Newsletter. Tragedia y farsa de los “derechos humanos” del kirchnerismo declinante

Hola, ¿cómo va? Espero que bien. Ante todo el deseo de un buen Día del Periodista a todas y todos quienes ejercen día a día este violento oficio, desde donde pueden, saben o quieren. No a las y los escribas del poder, claro. A esas y esos, ni un vaso de agua. Te invito a ver el dossier especial de La Izquierda Diario para este día.

Con esta entrega vamos a empezar una serie de artículos de balance sobre la gestión del Frente de Todos en materia de políticas de represión, violencia estatal contra la población trabajadora y responsabilidades institucionales en violaciones a los derechos humanos.

Si lo de “tragedia y farsa” suena provocador, en realidad nos quedamos cortos. Después de contarte todo lo que sigue, deberíamos afirmar que la actual fase declinante del kirchnerismo en el poder está directamente en ruptura consciente con todo valor progresista, ya no sólo la supuesta defensa de los derechos humanos.

Si sos de quienes todavía creen que Cristina Fernández y su núcleo duro sostienen principios ligados a la defensa de derechos elementales como la vida, la libertad y la seguridad, no te juzgo. El aparato de propaganda ha hecho un arduo trabajo (a cambio de buenos honorarios). Pero si se analizan los hechos con seriedad, la realidad es lapidaria.

En 2019, tras ganarle a Juntos por el Cambio , las diferentes alas del Frente de Todos se repartieron las tareas. Se suponía que áreas como “seguridad”, derechos humanos, mujer y diversidades, cultura, educación o salud recaerían en funcionarios y funcionarias “lo más progresistas posibles”, a fin de mostrar (al menos formalmente) un cambio en las políticas.

Hoy, en el ocaso de una gestión plagada de doble discurso y ajuste al pueblo empobrecido, las verdadera caras visibles de las políticas de “derechos humanos” del Frente de Todos son, lisa y llanamente, dos represores: Aníbal Fernández y Sergio Berni, ministros de “seguridad” nacional y bonaerense, respectivamente.

Podés leer las entregas anteriores de Antipoliciales, crimen y violencia con una mirada de otra clase

Males nada menores

Sería parcial e injusto (pese a que muches lo hacen sin vergüenza) endilgarles sólo a Aníbal y Sergio todo lo reaccionario. Es vasto y heterogéneo el staff de funcionarios que funcionan en la misma sintonía que ellos, aunque algunes lo hagan silenciosamente (lo que incluye a varias oficinas de Derechos Humanos, paradójicamente conducidas por hijos de desaparecidos). Pero que ambos sean los rostros más expuestos del FdT en el tema amerita preguntar si esto es lo más “progre” que tenía para dar el peronismo en esta crisis económica, social y política.

La pregunta es pertinente porque está arrancando una campaña electoral en la que el oficialismo se presenta como el “mal menor” frente a otros espacios ubicados más a la derecha. Y van a maquillar tanto la cosa que querrán convencerte de que Fernández fue más suave que Bullrich y Berni menos dañino que Chocobar.

Pensando en elementos de balance sobre el asunto, justo nos llegó un informe publicado hace pocos días por la sede argentina de Amnistía Internacional , titulado “Violencia policial: ¿qué pasa después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial”.

El trabajo analiza un aspecto central de las políticas de “seguridad” y “derechos humanos” aplicadas en los últimos años en el país, tanto a nivel ejecutivo como judicial y legislativo. Y sirve para responder en gran medida a la inquietud sobre qué viene haciendo el Estado ante la sucesión de hechos criminales protagonizados por policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios en perjuicio de la población.

El informe completo podés leerlo acá. Incluye recomendaciones a las autoridades políticas y judiciales para que (según la visión reformista de Amnistía ) cuanto menos se frene el desarrollo del trágico escenario que se describe.

Averiguación de antecedentes

Recordemos algunas cuestiones. En mayo de 2017 el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo en un informe sobre Argentina que se verificaban “patrones de violencia y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social”. Gobernaban Mauricio Macri y Patricia Bullrich y la represión y el gatillo fácil (doctrina Chocobar) eran banderas levantadas sin careta por el entonces oficialismo.

En diciembre de 2019 el macrismo dejó la Casa Rosada y también la Gobernación bonaerense. Pero con les Fernández y Kicillof (y sus ministres Frederic/Fernández y Berni) esa situación no cambió. Por el contrario, se profundizó. Tan es así que a fines de 2022 el Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias dijo tras visitar el país: ”subsisten prácticas de violencia institucional, incluyendo violaciones de los derechos humanos con resultado de muertes y que afectan principalmente a sectores en situación de vulnerabilidad y más desfavorecidos de la población, lo cual contribuye a la invisibilización del fenómeno, a la impunidad de los responsables y a la perpetuación de prácticas contrarias al estado de derecho”.

En septiembre de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos , dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), había ordenado al Estado argentino que creara y sistematizara un registro de casos de violencia policial. Exhortó a que se “diseñe inmediatamente, e implemente en un plazo de un año (...) un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a las detenciones, registros y requisas cuando no media orden judicial, con el fin de evaluar con precisión y de manera uniforme el tipo, la prevalencia, las tendencias y las pautas de la actuación de la Policía en Argentina”.

A tres años de aquella orden de la Corte Interamericana, “Argentina no cuenta con un registro unificado y abierto de todos los casos de violencia que involucran a las distintas fuerzas en todo el país, ya sea por hechos que ocurren en condiciones de encierro como en otras circunstancias, tales como detenciones o intervenciones en la vía pública”, según afirma Amnistía . Y no sólo eso, sino que “en muchos casos las autoridades a cargo de las fuerzas de seguridad desmienten los hechos” y para las víctimas termina siendo muy difícil “dar cuenta de las responsabilidades de los autores del hecho y de todos los posibles delitos involucrados”.

Hay un dato demoledor. En 2021 diputados del Frente de Todos como Paula Penacca, Hugo Yasky, Cecilia Moreau y Germán Martínez presentaron un proyecto de ley que proponía dar cierto marco normativo para la actuación del Estado en casos de “violencia institucional”. En más de dos años ese proyecto ni se trató. Sin embargo ninguno de sus firmantes puso el grito en el cielo y mucho menos puso en cuestión su pertenencia a la bancada oficialista.

Por eso el informe de Amnistía arranca con una definición difícil de tragar para las alas “progres” de la coalición que gobierna esta crisis: “La violencia policial y el uso abusivo de la fuerza son una práctica extendida y cotidiana en el abordaje y control de territorios en todo el país”.

Datos matan relatos

Agnes Callamard fue relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Hoy es la secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional . Difícilmente se podría catalogar a su organización de “izquierdista”, trotskista o comunista. Sin embargo, el diagnóstico preciso que hacen confirma todo lo que venimos denunciando desde hace años organizaciones independientes del Estado, partidos políticos como el PTS en el Frente de Izquierda y medios como La Izquierda Diario .

“Con demasiada frecuencia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurren a la fuerza de manera desproporcionada, y sin respetar los derechos humanos de las personas”, sentencia el informe de Amnistía . Y describe varios de los tópicos en los que se verifica esa sentencia.

En términos estadísticos, recuerda que “la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó la recepción de 1.079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país durante 2021” (sólo se contabilizaron las denuncias recibidas por el organismo). A su vez “la Comisión Provincial por la Memoria informó al menos 90 casos de muertes por uso de la fuerza policial durante 2022”. Y según datos relevados por la Correpi , “en 2022 cada 20 horas una persona falleció víctima de la violencia policial en Argentina”. A ello se suma que “entre 2011 y 2020, el Registro Nacional de Casos de Tortura ha registrado al menos 24.500 hechos de tortura y/o malos tratos en el ámbito nacional”.

Sobre esa base, Amnistía da un paso más en la denuncia y desenmascara el nivel de impunidad garantizada por el propio Estado sobre los crímenes que cometen sus agentes. Para ello recuerda un informe propio de 2020, cuando la política represiva se desplegaba amparada en el decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por el Covid-19. De las decenas de casos relevados por Amnistía , la enorme mayoría “han tenido escasos niveles de avance judicial”.

En esta “democracia” para ricos se violan sistemáticamente las obligaciones internacionales en materia de investigación y rendición de cuentas sobre casos de violencia estatal. Las autoridades, de todos los gobiernos y del Poder Judicial, saben que el Estado no sólo está obligado a investigar sino a sancionar a los responsables y asegurar “reparaciones” a las víctimas. Las investigaciones deberían ser “oportunas” y “exhaustivas”, rápidas y completas, más aún cuando los propios agentes del Estado pueden destruir pruebas, cambiar evidencias y plantar pruebas falsas. Pero nada de eso se hizo ni se hace.

El Estado también está obligado a investigar “de oficio”, sin esperar que las víctimas o sus familiares lleguen a una comisaría (donde pueden estar sus verdugos) o una fiscalía a denunciar, muy probablemente superando situaciones de amenazas y miedo a las represalias. Pero sucede todo lo contrario. El Estado revictimiza a las víctimas aún en sus aspectos más “progresistas”, cuando sus secretarías de “derechos humanos”, en el mejor de los casos, se dedican al mero “control de daños” y son impotentes para torcer en algo la vara. Para no hablar de que esos funcionarios han llegado a aliarse a los represores, como se vio en 2020 en el violento desalojo en Guernica contra miles de familias sin techo o en el caso de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Si ni siquiera hay un registro de casos, mucho menos van a establecerse “mecanismos de supervisión y rendición de cuentas”, tal como también lo ordenó la Corte Interamericana . Pero no hay ningún funcionario kirchnerista autoflegelándose y llorando públicamente porque su propio gobierno viole sistemáticamente esas obligaciones. Al contrario, hacen campaña junto a sus compañeres que ejecutan esas políticas represivas.

En ese marco, Amnistía denuncia que actualmente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “lleva un registro” propio de casos de violencia estatal, pero que no lo hace público. Un secretismo totalmente funcional a la reproducción de esa violencia.

Casos emblemáticos

El informe toma como ejemplos paradigmáticos los casos de Luciano Arruga (La Matanza, 2009), Santiago Maldonado (Cushamen, 2017), Facundo Astudillo Castro (Villarino, 2020), Mauro Coronel (Santiago del Estero, 2020), Blas Correas (Córdoba, 2020), Tehuel de la Torre (Alejandro Korn, 2021), Josué Lagos (Chaco, 2021), Leonardo Bravo (Chaco, 2022) y Daiana Abregú (Laprida, 2022), entre otros. Todos casos que vienen cubriendo pocos medios de comunicación, entre ellos La Izquierda Diario . En su gran mayoría, las empresas periodísticas miran para otro lado o a lo sumo sacan alguna “efeméride”.

El caso Maldonado es ejemplificador. Ocurrió durante la etapa más dura del macrismo y quedó en evidencia la voluntad criminal y encubridora de todo el gabinete de gobierno. Pero cuando ese gabinete se fue y lo reemplazó otro más “progre”, el caso siguió estancado. A la familia de Santiago tanto el Poder Judicial como el Gobierno les siguen negando su pedido de investigación por parte de un grupo de expertos internacionales. Cada tanto se ve a funcionarios o voceros mediáticos sobarles el lomo, pero no mueven un dedo para cumplir con el pedido de verdad y justicia. Ni Sabina Frederic ni su sucesor investigaron a la Gendarmería y no sólo no echaron a ningún gendarme represor sino que hasta ascendieron a algunos de ellos. Otro tanto sucedió con la Prefectura que asesinó a Rafael Nahuel en Villa Mascardi.

El informe de Amnistía menciona además ejemplos como los de Chaco y Santiago del Estero, donde formalmente hay más “herramientas” para combatir la violencia estatal (como fiscalías o coordinaciones de fiscalías especializadas en “derechos humanos” y “violencia institucional”), pero que en los hechos no mueven el amperímetro. Esas dependencias, señala, son las que evidencian “mayores deficiencias en arribar a sentencias condenatorias”, “ineficacia investigativa” y muy lentos avances en las pocas causas que llegan a judicializarse.

Sobre los procesos de encubrimiento posteriores a los crímenes cometidos por policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios, Amnistía observa “prácticas extendidas al interior de las fuerzas que conllevan a la impunidad”. La lista va desde “maniobras de encubrimiento entre diferentes niveles de las fuerzas de seguridad” hasta “deficiencia en las investigaciones judiciales”, pasando por el “apego” de jueces y fiscales “a la versión oficial que aporta el personal policial y penitenciario”. Se llega a tener causas en las que la “investigación preliminar” queda a cargo de la propia fuerza involucrada. Y no faltan “las amenazas y presiones a los posibles testigos de los hechos”.

Es muy evidente esta trágica situación cuando se contempla la diferencia que hay entre la cantidad de denuncias que se hacen y las investigaciones judiciales realmente existentes. El mismo Relator Especial de la ONU dijo en 2022 que eso “da lugar a una cultura generalizada de impunidad entre las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario”. Las propias víctimas explican ante organismo de derechos humanos que sus denuncias suelen recibir la negativa de jueces y fiscales para ser investigadas.

Sin protocolo y con desprecio

Pese a la cantidad de casos, en Argentina casi ni se aplica el llamado Protocolo de Minnesota , sugerido para la investigación de hechos de estas características. El protocolo estipula pautas y medidas a tomar apenas se conoce un caso: qué hacer desde el inicio, cómo realizar autopsias, qué fuentes de investigación tomar como primordiales, qué hacer con las fuerzas involucradas. El diagnóstico de Amnistía es lapidario: “se ha observado con frecuencia una falta de pericia y responsabilidad por parte de las autoridades a cargo para indagar todas las posibles hipótesis que explican la verdad de los hechos. Se observa con frecuencia un obtuso ceñimiento a una única hipótesis que limita la exhaustividad de medidas y producción de pruebas para conocer o descartar la verosimilitud de éstas”.

Es contundente la definición de que “la búsqueda de personas desaparecidas ocurridas en el contexto democrático presenta diversas dificultades que representan una violación al estándar de debida diligencia por parte de las autoridades judiciales y policiales. Las desapariciones en este contexto son consecuencia de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas de negligencia, inacción, corrupción y/o complicidad judicial y política en las diferentes jurisdicciones del país”.

El 31 de marzo de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU publicó sus “Observaciones finales sobre la información complementaria presentada por la Argentina” en la temática. Allí denuncia la “inexistencia” de un registro oficial y centralizado de las personas forzosamente desaparecidas en el país. Mucho menos existe una base de datos genéticos a partir de análisis de ADN hechos a familiares de las personas buscadas. Ni siquiera hay un registro serio de los cuerpos que se encuentran (a veces enteros, otras seccionados) y no logran ser identificados. Es decir, no hubo ni hay una política pública concreta y sostenida para buscar, encontrar, resguardar e identificar cadáveres producidos por ese crimen tan emblemático en Argentina como es la desaparición forzada.

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A su vez Amnistía observa que hay “numerosos episodios en los cuales las conductas indebidas por parte de las fuerzas policiales son subcalificadas bajo figuras menos graves, con penas inferiores, lo que se traduce en una ausencia de compromiso por parte de las autoridades investigativas y el poder judicial en condenar de manera adecuada”

Sobre la impunidad de las jerarquías policiales, penitenciarias y políticas, Amnistía agrega que “la responsabilidad de los mandos” es central “a la hora de analizar los mecanismos de rendición de cuentas”. Por lo general, afirman, “las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía avanzan de manera exclusiva en la responsabilidad de quienes cometieron los hechos de manera directa sin considerar que hay decisiones previas y un ambiente generalizado que pueden favorecer el uso ilegítimo de los poderes de la Policía”.

Sumado a todo lo anterior, el informe dice sobre la forma en la que el Estado trata a las víctimas y familiares de víctimas que, por un lado, es permanente el avasallamiento del derecho fundamental de “acceso a la justicia” a través de una “investigación eficaz para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral”. Eso incluye la negativa a que las propias víctimas o familiares tomen un rol activo en las investigaciones y les sean respetados todos sus planteos. Y por otro lado, es común que esas mismas personas sufran “amenazas, intimidación y represalias” que, encima, “no se investigan debidamente y, por consiguiente, quedan impunes”.

Increíble pero real

Como ves, la ONU , la OEA y Amnistía Internacional no dudan en calificar de graves y sistemáticas las violaciones a los derechos humanos en Argentina que se cometen en la actualidad y desde hace muchos años. La denuncia a las políticas reaccionarias disfrazadas con discurso progresista ya no es “sólo” patrimonio de los organismos de derechos humanos no cooptados por el kirchnerismo, de medios realmente independientes y de la izquierda representada por figuras com Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandrina Barry o Alejandro Vilca. La realidad está ahí, presente, para quien quiera verla.

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Todo lo anterior podría ser mero análisis de escritorio e incluso algún que otro funcionario podría aceptar la denuncia y asumir culposamente parte de la responsabilidad, pero de lo que se trata es de pelear a brazo partido contra esas políticas que no tienen grieta y que están llevando a la Argentina a un verdadero estado de excepción permanente.

Mientras la vida de los pobres vale menos que una 9 milímetros y quienes calzan uniforme ejecutan sin empacho, en los laberintos palaciegos las almas nobles se tapan los ojos y llenan sus bocas con derechohumanismo. Mal que les pese, la lucha por verdad y justicia no es solamente contra los que consuman la tragedia al apretar sus gatillos y sus sogas. También es contra las y los farsantes.

Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.

Postdata 1- El jueves pasado se cumplieron 22 años de que el oficial de la Policía Bonaerense José Salmo baleó en Quilmes a Carla Lacorte por la espalda. Ella sobrevivió, a diferencia de otras cientos de víctimas del gatillo fácil. Carla es referente del CeProDH y del PTS-FITU . Acá podés leer sus reflexiones a más de dos décadas de aquel hecho. Y acá el capítulo ocho https://www.laizquierdadiario.com/La-agenda-de-la-derecha-si-pasa-pasa
del libro La disciplina de las balas (de su autoría), de total actualidad.

Postdata 2- Lo que está pasando en Jujuy es impactante, con un intento de reforma constitucional por parte de Gerardo Morales que raya en varios puntos la criminalidad manifiesta; y con una importante reacción popular de rechazo a la avanzada represiva de la UCR y sus aliados peronistas. Podés seguir todos los detalles y novedades en la sección Jujuy de La Izquierda Diario .

Postdata 3- El viernes hubo en La Plata una “audiencia de cesura” posterior al veredicto del jurado popular que juzgó y condenó a cuatro policías bonaerenses por la Masacre de Monte. Además del pedido de perpetuas y altas penas de la Fiscalía y las querellas, hablaron nuevamente los asesinos. Acá te cuento de sus nuevas provocaciones. Este viernes se conocerán las penas.

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