El presidente boliviano restituyó en su puesto al ministro del Interior que había sido destituido por la Asamblea Legislativa en una votación que fue propuesta por la derecha y apoyada por parlamentarios que responde a Evo Morales dentro de la bancada oficialista. Se profundiza la crisis.
Sábado 1ro de julio de 2023 14:51
El presidente boliviano Luis Arce reinstala en su puesto al ministro de Gobierno, destituido por el Parlamento.
La crisis política se volvió a profundizar esta semana en Bolivia tras la restitución en su puesto del ministro de Gobierno (Interior) por parte del presidente Luis Arce, tras haber sido censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional el miércoles 28 en una interpelación por el tráfico de vehículos robados en Chile que después se vendían en Bolivia y que implicó a algunos mandos de la Policía hace más de un año, como así también la más reciente sobre el tráfico de cocaína hacia España.
La interpelación fue propuesta por parlamentarios de la oposición de derecha, en particular de Comunidad Ciudadana (CC), fuerza del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que es la principal fuerza opositora parlamentaria. Sin embargo, la censura a Del Castillo fue respaldada por 101 de los 144 legisladores, incluidos los oficialistas del ala que responde a Evo Morales, lo que fue denunciado como una "traición" por los legisladores que responden al presidente Arce.
Del Castillo ha sido uno de los ministros más resistidos por los evistas y por el mismo Morales, quienes pidieron varias veces a Arce su cambio, algo que el mandatario no hizo y que profundizó la división en el MAS.
Ante la censura parlamentaria, el presidente Arce volvió a tomar juramento este viernes a Del Castillo tras firmar dos decretos, uno que le destituyó y otro que le repuso en el cargo.
Este tipo de maniobras ya habían sido realizadas por Jeanine Áñez cuando el parlamento censuró al golpista ministro de aquel entonces, Arturo Murillo, y años atrás por el mismo Evo Morales con dos ministros que fueron censurados.
En los últimos meses, Del Castillo logró sortear tres intentos de censura impulsados por parlamentarios de CC y de Creemos (del conservador derechista gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hoy preso), sin embargo, luego de agravarse las disputas con Evo Morales al interior del MAS, en la cuarta interpelación, el evismo se sumó a las bancadas de CC y Creemos para exigir la destitución de Del Castillo.
La restitución
La destitución, producida unas horas después de la censura, no impide, en virtud de una vieja sentencia constitucional, que el presidente pueda nominar nuevamente al ministro censurado. Evo Morales cuestionó duramente la ratificación del Del Castillo y denunció, nuevamente, que su vida correría peligro con esta decisión gubernamental. También denunció que el gobierno se ha derechizado y que buscan inhabilitarlo como candidato para las elecciones presidenciales del 2025.
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Frente a las críticas por la decisión asumida, que según voceros de las bancadas derechistas y evistas, significa un paso más en la construcción de un gobierno “totalitario” y en un agravio al Estado Plurinacional y al mandato del parlamento como órgano de fiscalización y control, el gobierno de Arce legitimó su decisión con el respaldo de diversas organizaciones sociales. Las burocracias sindicales y de los movimientos sociales, desde la Central Obrera Boliviana (COB) la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Bartolinas (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa), interculturales y otras brindaron su apoyo al ministro Del Castillo y al gobierno de Luis Arce. Lo hicieron, sin embargo, no sin fuertes disputas al interior de estas organizaciones con las burocracias afines al evismo.
Crisis
Lo cierto es que el respaldo de diversas organizaciones sociales al gobierno de Arce debilita y aísla al evismo cuyos voceros más destacados, como el diputado Héctor Arce, han optado por victimizarse alertando de una posible ofensiva gubernamental y judicial contra Evo Morales y sus lugartenientes.
Más allá de la verosimilitud de tales denuncias, se hace cada vez más evidente que la ruptura del MAS ha llegado al extremo de poner en riesgo la gobernabilidad del mismo Arce, que a partir de ahora deberá enfrentar un parlamento hostil y de mayoría opositora. El evismo y la derecha, como ha quedado en evidencia los últimos días no dudarán en coordinar y actuar de manera conjunta para desgastar y debilitar al gobierno de Arce, necesitado de la aprobación de varios proyectos de ley para mantener la precaria estabilidad económica.
La ratificación de Del Castillo, es parte de los intentos que desde el gobierno se vienen impulsando de construir un régimen semibonapartista, es decir cada vez más autoritario, aunque con debilidades porque para ello se necesita de un caudillo o liderazgo fuerte como el que en su momento representó Evo Morales. Estos intentos bonapartistas de Arce, como fue el de imponer su decisión final a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene la intención de que actúe como contratendencia a las fuertes tendencias a la fragmentación y debilidad del sistema de partidos y de conjunto el régimen y el gobierno.
Entre las distintas denuncias contra Del Castillo, como por ejemplo el caso de tráfico de autos entre Chile y Bolivia, la que pesó más para su destitución tuvo que ver con el reciente caso de tráfico de cocaína hacia España. Hace tres semanas se conoció de la "llegada" de media tonelada de cocaína al aeropuerto de Barajas en Madrid. Otro de los ministros que también será interpelado y que está vinculado a este caso es el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, debido a que la droga fue transportada por BOA (Boliviana de Aviación) pasando los controles de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos).
Las disputas y fragmentación que se agudizan no solo en el partido de gobierno sino también en todo el espectro de la derecha ponen en evidencia la debilidad del régimen político y del sistema de partidos en su conjunto. Al mismo tiempo todo esto pone de manifiesto, por un lado, que tanto desde las alas y fracciones en disputa del MAS como las variantes de la derecha eligen mantener, negociar y “resolver” sus intereses en las salas del cada vez más descompuesto aparato judicial. Es decir, evitan trasladar sus disputas a las calles intentando mantener las mismas dentro del marco institucional y judicial.
Esta situación, al mismo tiempo, revela que lo que se pelea al interior del MAS no son ideas ni proyectos al servicio del pueblo trabajador, indígena y campesino. De hecho es en los ajustes y vulneración de derechos laborales entre otros en lo que todas las variantes del régimen coinciden, como se viene expresando en la lucha de las y los trabajadores de la salud contra la precariedad laboral, o de las y los trabajadores de NAABOL (ex SABSA -Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A), que se vienen movilizando exigiendo el pago de sus derechos laborales ya vulnerados por mas de un año y medio. O en el caso de los trabajadores y trabajadoras del ex banco FASSIL, donde el interventor actual del banco intentó burlar los derechos laborales de los trabajadores mediante maniobras judiciales.
La pelea por candidaturas y cargos para administrar el Estado es el motor de las luchas al interior del MAS que ha tomado un rumbo que emula la evolución del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) durante los años 60, convirtiéndose en el garante del capitalismo boliviano con lenguaje popular.
