A propósito de la situación de la falta de acceso a la red de agua potable en Los Talas y los problemas de suministro en toda la región, Ernesto Mosetti vecino del barrio, describe el derrotero de las obras, las empresas y gobiernos que deberían garantizar el acceso a ese derecho básico en La Plata, Berisso y Ensenada.
Viernes 29 de marzo 15:45
Cuando uno tiene sed /pero el agua no está cerca/
Cuando uno quiere beber /pero el agua no está cerca”
Jarabe de Palo
El agua potable es un derecho humano
En primerísimo lugar el agua es un derecho humano fundamental indispensable para una vida digna y esencial para la realización de todos los demás derechos humanos. En la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Asimismo, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales reafirmó en su Observación General N° 15 que, “el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Que es un derecho humano indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos”. “Todos los pueblos, cualquiera sea su nivel de desarrollo y su situación social y económica tienen derecho a acceder al agua potable en cantidad y calidad acorde a sus necesidades básicas”.
Este derecho no es simplemente un concepto abstracto o un ideal, hay ciertos requisitos que deben cumplirse para que se considere garantizado: acceso ininterrumpido, de calidad, con accesibilidad y tarifas razonables a su acceso, y fundamentalmente garantizar el acceso sin discriminación, donde los Estados son los responsables de garantizarlo, respetarlo y protegerlo, y de evitar que terceros (incluyendo a las empresas proveedoras) priven del agua a quienes no cuenten con los medios para abonarla.
Es un derecho con una profunda vinculación con la salud, la alimentación, la educación y con una vida digna, conceptos a los que la Argentina adhirió a partir de la aprobación de la Ley 23.313. y que evidentemente año tras año, gestión tras gestión están lejos de darle cumplimiento, dejando a millones sin el acceso a este derecho humano.
Qué pasa en la región (La Plata, Berisso y Ensenada)
Un viejo, y por cierto bastante conservador, refrán español dice “Agua que no has de beber déjala correr”. En la región agua no corre ni se puede beber. La falta de agua corriente y potable es una situación que atraviesa transversalmente a toda la región. Pasan los años, pasan las gestiones y el problema no solo no se soluciona, sino que se agrava día a día.
Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima -ABSA- la burocracia del Sindicato de Obras Sanitarias –SOSBA- posee un 10 % de participación accionaria en la firma y también el manejo de todas las gerencias operativas. Las empresas proveen agua y saneamiento en 89 localidades de 53 partidos, fue creada en 2002 luego de que se rescindiera el contrato a la estadounidense Asurix.
El conflicto con Azurix comenzó en 2001, cuando Carlos Ruckauf gobernador bonaerense acusó a la empresa de prestar un servicio deficiente y de querer subir las tarifas, mientras que la empresa acusó a la Provincia de imposibilitarle continuar con la concesión debido a incumplimientos de obras a realizar por la Provincia. Al año siguiente se rescindió el contrato de Asurix y se creó ABSA.
Durante su gestión Scioli “reestructuró” la empresa nombrando a Guillermo Scarcella, un ex fiscal federal personaje que figuró como apoderado de la “offshore“ Industria Platino SA con el destape de los Paraná Paper. El ajuste incluyó el achicamiento de la estructura de la empresa, la racionalización de gastos y la idea de generalizar la instalación de medidores de consumo, algo que no se concretó y la facturación se mantuvo de acuerdo al valor fiscal de la propiedad. Hoy se continúa con este método de facturación. O sea, si una fábrica de pinturas de utiliza miles de litros de agua potable para su fin paga en el mejor de los casos si tiene medidor 16,12 pesos el metro cúbico.
En este contexto, luego de que se rescindiera el contrato, Asurix acudió al CIADI -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones- y como es costumbre el organismo falló en contra del Estado, obligandole a pagar 165 millones de dólares.
Sinfonía inconclusa
La región es abastecida por ABSA a partir de la planta tratamiento de agua potable Donato Gerardi que ABSA posee en la localidad de Ensenada, planta inaugurada a mediados de la década del 50. Hoy tiene una capacidad para brindar un servicio “adecuado” hasta un máximo de 570.000 personas. Sin embargo, en la actualidad, la población de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada ronda los 982.000 habitantes.
Durante el 2020 se llamó a licitación para la construcción de la primera etapa de una nueva planta que se completaría con tres etapas más. La obra fue adjudicada a una UTE conformada por Benito Roggio e Hijos S.A. y Proba S.A. y el contrato de ejecución de la obra fue firmado en marzo de 2022, los trabajos deberían haber comenzado a fines de abril de ese año y finalizar en abril de 2025. A fines del mes de octubre pasado en un acto como parte de la campaña electoral se anunció la construcción de la nueva planta potabilizadora que en realidad fue la inauguración del obrador. Pocos meses después la obra se paralizó y la UTE retiró maquinarias y personal aduciendo la falta de pago además de solicitar la renegociación del contrato. En este contexto quedaron cientos de trabajadores relacionados con la construcción desocupados.
¿No hay plata?
La primera etapa de la obra conllevó una inversión de más de $6.200 millones financiados a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Las otras tres etapas que la completarían (financiadas con un préstamo del Gobierno Kuwaiti), tuvieron su acto de apertura del proceso licitatorio el 23 de agosto de 2021, aún sin adjudicar, y hoy “en evaluación” en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia.
Un dato no menor es que el préstamo de las CAF está sujeto a un contrato de garantía firmado el 15 de febrero de 2018 entre Caputo (entonces Ministro de Finanzas de Nación de Macri) y la Corporación Andina de Fomento. En esa misma fecha se rubricó un contrato de contragarantía entre el propio Caputo en representación del Estado nacional y Hernán Lacunza Ministro de Economía de Vidal.
Con este panorama cientos de trabajadores desocupados y las familias de los barrios que no tienen acceso al agua esperan que el gobernador Kicillof, se despierte de una siestra que parece ser eterna, y la UTE de Roggio se pongan de acuerdo para reanudar las obras y que el Ministro Katopodis se digne a terminar la eterna “evaluación” y adjudique las etapas restantes.
