroamérica y el Cono Sur.
Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de población migrante. Entre las principales causas de migración forzada se encuentran los altos índices de pobreza que en Guatemala llegan al 59% de la población, la alta taza de informalidad en el empleo que ronda el 70%, los bajos salarios y la inseguridad.
Las políticas injerencistas en los países centroamericanos han perpetuado la desigualdad y la violencia estructural en la región, condenando a la juventud a tener que migrar para conseguir mejores oportunidades laborales. El acaparamiento de la tierra y el desplazamiento forzado producto de las operaciones de la industria extractivista diluyen las posibilidades de las comunidades rurales de desarrollar sus proyectos de vida en sus lugares de origen.
Los gobiernos de la región se subordinan a las políticas del imperialismo estadounidense que exige medidas para frenar lo que llaman migración “irregular”, coordinando acciones que obstaculizan el transito migratorio, orillando a las personas migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas en su camino hacia el norte.
La población migrante es un sector vulnerable que en sus travesías por los países latinoamericanos se ve expuesta a la violencia de los grupos del crimen organizado. Robos, extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado, violaciones y redes de trata son sólo algunos de los terribles hechos a los que se enfrentan quienes buscan un mejor porvenir. Si esto no fuera suficiente, las y los migrantes no pueden confiar en las autoridades migratorias, ni en las policías, tampoco en la recién creada Guardia Nacional en México pues éstas, también reproducen la violencia antes mencionada, ejerciéndola directamente o actuando en colaboración con otros grupos.
En el mes de febrero, representantes de los gobiernos estadounidense, mexicano y guatemalteco, realizaron una reunión donde, entre otras cosas, discutieron el tema migratorio y seguridad en la frontera. Entre las conclusiones, se encuentra reforzar la seguridad en las zonas fronterizas y realizar “inversión” para fomentar el desarrollo regional esperando que, de esta manera, las personas decidan quedarse en sus países de origen.
En su visita a Washington, Bernardo Arévalo fue recibido por la vicepresidenta y ahora candidata presidencial Kamala Harris, quien planteó una “estrategia” para reducir la migración forzada, basada en 5 ejes: combatir la corrupción, invertir en el desarrollo económico de la región, propiciar el buen gobierno, el respeto a los derechos humanos y laborales, reducir la violencia y encarar la violencia de género.
Las declaraciones de Harris y de los gobernantes latinoamericanos son hipócritas ante la realidad que viven las personas migrantes. Tan sólo en el año 2023 se registraron más de 800 muertes en la frontera de México con Estados Unidos, el número haciende exponencialmente si hablamos de toda la violencia que viven en los territorios de la ruta fronteriza. Las políticas de reducción de flujo migratorio están lejos de responder a las necesidades de los miles que viajan al norte del continente, muy al contrario, son políticas represivas y funcionales a los intereses de los grupos de poder político y social que obstaculizan el libre tránsito, y son violatorias a los derechos humanos.
En territorio mexicano y guatemalteco, son innumerables las denuncias a los tratos inhumanos por parte de las autoridades de migración. Los centros de detención migrante son verdaderas prisiones donde se criminaliza a las personas por el hecho de buscar mejores oportunidades.
Los ritmos migratorios han aumentado en los últimos años de forma significativa y tanto Guatemala como México son países de origen y ruta migrante. La posición del gobierno estadounidense es frenar la migración irregular, por lo que existe una fuerte presión a sus vecinos del sur por funcionar como primer filtro que detenga la llegada de migrantes. De forma servil, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó a la Guardia Nacional por todo el territorio mexicano para funcionar en los hechos como patrulla fronteriza.
Ahora, el gobierno de Bernardo Arévalo muestra su disposición de colaborar con Estados Unidos en el freno a la población migrante, aumentando los mecanismos de deportación y de control fronterizo, aceptando las propuestas de la Casa Blanca de inyectar recursos por 149 millones de dólares al sector privado supuestamente para generar empleos en Guatemala. Esto contrasta de forma irisoría con los cerca de 19 mil millones de dólares en remesas que entran al país y que representan cerca del 20% del PIB.
Hay que luchar por los plenos derechos de los migrantes al libre tránsito sin obstáculo alguno, basta de persecución deteniéndolos y expulsándolos. Regularización inmediata a todos los migrantes en el país en que se encuentren con derecho a residencia permanente y ciudadanía si así lo desean, con plenos derechos sociales, económicos y políticos. Migrar es un derecho, no un delito, ningún ser humano es ilegal, lo dicen los propios migrantes en las caravanas.
La solución a los problemas que llevan al desplazamiento forzado de miles de latinoamericanos al norte no vendrá de la mano de los gobiernos “progresistas”, como el de López Obrador y Arévalo, quienes tienen una política de subordinación al imperialismo estadounidense.
Es la alianza de los sectores explotados y oprimidos de la ciudad y el campo de México, Guatemala y demás países de la región junto con la clase trabajadora de EE.UU., luchando unidos contra el imperialismo y los gobiernos de turno que se subordinan. Esta pelea en la perspectiva de luchar por gobiernos de trabajadores al servicio de las grandes mayorías, lo que puede ofrecer una salida de fondo a los males que nos conduce el capitalismo.
