Antipoliciales. Umma, la consternación y las preguntas sin responder

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El crimen de Umma Aguilera de 9 años en Lomas de Zamora, filmado por las cámaras vecinales de “seguridad”, consterna. Como consternó el de Morena Domínguez de 11 años en Lanús hace cuatro meses. Como el de Jennifer Campos de 13 en La Matanza hace una semana. Como el de Candela Rodríguez de 11 hace doce años en Hurlingham. Y como tantísimos otros que se sucedieron en las últimas décadas en un país donde la pobreza galopa a un ritmo deshumanizante, comiéndose cada vez más casas, barrios, escuelas, hospitales, clubes, centros culturales y lazos sociales basados en la solidaridad, la cooperación y la igualdad.

Imposible no consternarnos. Pero, asumiendo el dolor ajeno y tratando de no enajenarnos, podríamos esforzarnos en pensar un poco más allá. Bien vale preguntarnos ¿por qué a los columnistas especializados les “cuesta” tanto ir al hueso del problema?

Detrás de todo “delito” hay un negocio. Si no, lógicamente, nadie delinquiría. Y cuanto más remunerativo es ese negocio, más interesados hay en promoverlo, tanto desde el “sector privado” como desde las entrañas estatales, empezando por las policías y los servicios penitenciarios que, como no podría ser de otra manera, integran la cadena criminal al controlar directamente los boliches o al encubrir y/o mirar para otro lado (depende el lugar ocupado en el escalafón).

Lógicamente, a más dinero y poder en juego en un negocio habrá más disposición a hacer cualquier cosa para que ese dinero y ese poder crezcan en beneficio de todos sus participantes.

Matar, un costo más de producción

Si un grupo de lúmpenes, a plena luz del día y en un barrio superpoblado de una gran ciudad, se anima a atracar un auto que sale de un garaje y dispara sobre una de sus ventanillas, causando la muerte de una nena de 9 años, es porque para ellos, más allá del resultado, hay un negocio por conquistar. Y en determinadas empresas el costo no se mira, sólo se asume y se paga.

El saldo no siempre es el horrendo crimen que nos consterna por estas horas. Pero el escenario en el que mataron a Umma no deja de parecerse a otros tantos que vemos a diario, sea personalmente o por las redes o noticieros. Hoy, la diferencia con el paisaje cotidiano es que Umma está muerta y los atracadores de Lomas devenidos en sus asesinos lograrán una (efímera y patética) fama involuntaria.

Comprensiblemente, el odio a esos lúmpenes aflora en buena parte de la sociedad. Una sociedad que lleva años de frustraciones acumuladas. Una sociedad que transita sus días exhausta de tener que dejar la vida en laburos precarios y mal pagos para poder conseguir un plato de comida y pagar un alquiler. No es justo, se repite acá y allá frente a la imagen de Umma que muestran las pantallas. Claro que no es justo. Como no lo es mucho de lo que nos pasa.

De lúmpenes al mejor postor esos tipos transicionarán a monstruos, despreciables merecedores de los más abyectos deseos de venganza de “los argentinos y las argentinas de bien”. Si es necesario, venganza hasta que mueran sin pena. Así, se sellará su destino, puestos a pagar sus sangrientas culpas con todo el peso de la ley.

Como los progenitores de Umma son dos policías federales y uno de ellos parte de la custodia de la ministra de Seguridad, desde el Gobierno salieron rápidamente a prometer castigo a los ejecutores de la niña. Tuitearon casi todos, desde Milei al vocero Adorni, pasando lógicamente por Patricia Bullrich y su ladero de la cartera de Defensa Luis Petri. Otro tanto hicieron Axel Kicillof y algunos de sus funcionarios, visto que el crimen se produjo en su distrito.

Entre las expresiones más desembozadas estuvo, como suele pasar ante estos casos, la del diputado nacional José Luis Espert. Con su habitual incontinencia verbal, el liberfacho dijo que “hay que acorralar a todos los delincuentes y que paguen por su accionar”, agregando luego un tuit en el que acompañó con la leyenda “a los asesinos de Umma” la imagen de un trozo de queso gruyere, ése que se caracteriza por estar lleno de agujeros.

Por esas horas Espert se había reunido con Milei para hablar del proyecto de Ley Ómnibus que quieren votar en Diputados. Lógicamente, ni el Presidente ni nadie del oficialismo creyeron necesario distanciarse de las sanguinarias expresiones del recuperado socio de La Libertad Avanza, camufladas de metáfora láctea.

Una vez más, mientras el crimen organizado goza de buena salud gobierne quien gobierne el Estado burgués, quienes coyunturalmente ocupan los altos cargos de ese mismo Estado no tardan un minuto en manifestarse ante hechos aberrantes como éste. Con ilimitada hipocresía fingen empatía con los deudos y sugieren soluciones cargadas de más sangre y lágrimas. Más abajo volveremos sobre Espert, su doble moral y su doble discurso.

El negocio no se mancha

Probablemente por ser los progenitores de Umma dos policías federales, el Estado no tardó más de tres días en apresar a los lúmpenes que se habían fugado tras el crimen. Un tiempo récord, considerando el “promedio” general. Ahora ya tenemos sus rostros fotografiados para poder jugar al tiro al blanco.

Sabiendo que puede llamar la atención (y hasta causar cierto enojo), en este punto diremos que esos miserables pistoleros se convertirán, en rigor, en chivos expiatorios del asunto de fondo. ¡Pero si ellos atacaron, dispararon y se fugaron!, se responderá. Sí, es cierto, eso hicieron y por eso probablemente pasen muchos años presos. Pero el asunto de fondo es de qué negocio estaban participando y quiénes ocupan los puestos jerárquicos en esa empresa.

Los tipos que mataron a Umma están puestos en el centro de la condena social. Y quienes más interesados están en que sobre ellos se descargue toda la furia colectiva son los que, con mucho más dinero y poder, se ubican cómodamente en el extremo menos visible de la misma cadena criminal.

Hagamos un ejercicio. Si vos, yo y dos o tres más nos proponemos robar a mano armada un auto nuevo, en cualquier esquina de la Ciudad de Buenos Aires o del Conurbano, ¿cuántas chances creés que tendremos de que nos vaya bien en la empresa? Prácticamente nulas, no tardarían ni una hora en detenernos y encerrarnos. Salvo, claro, que previamente hayamos conseguido protección de policías, fiscales y jueces (a cambio de parte del botín) o que sean los mismos policías, fiscales y jueces los que contraten nuestros servicios.

¿Hace falta traer a la memoria la lista interminable de casos que salieron a la luz en las últimas décadas donde las redes criminales están integradas por funcionarios de todos los colores políticos, comisarios y miembros del Poder Judicial? ¿Y hace falta decir que por cada uno de esos casos que salen a la luz pública (generalmente por errores propios o delaciones) hay otras decenas, cientos, miles que nunca conoceremos?

Si la protección y el reparto de “ganancias” son necesarios para un mero robo, es de imaginar qué niveles alcanzarán cuando no se trata sólo de un vehículo sino de la aceitada y extendida industria de los desarmaderos y las “autopartes”. Ni hablar del suculento negocio del secuestro y explotación de personas con fines sexuales. O del atraco a camiones en rutas despobladas para piratear todo tipo de mercaderías, desde vacas a cigarrillos. O del multinacional esquema clandestino de producción, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas.

De los verdaderos dueños de esos y otros negocios capitalistas no conocemos ni el nombre. Eso sí, de su “ilegalidad” se la pasan haciendo propaganda los mismos gerentes del Estado que, por vías también clandestinas, no dejan de recibir su tajada de ese producto bruto. Como Espert, el maestro quesero.

Ni cárcel ni bala

El fascista José Luis Espert, que hoy quiere convertir en un queso gruyere a los lúmpenes que mataron a Umma, es el mismo que hizo parte de su campaña presidencial en 2019 viajando de ciudad en ciudad en vehículos prestados por su amigo personal Fred Machado. Hasta donde se comprobó, el empresario argentino radicado en Miami aportó a aquella campaña de Avanza Libertad con un avión privado y una 4x4 blindada Jeep Grande Cherokee negra.

En abril de 2021, a través de una alerta roja de Interpol, Federico “Fred” Machado fue detenido en Neuquén a pedido de un juzgado penal de Texas, Estados Unidos. El colaborador de la campaña de Espert fue acusado por el Poder Judicial yanqui de los delitos de “asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual”. Además se le descubrieron vínculos con otras redes de tráfico ilegal en Argentina y demás países.

¿No son Machado y los lúmpenes que mataron a Umma dos eslabones de una misma cadena criminal, alimentada por otros miles de eslabones que actúan al amparo del Estado y de las grandes corporaciones económicas? Sí, claro. Sin embargo, Espert nunca pidió para su amigo “cárcel o bala”, como sí lo hace para quienes entran en su particular bolsa de “delincuentes”, incluyendo a diputadas y diputados del Frente de Izquierda que cometen el “delito” de propiciar la movilización popular en la calles para enfrentar el ajuste “libertario” sobre los bolsillos populares.

Hoy ni Espert, ni Bullrich ni ninguno de sus colaboradores o apologistas se animan a hacer las preguntas básicas que debería hacerse quien realmente busque algo de verdad y justicia. ¿A quién le iban a entregar esos lúmpenes el Ford K gris que pretendían robarle a la familia de Umma? ¿Por qué pudieron llegar a cometer ese atraco a bordo de un Toyota Corolla negro también robado? Ahora que los eslabones más “débiles” están presos, ¿se irá tras las huellas del entramado de comercialización ilegal de autopartes que sigue funcionando en Lomas de Zamora y sus alrededores?

El capitalismo chorrea sangre

Una vez más, nos conmovemos por otra nena muerta por las balas lanzadas desde las entrañas de un cuerpo social degradado en sus bases comunitarias elementales. Los lúmpenes, tal vez segunda o tercera generación de Ni-Ni, irán a engrosar ese ejército encerrado tras los muros penitenciarios, donde en otra etapa del mismo organigrama serán invitados a perfeccionar sus métodos o a permanecer hacinados durante años en jaulas infrahumanas. Tal vez no salgan más. Pero no por ello las calles estarán más “seguras”.

Cada uno de los crímenes atroces que desde hace años relatan las crónicas “policiales” de las empresas periodísticas derivó en una creciente saturación de patrulleros, efectivos y balas en los barrios populares, donde cada vez más comisarios y jefes de brigadas pasan a controlar el territorio hasta la asfixia. Más policías, más balas. Más verdugueo por portación de cara o de visera. Más causas armadas a “perejiles” que terminan detenidos en reemplazo de los verdaderos criminales.

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El asesinato a quemarropa, en noviembre de 2021, del joven jugador de fútbol Lucas González en Barracas a manos de miembros de una brigada de la Policía porteña, desnudó un entramado que es producto de esas políticas de hipercontrol social y punitivismo clasista.

Pero pese a semejante saturación policial, las mismas crónicas nos aseguran que “cada vez hay más inseguridad”, que genera nuevos crímenes cotidianos y que a la vez motiva nuevas avanzadas policiales (y de Gendarmería o Prefectura) sobre las zonas “calientes” o “picantes” del país. Como en Rosario, que chorrea muertes y promesas oficiales mientras el negocio de la exportación de drogas a Europa a través de la red privada de puertos del Río Paraná se mantiene vivito, coleando y custodiado por grandes capitalistas, policías y funcionarios.

En los últimos años en Argentina los ministerios de Seguridad fueron conducidos por personajes claramente identificados con las ideas que pregonan Bullrich, Espert y compañía. La misma ministra ya había tenido su “primer tiempo” entre 2015 y 2019. En la Provincia de Buenos Aires han pasado derechistas de la talla de Sergio Berni, Cristian Ritondo, Alejandro “Sherif” Granados, Carlos Stornelli y hasta el carapintada Aldo Rico. En el resto de las provincias hay innumerables casos similares, como los recordados Federico Massoni en Chubut, el comisario Guillermo Corro en Jujuy o el gendarme Claudio Maley en Tucumán.

Nadie podría decir que esos funcionarios se tomaron en broma la tarea. Por el contrario, gracias a sus gestiones las fuerzas represivas mejoraron sus equipamientos, el número de efectivos creció más que la media poblacional y hasta se cambiaron leyes nacionales y provinciales para que la Policía tuviera más poder de fuego. Por si fuera poco, esos funcionarios siempre defendieron y reivindicaron el accionar de sus tropas, incluso cuando éstas protagonizaron represiones letales u operaciones por demás vidriosas. Y hasta cedieron frente a extorsivos rechifles de amotinamiento que exigían más “ingresos”, como hizo la Bonaerense en 2020.

Sin embargo, pese a todas las promesas y los “esfuerzos” del funcionariado para “terminar con la inseguridad”, esta semana mataron a Umma. Y hace cuatro meses a Morena. Y la semana pasada a Jennifer. Y hace doce años a Candela…

Muertes que se dan en un contexto histórico en el que llevamos décadas de erosión constante del nivel de vida de las mayorías. Un contexto que hoy, mientras nos consternamos, se sigue agravando por las medidas de ajuste y saqueo que encara el gobierno de Javier Milei y funcionarios como Bullrich, Villarruel, Caputo, Cúneo Libarona, Espert y compañía. La “inseguridad” avanza.

Hagamos otro ejercicio. Imaginemos un país donde todos y todas sus habitantes gocen de los derechos humanos elementales consagrados por la Constitución. Donde la pobreza sea desterrada y cada quien tenga su merecido acceso a la comida, al abrigo, a la vivienda, a la educación, a la salud (física y mental), al esparcimiento, al deporte y a todas las manifestaciones culturales que le apetezcan. ¿No tendría esa sociedad, con sus necesidades básicas satisfechas, otra realidad diametralmente opuesta en términos de criminalidad y violencia? Probablemente, en una sociedad así, el papel que cumple y hasta la misma existencia de la Policía entrarían en cuestión.

¿Cuántas Umma más deberán morir para que de una vez por todas comprendamos que la inseguridad más profunda, la que genera todas las muertes, la que cocina a fuego lento un ejército de “soldaditos” dispuestos a todo por no tener nada, la que nutre con dinero y poder las alforjas de buena parte del empresariado y sus socios políticos; está garantizada por la misma estructura capitalista que convierte en mercancía, a veces legal, a veces ilegal, casi todo lo que necesitamos y queremos consumir?

Hasta que no encaremos en serio este debate, que apunta al hueso de la criminalidad tal como la conocemos en esta etapa del desarrollo social, no quedará otra que seguir consternándonos.

Hasta pronto. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.