Mar del Plata. Abusos en jardines de infantes: 31 familias esperan una condena para Analía Schwartz

En diversas notas La Izquierda Diario ha venido abordando el caso de los abusos sexuales contra decenas de niñas y niños de los jardines de infantes Gianelli y Fleming de Mar del Plata. Tanto en lo que refiere a la denuncia contra la profesora de música Analía Schwartz como a la actitud del Obispado local, de los directivos de los jardines y de las “Hermanas del Huerto”, el escándalo lleva varios años (pese a cierto “cerco mediático” de las principales empresas periodísticas regionales y nacionales).

Caso nada cerrado

En 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Mar del Plata absolvió a Schwartz. A ese juicio había llegado acusada de nueve casos de “abuso sexual infantil” y seis de “corrupción de menores”, de los que fueron víctimas 44 niñas y niños (de entre tres y cinco años de edad) de cinco salas de esos dos jardines de infantes privados. La mayor parte de las denuncias las habían hecho familias del jardín San Antonio María Gianelli en septiembre de 2013.

Pese a los testimonios de decenas de niñas y niños en Cámara Gesell, de profesionales que les atendieron y de sus familias; y pese a las evidentes maniobras de los directivos de los jardines, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas decidieron declarar inocente a la mujer acusada, quien contó (y sigue contando) con la defensa de Patricia Perelló, costosa e “influyente” abogada marplatense (de quien ya se dieron detalles en otra nota).

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Luego de una apelación masiva de los denunciantes, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires evaluó el caso, analizó las pruebas y en marzo de 2018 decidió anular la sentencia absolutoria y ordenar la realización de un nuevo juicio a cargo de otro tribunal. Para la Cámara, el TOC 1 había hecho todo mal.

Aquella no fue la única sentencia de Gómez Urso, Viñas y Carnevale duramente cuestionada por instancias judiciales superiores. De hecho los dos primeros (Carnevale se jubiló) enfrentan un jury de enjuiciamiento por su desempeño en el caso del femicidio de la joven Lucía Pérez (ocurrido en 2016). En noviembre de 2018 absolvieron por ese delito a los principales sospechosos, pero la familia de Lucía logró que Casación anulara también esa sentencia y ordenara un nuevo juicio, que se hará en febrero de 2023. Gómez Urso y Viñas hoy están al borde de la destitución.

Del lado de la Iglesia, el obispo de Mar del Plata Gabriel Mestre tomó nota de lo acontecido durante estos años. Luego de que las familias denunciantes le exigieran en una reunión que no se metiera en la causa “ni para ayudar”, parece que ordenó en la diócesis evitar toda manifestación pública que pueda comprometerlo. Nada queda ya, por ejemplo, de aquellas “cadenas de oración” de las Hermanas del Huerto frente a Tribunales durante el primer juicio.

Pero los intentos del Obispado por “salvar” a Schwartz nunca cesaron. Al tiempo que le consiguieron otros trabajos (lejos de los jardines, aunque no de otras niñas y niños) mantuvieron a la doctora Perelló como su defensora. El rumor de que los altos honorarios de la abogada son pagados por la propia Curia marplatense nunca fue desmentido, pese a lo obvio de que ese dinero no sale del bolsillo de la imputada.

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La aparición en el caso de la fiscal María Florencia Salas, titular de la UFI 1 de Mar del Plata, dio un respiro a las familias. Sin pretender parcialidad, aseguran que en ella encontraron “escucha” y “empatía”, ya que les prometió tomar el asunto con seriedad. Además, gracias a su gestión lograron presenciar las audiencias del nuevo juicio, algo que se les negó en 2017. Si bien es vía Zoom (no presencial), poder ver y oír lo que allí pasa es crucial. “En el juicio anterior pasaron cosas peores que en éste y no las pudimos ver”, cuentan padres y madres.

Tras una espera de cuatro años y medio, finalmente el nuevo juicio comenzó el 17 de octubre pasado, a cargo del TOC 2 de Mar del Plata, integrado por los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone. Salas es la fiscal del juicio y dos querellas (representadas por los abogados César Sivo y Martín Bernat) engloban a 31 particulares damnificados. Hasta la semana pasada dieron testimonio ante el Tribunal alrededor de 120 testigos propuestos por las partes.

Este lunes se conocieron los alegatos finales de la Fiscalía y las querellas. El próximo viernes alegará la doctora Perelló, quien negará que los hechos siquiera hayan podido ocurrir y, lógicamente, pedirá la absolución de su defendida. Luego el Tribunal tendrá diez días para dar un veredicto, aunque los jueces pueden extender el plazo. Probablemente antes de fin de año haya sentencia.

De inocentes y culpables

En su alegato de este lunes, la fiscal Salas pidió 30 años de prisión y la detención inmediata de Schwartz, al considerarla responsable del abuso sexual infantil y la corrupción de menores denunciados. La representante del Ministerio Público Fiscal siguió la línea argumental que ya había manifestado en el juicio anterior el fiscal Fernando Castro (ya jubilado) quien había pedido en aquel momento 24 años de prisión.

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Por su parte, los abogados Sivo y Bernat pidieron, en representación de las familias denunciantes, penas de 30 y 35 años de prisión. A su vez se pidió la imputación por “falso testimonio” de directivos y docentes de los jardines Gianelli y Fleming, así como de los peritos que presentó la defensa (con correspondientes denuncias ante los colegios profesionales). Y otro tanto se pidió para Mariano Nino, presentado como “perito psicólogo” por la defensa aunque es abogado. Según pudo saber este diario, Nino entregó un “informe pericial” sobre Cámaras Gesell que, en verdad, había sido realizado por otra persona (que vive en otro país). Según las fuentes, Nino nunca había estado en un juicio ni presenció una Cámara Gesell.

La aparición de “especialistas” que, en lugar de echar luz sobre hechos y circunstancias, terminan embarrando la cancha no es algo novedoso. Se podría decir que es parte del modus operandi de muchas defensas. No por ello se debe soslayar que los peritos convocados por la doctora Perelló, además de mostrar descreimiento en el testimonio de las víctimas (pese a que fueron obtenidos en Cámara Gesell), tuvieron varias contradicciones. “Bastante impresentables”, fue el comentario común entre las familias querellantes al escuchar y ver en vivo a esos profesionales.

Tampoco debe pasarse por alto que la profesora de música prefirió aparecer lo menos posible en el juicio. Asistió sólo a la primera audiencia, a los alegatos y lo hará a la sentencia. Es decir, lo que obliga la ley. Pero su negativa a enfrentar a testigos (en muchos casos familiares directos de las niñas y niños) y peritos en un juicio no significa que se mantenga en silencio. En sus redes sociales se presenta como víctima de una causa armada y hasta afirma que con un salario docente no puede defenderse como sí lo hace, por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Démosle algo de razón. Pese a sus vínculos estrechos con la Iglesia, con altos referentes peronistas bonaerenses y con empresarios como los dueños del grupo mediático La Capital, Perelló es bastante menos eficiente que Carlos Beraldi o Gregorio Dalbón.

Las familias, que siempre se sintieron atacadas y ensuciadas por Perelló, presentaron un escrito a los jueces del TOC 2 pidiendo el resguardo del nombre de sus hijas e hijos. Es que la defensora de Schwartz ya dio entrevistas en las que demostró su intención de hablar más de quienes acusan que de la acusada. Pero Perelló dobló la apuesta y presentó otro escrito en el que pidió, ridículamente, que se prohíba hablar públicamente de Schwartz.

Hay otros “condimentos” del juicio que bien vale tener en cuenta. Al igual que en otros juicios por abusos encubiertos por la Iglesia, el Poder Judicial organizó audiencias larguísimas. Algunas duraron más de diez horas corridas, provocando el agotamiento y cansancio de las familias, que ya cargan con la tensión propia de un proceso de estas características. Se podría afirmar que es una más de las facetas de la llamada “violencia institucional”.

A su vez, desde el entorno de las familias creen que la escasa cobertura de este segundo juicio por parte de la prensa marplatense se debe al poder de lobby que ejercieron la Iglesia y la abogada, buscando que se hable del tema lo menos posible. Efectivamente, alcanza con googlear y comprobar que los grandes medios de Mar del Plata prácticamente no están cubriendo el juicio, como sí lo hicieron con el de 2017.

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Según las fuentes consultadas, para las familias querellantes ha quedado más que probada en el juicio la existencia de los hechos denunciados hace nueve años. Y consideran que la defensa de Schwartz no presentó pruebas que permitieran contrarrestar los testimonios de los niños y niñas ni demostrar que en ambos establecimientos educativos era “imposible” que se cometieran los abusos, siendo ése el máximo argumento de Perelló en favor de su defendida.

La semana pasada, antes de los alegatos, se hicieron inspecciones oculares en ambos jardines de infantes. Allí los jueces del TOC 2, la fiscal y los abogados de las querellas pudieron comprobar que hubo refacciones en las instalaciones. La más notoria es el cambio de puertas, ventanas y vidrios de las salas donde habrían ocurrido los hechos, adecuando los inmuebles a fin de que encajaran en la versión de que allí no podrían haberse cometido delitos como los denunciados.

Para las familias no hay mucho margen para que el juicio termine como el anterior, con la acusada libre de culpa y cargo. Ahora todo está en manos de los jueces Conti, Simaz y Falcone, quienes probablemente estén deseosos de sacarse este complejo caso de encima y, a la vez, no quieran repetir el derrotero de sus colegas que hace cinco años dictaron la absolución de Schwartz. Tal vez antes de que termine 2022 esté la respuesta.