Grave denuncia. Torturas físicas, psicológicas y represión a jóvenes de un centro cerrado de La Matanza
Se trata del Centro Cerrado Virrey del Pino, manejado por el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Desarrollo provincial. Las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos de quienes son alojados allí llevan años. El “dejar hacer” de todas las gestiones (Scioli, Vidal y Kicillof) hace que allí se reprima sin costos y se fomente la degradación humana, pese a las reiteradas denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria.
Este jueves la agencia informativa Andar publicó un informe lapidario respecto a lo que sucede dentro del Centro Cerrado Virrey del Pino de La Matanza, oeste del Gran Buenos Aires. El informe demuestra que, desde su propia creación en 2008, en el centro cerrado se tortura y reprime sistemáticamente a los jóvenes allí recluidos. Y comienza relatando un grave hecho ocurrido hace menos de un mes, lo que evidencia una situación sostenida en el tiempo ante la mirada cómplice de los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof (Frente de Todos).
El domingo 13 de febrero ocho jóvenes detenidos allí “fueron violentamente reprimidos por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense”, informa Andar. Detalla que a raíz de “una pelea en el patio”, los efectivos del SPB dispararon a los jóvenes con balas de goma, los patearon y los golpearon a puño limpio, que después a cinco de ellos les hicieron firmar sanciones de hasta diez días de aislamiento y a tres directamente los trasladaron a una cárcel.
Otro elemento mencionado en la denuncia refiere a que en el área de Sanidad les dieron una muy mala atención, al punto que entre las mismas víctimas de la represión “tuvieron que sacarse los perdigones y asistirse”. Todo eso lo relataron días después a representes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel que actuó en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
El centro cerrado ubicado en La Matanza (distrito gobernado hace cuatro décadas por el peronismo) fue inaugurado en 2008, durante la gestión de Daniel Scioli. Durante siete años funcionó bajo la órbita del Organismo provincial de niñez (OPNyA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (hoy de Desarrollo de la Comunidad). Y desde el principio fue una constante la degradación de la existencia de quienes tuvieron la mala suerte de terminar allí recluidos, lo que incluye en algunos casos la muerte. La CPM habla de “una larga lista de antecedentes sobre suicidios y autolesiones” en el Centro Cerrado Virrey del Pino, a pesar de lo cuál “aún hoy no existe protocolo de abordaje de salud mental para atender estas situaciones”.
Centro Cerrado Virrey del Pino | Foto Andar
En 2008, cuando llevaba apenas diez días inaugurado, dos jóvenes se suicidaron dentro del centro cerrado y otros cinco intentaron hacerlo. A raíz de esas muertes e intentos de suicidio se tomó la decisión de clausurarlo, pero menos de dos años después volvieron a abrirlo. En 2010 “se suscitaron nuevos hechos de violencia física y verbal, requisas vejatorias, insultos, autolesiones como reclamo para ser oídos” y en 2011 “se suicidó otro joven más”, según el informe de Andar. Todo ello sucedió bajo la gestión del ministro bonaerense de Desarrollo Social Daniel Arroyo, bajo cuya órbita funcionaba el OPNyA.
En 2014 Scioli decidió que el Centro Cerrado Virrey del Pino fuera manejado en común por el OPNyA y el Servicio Penitenciario Bonaerense (bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conducido entonces por Ricardo Casal). La excusa del gobernador del Frente para la Victoria era que como en el mismo predio empezaba a funcionar la recientemente construida Alcaidía 56 para adultos, el SPB podría “atender” ambos centros de reclusión.
La Comisión por la Memoria recuerda que desde ese momento denunció “reiteradamente que el SPB impuso lógicas de gestión penitenciaria que se fueron acentuando en el tiempo hasta desvirtuar por completo el funcionamiento específico como un dispositivo de encierro del fuero de responsabilidad penal juvenil”.
En 2016, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal y su ministro de Desarrollo Social Santiago López Medrano (Cambiemos), la CPM presentó una denuncia judicial para que se diera marcha atrás al “convenio de cogestión del espacio entre el SPB y el organismo provincial de niñez” para que el Servicio Penitenciario dejara de intervenir con los jóvenes. “Hasta la actualidad, esa presentación no tuvo respuesta judicial”, dice Andar en su informe.
En 2017 hubo dos nuevos intentos de suicidio, a raíz de los cuales la CPM presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías del Joven n° 1 de La Matanza. Allí se reclamaba “que se garantice la educación, recreación, salud, seguridad e higiene” de los jóvenes “y condiciones edilicias dignas”. Poco después, pericias mediante, el Poder Judicial ordenó al OPNyA “reformas estructurales”, desde la ampliación del equipo técnico que atiende a los jóvenes hasta la reducción del tiempo de encierro de éstos en las celdas y el acceso elemental a tratamientos psicológicos y de adicciones. Además, ordenó la adquisición “de un vehículo para traslados a turnos médicos y comparendos judiciales” y reparación del edificio en lo sanitario y demás áreas.
“Cinco años después, nada de todo lo ordenado fue cumplido”, denuncia el organismo de derechos humanos, que siguió registrando hechos dramáticos dentro del centro cerrado.
En los primeros meses de 2018, por ejemplo, unos 35 jóvenes protagonizaron diversos actos de autolesión buscando ser escuchados y atendidos. Poco después el joven Federico Zalazar murió tras una pelea que debería haberse evitado.
Ni siquiera preocupó a las autoridades políticas y penitenciarias que la CPM haya presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todos los hechos relevados en sus inspecciones a lo largo de los años. Tan es así que con un nuevo cambio de gobierno (y de signo político) la cosa no mejoró ni mucho menos.
Hubo quienes tuvieron expectativas de cambio con la asunción de Axel Kicillof como gobernador, de Andrés Larroque como ministro de Desarrollo de la Comunidad y de Julio Alak como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pero los hechos demostraron lo inconsistentes de esos buenos deseos. En noviembre de 2020 un chico fue brutalmente golpeado por oficiales del SPB y nadie hizo nada. Dos meses después otro joven intentó suicidarse y, lejos de atenderlo como se debía, lo encerraron en una celda “por su seguridad”.
Celdas del Centro Cerrado Virrey del Pino | Foto Andar
¿Derechos humanos?
Tras la represión sufrida por ocho jóvenes el pasado 13 de febrero, la CPM realizó nuevas inspecciones en el Centro Cerrado Virrey del Pino y presentó un nuevo habeas corpus colectivo en reclamo de “medidas urgentes y reformas estructurales”. Entre otras cosas se pide “la urgente revisión médica integral, la clausura de celdas y reformas edilicias en todo el complejo, el cese inmediato del aislamiento por tiempo prolongado, el resguardo de la integridad física de los jóvenes y la prohibición expresa de ser trasladados a unidades penales como supuesta medida de protección”.
Según el organismo, el centro cerrado se terminó convirtiendo “en una cárcel para jóvenes” donde directamente no se aplica la normativa nacional e internacional sobre derechos de niños, niñas y jóvenes. En ese marco, resaltan que “la presencia penitenciaria a modo de regulador, árbitro y monopolio final de la violencia, es la característica última del proceso de carcelización: el SPB ejerce violencia de manera directa pero también promueve, habilita y/o regula la violencia entre personas detenidas, delegándola en uno o un grupo de jóvenes”.
En el Centro Cerrado Virrey del Pino se obliga a los jóvenes a pasar casi todo el día dentro de sus celdas, con un acceso casi nulo a actividades recreativas, culturales y educativas. El SPB hasta regula a discreción la posibilidad de que los jóvenes participen afuera de actividades personales o incluso puedan ir médicos que atienden extramuros.
Sin embargo, en la página oficial del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (una pestaña dentro del sitio web del Ministerio de Desarrollo), lo único que se encuentra respecto al centro cerrado son “buenas noticias”, desde visitas cordiales de autoridades provinciales al predio hasta el anuncio de talleres de fotografía y títeres para la “reinserción social” de los jóvenes. De la tragedia que se vive allí dentro, ni una palabra.
Hasta esta semana el OPNyA estuvo a cargo de Andrea Balleto, quien en reiteradas oportunidades se había comprometido a, al menos, empezar a resolver algunas de las atrocidades denunciadas por la CPM y a hacer respetar los derechos humanos dentro del centro cerrado. Por causas que no se informaron oficialmente, Balleto murió este jueves. Aún Andrés “Cuervo” Larroque no nombró a quien la sucederá en el cargo. Pero nada hace pensar que una nueva designación toque alguna de las estructuras que convirtieron al Centro Cerrado Virrey del Pino en un verdadero centro de degradación humana y muerte.
Un último dato no debería soslayarse. Además del Servicio Penitenciario Bonaerense, bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Julio Alak funciona la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo del referente de La Cámpora Matías “Gitano” Moreno. ¿Será otro ejemplo de esos “funcionarios que no funcionan” denunciados no hace mucho por Cristina Fernández? ¿O en verdad sí funciona y, en todo caso, su desprecio por los jóvenes del centro cerrado de Virrey del Pino es apenas un aspecto más de las políticas oficiales?
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
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