El Estado distribuirá en una primera etapa 2 millones de tarjetas alimentarias con un monto de entre $ 4.000 y $6.000 y 4 millones en una segunda etapa. Eso representa el 25 % de los 16 millones de pobres que dejó el Gobierno de Macri.
Martes 17 de diciembre de 2019 23:59
El próximo viernes, el presidente Alberto Fernández y Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, brindarán los detalles del Plan contra el Hambre, en el marco de la presentación de Consejo Federal Argentina Contra el Hambre. Una de las claves de dicho plan es la denominada Tarjeta Alimentaria que comenzará a distribuir el Estado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con menores a cargo de hasta 6 años, mujeres embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que perciban la AUH; y personas con alguna discapacidad que reciban la AUH.
Según los datos trascendidos hasta el momento, la distribución de tarjetas en un primer momento será de 2 millones, y luego la cantidad se duplicará hasta llegar a los 4 millones. Los beneficiarios de la AUH que tienen un único hijo menor de 6 años recibirán $4.000; mientras que los que tengan más de un menor de esa misma edad, $6.000.
La tarjeta servirá solamente para comprar alimentos y no será necesario que los beneficiarios realicen ningún trámite, ya que el Estado la remitirá a cada uno de ellos en base a los datos que ya tiene. El monto será cargado el tercer viernes de cada mes.
Arroyo tiene como tarea resolver uno de los problemas más graves y estructurales de la Argentina de los 30 últimos años: la pobreza y el hambre que son el principal drama del 40,8 % de la población. Macri abandonó el sillón de Rivadavia y dejó 16 millones pobres; 3,6 millones de indigentes y casi el 60 % de niñas, niños y adolescentes viviendo en 7 millones de hogares pobres.
Esos son algunos de los datos que fueron relevados por la Universidad Católica Argentina (UCA) unos días antes de la asunción del nuevo Gobierno del Frente de Todos.
Pobres no solo son los hogares cuyos ingresos totales no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de todos sus integrantes. También son pobres aquellas familias que padecen al menos una privación en las siguientes dimensiones: acceso a alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente saludable, educación, empleo y seguridad social. Según la UCA, el 69 % de la población está en esta condición.
No resulta extraño si tenemos en cuenta que el acceso de la población a los servicios básicos como luz, agua y gas, se ha visto altamente limitado gracias a los brutales trifazos que superaron el 2.000%.
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Prender la luz, encender la estufa y bañarse con agua caliente para muchos hogares no es más una actividad cotidiana. Es que no todas las familias pueden destinar el 30 % de sus magros ingresos para pagar las irrazonables tarifas porque antes hay que comer, vestirse y viajar para ir a trabajar o estudiar.
Durante los cuatro años de la gestión de Macri la pobreza subió 10 puntos (pasó del 30 al 40). Lo salarios perdieron un 20 % del poder adquisitivo y volvimos a tener una desocupación superior al 10 %.
Sin embargo, y a pesar de que en el último año de Cambiemos el modelo de Macri y el FMI creo más de 4 millones de nuevos pobres, nadie puede decir que la pobreza es un fenómeno nuevo, ni que Macri la creo de la nada.
La pobreza estructural
La UCA señala que “durante el período 2010-2019, los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales, de carácter tanto económico-ocupacional como socioregional”. Y que “las brechas en el bienestar económico de los hogares no sólo no han disminuido, se presentan como estructurales y asociadas a la falta de demanda de empleo productivo de calidad y de políticas de inversión y desarrollo más agresivas en materia de vivienda, hábitat, salud y educación”.
Pero la pobreza estructural tampoco es un problema de los últimos diez años. En épocas de grandes crisis económicas y sociales, como sucedió luego del 2001, la pobreza alcanzó a más de la mitad de la población. Por ejemplo, cuando asumió Eduardo Duhalde, el 57 % de los argentinos eran pobres. Pero aún en años de menos convulsiones económicas, la pobreza se ha mantenido en un 20 %.
El "modelo de crecimiento con inclusión" nunca mostró pobreza menor a 20 % excepto en 2011, y en los años siguientes fue in crescendo. Por la "herencia" que mantuvo de precariedad laboral gestada en los años de Menem y De la Rúa, dejó el piso estructuralmente alto. pic.twitter.com/bxfsIHiqh4
— Esteban Mercatante (@EMercatante) September 30, 2019
A cada gran crisis, desde el Estado se responde con la profundización de políticas asistenciales que sirven para mitigar la agobiante situación de los sectores más empobrecidos pero que no la resuelve de fondo.
Eso explica que, en los últimos años, aún en los momentos sin crisis económicas de por medio, en índice de pobreza de se mantuvo cercano al 20 %.
A partir del 2007, el kirchnerismo manipuló los datos de pobreza y en el 2013 el INDEC, que había sido intervenido, no publicó más datos oficiales al respecto. A falta de estos, existieron entonces otros informes alternativos que ubicaron los índices de pobreza alrededor del 20 % durante el ciclo kircherinista. La Comisión Técnica de ATE INDEC y trabajadores del organismo, estimaron que la pobreza fue de 21,8 % para el primer semestre de 2015, cuando todavía gobernaba Cristina Kirchner. En tanto, un relevamiento elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) estimó para el mismo período, que el nivel de pobreza era de 19,7 %. Los datos de la UCA fueron más duros: en el 2015 la pobreza por ingresos para ellos fue del 29 %, en tanto la pobreza multidimensional, que incluye la medición de elementos como el acceso a los servicios básicos como salud, educación, vivienda, superó el 47%. Todos números muy alejados del relato kirchnerista.
A problemas estructurales, respuestas de fondo
Sin respuestas de fondo no hay manera de terminar con el hambre y la pobreza. Sin afectar las ganancias de los que más han ganando durante estos cuatros años, como las privatizadas que llenan sus bolsillos a costa de saquear los de los trabajadores y sectores populares, es imposible pensar que se pueden pensar en medidas efectivas para eliminar el hambre y no para reducirlo, que es a lo que se ha dedicado el Estado en los últimos años, a través de medidas insuficientes.
Si siguen habiendo salarios muy por debajo de la canasta básica, jubilaciones miserables, una inflación galopante y tarifas impagables no habrá manera de desterrar el hambre.