Derecho a la vivienda. Toma de tierras en Bahía Blanca: la grieta es con los pobres

Debido al histórico problema de la falta de vivienda que se ha visto recrudecido a partir del decreto del ASPO y la crisis sanitaria y económica unas 300 familias en la ciudad y miles a nivel nacional se vieron obligadas a hacer valer su legítimo derecho a una vivienda. El intendente de Bahía Blanca Héctor Gay, hizo esta semana declaraciones a los medios locales respecto a la toma de tierras que los vecinos vienen llevando adelante: “Los que usurpen tierras no podrán acceder a ningún beneficio social” amenazando con profundizar más la precaria situación económica de estas familias. Federico Susbielles se apuró a aclarar en el medio La Brújula: “Quieren plantear que nuestro espacio político está a favor de las tomas de tierras y eso no es así”. Unos a otros se tiran la pelota pero en definitiva, ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos (antes Frente para la Victoria), a lo largo de todas las gestiones han tomado medidas de fondo para impedir que el problema del acceso a la vivienda siga creciendo gobierno tras gobierno.

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En Bahía, de cada 10 personas con empleo, 4 trabajan de manera informal o precaria. Son aquellas personas que tienen que salir día a día para conseguir el sustento las más afectadas por el desarrollo de la pandemia. Obligados a salir a changuear o a ir al trabajo por patronales que solamente se preocupan por mantener sus ganancias, cobrar todo tipo de subsidios, despedir (el decreto de prohibición de despidos es papel mojado), aplicar rebajas salariales y obligar a sus empleados a ir a trabajar sin garantizar las más mínimas condiciones de seguridad. Los empleados públicos no son la excepción a este hecho, lo vemos en los hospitales, con alrededor de 100 trabajadores aislados hasta el momento. El gobierno, no importa en cuál de sus estamentos, hace la vista gorda con esto, haciendo recaer la culpa de los contagios en “la gente que se junta a tomar mate”, obviando todo tipo de responsabilidad patronal y queriéndose desligar así de la responsabilidad que le cabe ante la crisis sanitaria y social a la que la pandemia empuja a la población.

La propiedad de pocos contra el derecho a la vivienda de muchos

Los dichos de los dirigentes locales están perfectamente a tono con el discurso de mano dura que disparan tanto el cuestionado ministro de seguridad de la provincia Sergio Berni, como el presidente de la cámara de diputados Sergio Massa, por nombrar algunos.

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En un reciente spot publicitario Sergio Berni se plantea una demagógica “defensa de derechos”, ocultando la profunda separación de clase que se da entre derechos de los trabajadores y derechos de los empresarios, dejando en claro la importancia de defender la propiedad privada de los ricos e igualándolo con otros derechos como la libertad, que también es claramente muy distinto para pobres y para ricos. Así lo demuestran todos los pibes víctimas de la represión y el gatillo fácil, que sumaban 33 en julio en la provincia de Buenos Aires y hoy llegan a 92 a nivel nacional. Es irracional anteponer y priorizar el derecho a la propiedad (de terrenos abandonados, sin ningún uso) por sobre el derecho a la vivienda, más aún ante la importancia sanitaria urgente que esta demanda histórica despierta en la población más castigada por el virus.

La política represiva que Alberto Fernández y Axel Kicillof vienen levantando desde el inicio del aislamiento, en estos días ha pegado un nuevo salto con el escandaloso anuncio del presidente de destinar nada más y nada menos que $38mil millones para reforzar la presencia policial en las calles de los barrios. A la vista quedan expresadas cuales son las verdaderas prioridades del gobierno ante la pandemia: sumisión a los acreedores, a las grandes empresas y a los bancos, mientras el pueblo paga la crisis con sus propias condiciones de vida. Este plan siniestro no puede pasar sin sobresaltos, para ello es que necesitan desplegar semejante inversión, fortaleciendo a las fuerzas seguridad mientras el personal de salud reclama de manera urgente fondos para el sector, ante la necesidad creciente de insumos y personal en los hospitales que ya se acercan peligrosamente al colapso.

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Desde el frente de izquierda planteamos un plan de viviendas en base a un Impuesto progresivo a las grandes fortunas

En la ciudad de Bahía Blanca, donde hay uno de los puertos más importantes del país, se exportan cereales y otros productos con un margen de ganancia neta de 2mil millones de dólares al año. Con sólo el 10% de esa cifra se podría garantizar una vivienda digna para las más de 10 mil familias que hoy se encuentran en situación de emergencia habitacional. El costo para construir una vivienda mínima de 51 metros cuadrados con un dormitorio similar al modelo que era utilizado por PROCREAR para la zona de Buenos Aires y centro, sin contar el terreno es de $2.621.756 durante julio del año 2020.

Sólo para tener dimensión de las riquezas que se mueven en Ingeniero White, entre el 26 y el 29 de mayo se despacharon alrededor de $4.813.078.396 (cuatro mil ochocientos millones de pesos). Con eso se podría pagar un ingreso mensual de emergencia de 30 mil pesos a mas de 160 mil personas.

Para poder financiar una solución así, el Frente de Izquierda Unidad, desde sus bancas en el congreso hace ya más de 4 meses presentó un proyecto para un impuesto a las grandes fortunas, que afecte a las ganancias de los multimillonarios, de las grandes empresas y de los bancos que son los históricos ganadores ante cada crisis pagada por el pueblo. Ni Federico Susbielles como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, ni Héctor Gay (ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio) se atreven si quiera a mencionar la posibilidad de una solución así, atados como a están, por mil lazos, a los intereses que exprimen a lxs trabajadorxs y el pueblo pobre día a día.

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Sumado a este impuesto, que solo afectaría al 0,15% de la población, es necesario dejar de pagar la odiosa, ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa, mecanismo históricamente avalado por todos los gobiernos, cómplices junto a los acreedores de una estafa que año a año se lleva los recursos que deberían destinarse a salud, vivienda, trabajo y educación.

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Así como desde la agrupación Marrón docente impulsamos dentro del SUTEBA la exigencia al gobierno nacional, provincial y municipal de políticas públicas de acceso a la vivienda y el apoyo a las familias, llamamos a todas las organizaciones políticas y sociales a apoyar y solidarizarnos con las familias en su lucha por vivienda digna y el acceso a la tierra, como a repudiar la criminalización y la política de mano dura. Hacemos responsable al gobierno municipal de Héctor Gay y al provincial de Kicillof y Sergio Berni, de cualquier acción contra las familias de las tomas.