Actualidad. Vivir con discapacidad en Argentina: una ardua tarea

Fin de la discusión entre esa persona y yo. A esperar y mascar bronca.

En Argentina, supongo que en el resto del mundo también, la vida de las personas que padecen algún tipo de discapacidad es verdaderamente muy difícil. Esa complicación se extiende en muchos casos a los familiares y amigos de esas personas, sobre todo en el caso de los niños y de los adultos cuyas limitaciones le impiden desarrollar su vida de manera autónoma e independiente.

Días enteros perdidos en trámites y burocracias de todo tipo en obras sociales e instituciones estatales. Días perdidos porque muchas a veces al final de la jornada no nos vamos con lo que necesitamos para comenzar la siguiente fase burocrática. Maltratos de todo tipo de parte de un Estado que considera a las personas con discapacidad un estorbo, un gasto de dinero.

Números que alarman

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial hay más de mil millones de personas con discapacidad, esto representa a un 15 % de la población, de las cuales más de la mitad no cuenta con los recursos necesarios como para pagar una cobertura de salud adecuada a sus necesidades. A su vez, registran los índices de pobreza más altos que el resto de la población por no tener acceso a una vivienda, servicios públicos y educación adecuados.

En Argentina, según el Censo del 2010 hay 5 millones de discapacitados, esto es el 12,9 % de la población. Pero estos números deben ser más altos. Sin ir más lejos mi hijo tiene discapacidad y nació en 2011. O sea, con 6 años no entra en esta estadística.

Según un informe de la consultora Adecco de agosto de este año, el 75 % de las personas con discapacidad está imposibilitado de trabajar y el 44 % de esas personas son “cabeza de hogar”.

Los funcionarios políticos (ahora macristas pero antes Kirchneristas) responderán: “pero para esos casos es que existe la pensión por discapacidad”. De unos miserables $ 5.700 vale aclarar. No es necesario decir, pero por las dudas lo hago, que no hay manera de vivir y mucho menos costear algún tratamiento de salud con esa irrisoria suma.

“Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”, dijo Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, a mediados de este año para justificar el recorte a las pensiones por discapacidad. Una aberración digna de un ignorante por tres razones.

En primer lugar, porque la mayoría de las personas con discapacidad están imposibilitadas de trabajar, centralmente porque este sistema no le brinda las herramientas necesarias, por ejemplo una buena cobertura de salud en sintonía con sus necesidades que le permita desarrollar una vida autónoma. En segundo lugar, porque el 71% de las empresas no emplea personas con discapacidad, según datos de Adecco también. Los funcionarios dirán otra vez: “para eso existe el cupo laboral para las personas discapacitadas”. Es verdad, en Argentina existe una ley de cupo laboral que le exige al Estado y empresas privadas concesionarias del servicio público que el 4 % de sus puestos laborales sean para discapacitados. Sin embargo, no se cumple.

Vale recordar además que el macrismo por esa misma época elaboró una serie de restricciones para que las personas con discapacidad puedan acceder a la pensión. Entre ellas: no poseer ningún bien (ni auto, ni casa), y no tener algún familiar responsable o tutor, cuyo ingreso sea superior a los $ 19.000. O sea, que si una persona con discapacidad, supongamos alguien que utiliza una silla de ruedas, tiene la suerte de contar con el dinero suficiente como para comprarse un auto para facilitar su movilidad y mejorar su calidad de vida, no es merecedor de esta pensión.

Niños desatendidos, adultos dependientes

Las estadísticas sobre la situación de los niños con discapacidad son más alarmantes, y son las que explican en última instancia la precaria situación de los adultos con discapacidad. Existen 570.000 niños con discapacidad en el país, de los cuales una ínfima minoría de apenas el 7 % tiene cobertura de salud. Es decir, casi la absoluta mayoría de esos niños están totalmente abandonados a su suerte. No cuentan con un plan integral de salud que les permita (aún con burocracia mediante y limitado) gozar de una calidad de vida acorde a sus necesidades. Un niño con discapacidad sin el tratamiento adecuado está condenado a vivir de adulto una vida totalmente dependiente. Es decir, a no poder vivir solo, a no poder trabajar, a no poder estudiar, entre otras cosas.

En la mayoría de los casos los niños con discapacidad una vez escolarizados necesitan algún tipo de integración dentro del aula para poder emprender su proceso aprendizaje de la mejor manera posible y en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. En Argentina, el 60 % estudia en escuelas normales, pero solo la mitad de los niños con discapacidad tiene integración escolar. Incluir a un niño sin disponer del andamiaje necesario que garantice que dicha inclusión sea con integración también es abandonarlo a su suerte. Es condenarlo al aislamiento, a la frustración, a la discriminación y a la burla de sus compañeros. Es condenarlo a que no aprenda o aprenda mucho menos de lo que podría.

El número de niños integrados es tan poco porque la integración que brinda el sistema educativo de la escuela pública demora una eternidad y transita los laberintos de la burocracia estatal. Y porque la que debe pagar la obra social es un arduo y tortuoso camino lleno de pedidos, reclamos, recolección de miles de papeles, informes de todo tipo y órdenes (que además de estar mal hechas) se vencen en el transcurso que uno va recolectando otros requisitos.

Las deficiencias en las prestaciones que debería garantizar el Estado y no hace repercuten en la vida adulta de los niños de hoy. Un niño no integrado, un niño sin la cantidad de terapias necesarias, un niños sin las prótesis que facilitan su traslado, y por lo tanto facilitan su independencia, se convertirá en un adulto que engrosará la estadística de las personas con discapacidad sin un trabajo, que por ejemplo le permita aumentar las posibilidades de gozar de una buena calidad de vida.

Hoy, el Gobierno nacional pretende sumir aún más en la marginalidad y la miseria a las personas con discapacidad.