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LAVA JATO. Brasil: las consecuencias del Morogate y la política de la izquierda

La revelación de las conversaciones entre el juez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol por el sitio The Intercept abrieron una crisis de proporciones que vuelve a barajar las cartas de la política brasileña.

Miércoles 12 de junio de 2019 11:19

La revelación de conversaciones entre el juez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol por el sitio Intercept abrieron una crisis de proporciones que vuelve a barajar las cartas de la política brasileña.

Se agrega un elemento de mayor inestabilidad en la coyuntura política, que ya venía golpeada por las disputas entre varios actores del régimen político, lo que hace a la precariedad del pacto alrededor de la agenda neoliberal. A esto se suman las manifestaciones contra el recorte al presupuesto educativo del 15M y 30M, que volvieron a poner en la escena nacional las movilizaciones callejeras, junto la próxima huelga nacional llamada para el 14 de junio. Y aún queda mucho por verse en próximas filtraciones.

Hasta ahora, el autoritarismo judicial de la operación Lava Jato y la figura de Sérgio Moro eran las "instituciones" que estaban menos cuestionadas en el marco del golpismo institucional. Moro gozaba de una popularidad mayor que la de Bolsonaro, y es visto como un "héroe" del combate contra la corrupción, incluso por sectores de la izquierda que ahora ven un ficticio "desvío de las intenciones originales" de la operación judicial.

Ahora la Lava Jato fue fuertemente golpeada. Las filtraciones confirman que Moro, que instruía y coordinaba ilegalmente, junto con los procuradores de Curitiba, trabajaron para el golpe institucional en 2016. Diseñaron la causa para enviar a prisión arbitrariamente a Lula y eliminarlo de la contienda presidencial, en lo que fue la mayor manipulación electoral de la historia reciente del país, facilitando el triunfo de Bolsonaro en 2018.

Tanto Moro como Dallagnol confirmaron la veracidad de los mensajes filtrados. El cinismo de Moro al decir que no hay "anormalidad y direccionamiento" en la verdadera colusión entre las figuras de acusador y de juez (opinión compartida por los fiscales de la Lava Jato), pone en evidencia las arbitrariedades y el autoritarismo en los mecanismos de la operación judicial. Por ejemplo, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes liberó el tratamiento del pedido de libertad de Lula que señala la parcialidad de Moro.

Si bien es cierto que la base bolsonarista salió en defensa de Moro, encabezada por líderes evangelistas, por la bancada de la mano dura y por la cúpula de generales en el gobierno, las redes sociales mostraron que, más allá del espectro que ya desconfiaba de Moro, los sectores "de centro" criticaron la Lava Jato. El hashtag crítico a la operación judicial con el que se divulgó el escándalo, #VazaJato, tuvo casi cuatro veces más menciones que #EuApoioaLavaJato (yo apoyo la Lava Jato) y según la sección GPS Ideológico del diario brasileño Folha de Sao Paulo, los usuarios de "centro" usaron 12.400 veces #VazaJato y solo 953 veces #EuApoioaLavaJato.

El objetivo de la operación judicial Lava Jato desde el principio no tuvo nada que ver con el combate a la corrupción, que es inherente al mecanismo político de los estados capitalistas. Al contrario, esa operación reaccionaria, que utilizó métodos autoritarios como los traslados a declarar por la fuerza, prisiones preventivas y escuchas telefónicas, buscaba sustituir el entramado de corrupción encabezado por el PT por uno con el rostro de la derecha. La intención fue ir preparando el terreno para la penetración de monopolios imperialistas en puntos nodales de la infraestructura nacional, especialmente en áreas como el petróleo y construcción civil, la aplicación de una dura agenda de contrarreformas neoliberales y una serie de privatizaciones. Esto es, llevar adelante ataques a un ritmo más acelerado que los que lograba aplicar el PT, notorios en el segundo mandato de Dilma Rousseff.

Sérgio Moro fue entrenado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como reveló Wikileaks, y por el Departamento de Justicia durante la administración de Barack Obama. Era la figura que encabezaba junto a los fiscales de la sureña ciudad de Curitiba, ese especie de "brazo judicial" de la injerencia estadounidense en Brasil, que siguió agresivamente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Esto hace creer que las relaciones de Moro con Estados Unidos tenían intersecciones con agencias de espionaje e instituciones más permanentes, que dependen solo parcialmente de las fluctuaciones electorales entre Demócratas y Republicanos.

Como la Lava Jato tiene sus notorias "coordinadas extranjeras", es factible que las distintas disputas geopolíticas -como las que se dan entre Estados Unidos y China, además de la propia Rusia- y los conflictos al interior de las alas de Republicanos y Demócratas, tengan sus huellas impresas en el desencadenamiento de la propia crisis. La información fue dada a conocer por The Intercept, un medio del antitrumpista Pierre Omidyar, dueño de eBay y rival de Amazon, que en 2013 reveló información compilada por Edward Snowden sobre los servicios de espionaje en todo el mundo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos.

Las implicancias políticas alcanzan de lleno la disputa entre el llamado "bonapartismo imperial", que busca darle superpoderes al Ejecutivo bolsonarista sobre todas las demás instituciones del régimen, y el "bonapartismo institucional", que busca impedir que Bolsonaro obtenga esos superpoderes.

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En estas circunstancias, ganan fuerza las alas del régimen que se oponían al fortalecimiento de las prerrogativas de la Lava Jato por encima de otras instituciones del consorcio golpista, como la Corte Suprema (STF) -las declaraciones de los jueces supremos Marco Aurélio Mello y Gilmar Mendes contra Moro y la Lava Jato atestiguan la satisfacción de ese ala del autoritarismo judicial- y el Congreso Nacional.

Podemos nombrar algunos efectos políticos importantes abiertos por la crisis:

1) Un fuerte golpe al gobierno de Bolsonaro: el Ejecutivo sufre un revés importantes. Moro es el principal pilar "moral" del gobierno, un superministro "indespedible" que fue golpeado en el centro de su política. Bolsonaro intentó distanciarse del caso durante todo el día, dejando para sus hijos la ardua tarea de defender a Moro, hasta que el clima agrio obligó a Otávio Rêgo Barros, vocero de Presidencia, a decir que en una conversación Bolsonaro había mencionado "creer irrestrictamente en el ministro Moro". Sin embargo, no llegó al punto de salir a defenderlo en público. Muestra dificultades para lidiar con la crisis. Como certifica el analista de Folha Igor Gielow, el equipo presidencial quiere evitar movimientos prematuros que comprometan a Bolsonaro en el futuro. La eventual continuidad de las revelaciones, o factores imponderables en medio de la enorme crisis económica que se cierne sobre Brasil -con el desempleo galopante y el paro recesivo de la economía- podrían obligar a Bolsonaro a "soltarle la mano" a la figura más poderosa del régimen.

2) Potencial debilitamiento de la Lava Jato: blanco de la crisis, la Operación Lava Jato recibe el golpe más fuerte desde el 2014. Moro probablemente enfrentará una Comisión de Investigación en el Congreso, y los fiscales de Curitiba -con Dallagnol a la cabeza- ya tienen en su contra una investigación abierta por la Comisión Nacional del Ministerio Público. O Estado de S.Paulo ya pidió la renuncia de Moro, mientras O Globo sigue apoyando al exjuez. El Colegio de Abogados de Brasil (OAB) se pronunció por el alejamiento de Moro, mientras la Asociación de Jueces Federales de Brasil (Ajufe) pidió que se realicen investigaciones rigurosas. Moro sigue siendo una figura con mucha popularidad, aun que ahora se debilita mucho su principal instrumento, la Lava Jato, y hiere su imagen supuestamente "inmaculada". En ese sentido, no es fácil que caiga o renuncie, incluso para estar mejor ubicado para defenderse.

3) El PT y Lula son los grandes ganadores en la crisis: el PT, especialmente Lula, gana mucho con el "MoroGate". Los movimientos del ala anti Lava Jato de la Corte Suprema sugieren que no solo el expresidente podría cumplir su pena en un régimen semi abierto, sino incluso la liberación de Lula es una posibilidad, ya que las revelaciones confirman el carácter absolutamente arbitrario de la prisión del petista. De hecho, la crisis abierta acentúa una tendencia que se venía trazando con las entrevistas sucesivas de Lula en Folha, al propio The Intercept y a El País: la creciente legitimación del expresidente como figura política. No es imposible que esté en "estado de borrador" un pacto que incluya su reinclusión en el aun naciente régimen, con una Lava Jato más restringida. El contenido de las entrevistas de Lula, que tenía a Moro y Dallagnol como blancos centrales y enfatizaba su objetivo de demostrar su inocencia, lanza la hipótesis de que el PT ya sabía de las revelaciones. Con las credenciales de la conciliación de clases, también con partidos golpistas de la derecha, que el PT tiene en su ADN, buscarán todos los acuerdos necesarios para esa "reinserción" en el nuevo régimen que surge, incluyendo el apoyo a la implementación de la reforma previsional.

4) El "gran centro" político se fortalece: la entrevista de Folha al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y al presidente del Senado, Davi Alcolumbre, certifica el cambio categórico de la relación de fuerzas entre el Legislativo y el Ejecutivo luego del MoroGate. Después del 26M, Bolsonaro se había sentido lo suficientemente fuerte -o menos aislado- para intentar imponer su falsa retórica de "nueva política" y aprobar con sus métodos y no los del Congreso, los ajustes al pueblo trabajador. Ahora Maia y Alcolumbre, luego de que la semana pasada estaban asediados en su propia fortaleza, se mostraron en "regia sintonía" en las duras críticas contra el gobierno. Censurando todos los principales proyectos de Bolsonaro, un "mal presidente", ambos jefes parlamentarios remataron: ningún gobierno se sostiene sin el apoyo de la vieja casta política sobreviviente del Régimen de 1988. Es evidente que el Legislativo retomó la iniciativa política después de las revelaciones de The Intercept, dejando al Ejecutivo a la defensiva. El "gran centro", un grupo de partidos medianos que componen el "toma daca" característico del régimen político brasileño, se fortalece y buscará barrer a la Lava Jato del terreno político. El propio presidente de la comisión especial de la reforma previsional en Diputados, Marcelo Ramos (PL de Amazonas), representante del "gran centro", sugirió que Moro debería ser alejado del cargo. Queda en abierto las posibles consecuencias que podrán traer las próximas filtraciones.

De hecho, Maia y Alcolumbre nunca tuvieron buena relación con Moro, y su silencio congelante sobre el caso suena como una ayuda para presionar al gobierno.

5) Cambio en los ritmos de la reforma previsional: el ritmo de la tramitación de la reforma ya fue modificado y difícilmente vaya a seguir el curso previsto, opinan varios analistas. Hay un acuerdo estratégico entre todos los sectores que impulsaron el golpe institucional y los factores reales de poder económico y militar en la destrucción de las jubilaciones de millones con la reforma, y del conjunto de ajustes neoliberales contra las masas. Un ejemplo, las privatizaciones de empresas subsidiarias de las estatales, aprobada por la Corte Suprema, ahora se podrá hacer sin consultar al Congreso. Sin embargo, hay un conflicto de intereses en curso entre las distintas instituciones del régimen, que también incluye esta cuestión: ¿quién se va a beneficiar de la aprobación de la reforma previsional y quién pagará sus costos? ¿Con qué métodos se aplicará la reforma: la "coalición" o la "coerción"? Grosso modo, hay dos escenarios principales para la tramitación de la reforma en las nuevas circunstancias nacionales: 1) que el "gran centro" aproveche la debilidad provisoria del Ejecutivo, golpeado por la crisis de la Lava Jato, y avance en el Congreso su propio proyecto, haciendo que el gobierno tenga que hacerse cargo de los costos de una reforma distinta a la de Bolsonaro-Guedes, o 2)que el Congreso atrase la tramitación de la reforma previsonal "hasta que el caso Moro se aclare", con la intención de "sacar a la Lava Jato del tablero" como condición para seguir la reforma, a la que defienden con entusiasmo. Los escenarios están abiertos, hay que seguir la sucesión de acontecimientos. Al mismo tiempo que los parlamentarios dicen querer "blindar" la reforma previsional de esta nueva crisis y hacerla avanzar en el Congreso, no está claro cómo esto se va a dar.

6) Los militares siguen "sintonizados" con la operación Lava Jato: la incomodidad de varias de las principales figuras militares en el gobierno fue patente. El general Heleno, ministro de Seguridad Institucional, hizo una defensa exacerbada de la "moral intachable" de Moro, endosando el "trabajo honesto e imparcial" que mostraron los mensajes filtrados (sic). Azevedo e Silva, ministro de Defensa, también salió en defensa de Moro, y contó con el apoyo algo menos entusiasta del vicepresidente Hamilton Mourão. El general Villas Boas, que se encuentra entre los principales guardianes de la Lava Jato, también dio su apoyo a Moro y la Lava Jato, "esperanza para las relaciones institucionales". La cercanía de Moro con los generales, que nutren hace mucho una simpatía por la Lava Jato, se constató nuevamente en el reciente episodio de intrigas entre Olavo de Carvalho, el gurú ideológico presidencial, y los militares. Son uno de los pilares de sustentación de Moro, a menos que sea lo suficientemente costoso para poner en riesgo los ajustes neoliberales que defiende el alto mando de las Fuerzas Armadas.

Este alineamiento con Moro, con militares y Bolsonaro, una alianza que se materializó también en la convocatoria de las marchas bolsonaristas del 26M, puede solidificarse ahora, en una defensa común de la alianza reaccionaria que compuso el gobierno.

Imponer los ajustes de la extrema derecha son uno de los principales objetivos de la Lava Jato

La Lava Jato vino por el golpe institucional y la aplicación de los peores ajustes neoliberales contra los trabajadores, en primer lugar la reforma previsional. Las filtraciones confirman categóricamente esa definición política.

La “izquierda Lava Jato” no sabe de qué disfrazarse luego de las noticias contra Moro. Luciana Genro y el MES/PSOL defendieron la operación judicial y apreciaron el trabajo “anticorrupción” de Moro, pidiendo insistentemente que “fuese hasta el final”, lo que sin duda ha venido haciendo, ya que tenía como objetivo privatizar, entregar los recursos naturales a monopolios extranjeros y asegurar el ajuste fiscal. Ahora, la Lava Jato habría “desvirtuado” sus intenciones originales... en el mundo fantástico del MES, que cree que una operación digitada con la colaboración de Washington podría “combatir la corrupción” inherente a los capitalistas.

El PSTU, que ni siquiera vio el golpe institucional, terminó haciéndole coro a la derecha golpista y elevando la Lava Jato como nuevo “sujeto histórico” para liberar a los trabajadores de la influencia del PT, aunque se pregunta dónde están los lazos entre Moro y el imperialismo estadounidense, mientras pasó años defendiendo el autoritarismo judicial, apoyando la prisión arbitraria de Lula, lo que no le impidió seguir solemnemente adaptado a las burocracias sindicales dirigidas por el PT.

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Es imposible enfrentar la reforma previsional y los ajustes neoliberales del gobierno sin la más absoluta independencia política ante todas las variantes de autoritarismo judicial, que va desde la Lava Jato hasta la Corte Suprema, pilar del golpe institucional y de la manipulación electoral que llevó a Bolsonaro a la presidencia. Esta independencia política fue uno de los perfiles permanentemente desarrollados por el Movimiento Revolucionario de Trabajadores, grupo de la Fracción Trotskista que impulsa Esquerda Diário en Brasil.

14J: por un paro general activo, con piquetes, cortes y movilizaciones masivas en las calles para derrotar la reforma previsional

Hay que jugarse con todas las fuerzas para que el 14 de julio sea un paro general y activo, con piquetes, cortes y movilizaciones masivas para derrotar la reforma previsional. La juventud es la vanguardia de la lucha de clases en Brasil, que entró en escena con el paro educativo del 15M y tuvo un segundo acto el 30M. Esta fuerza de la juventud estudiantil debe servir para galvanizar las energías del movimiento obrero, para que también salga a las calles, transformando su peso social en peso político contra la agenda neoliberal del gobierno y el desempleo. Hay disposición para enfrentar y derrotar la reforma. Los obstáculos, sin embargo, vienen también de las direcciones sindicales burocráticas, que actúan como freno mientras negocian la reforma a espaldas de los trabajadores.

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Mientras la burocracia sindical neoliberal de la UGT y Força Sindical directamente apoyan la reforma de Bolsonaro o solo pretenden “vaciarla”, el PT y el PCdoB, que dirigen la CUT y la CTB respectivamente, dicen estar en contra pero sus gobernadores impulsaron una reforma previsional propia. Ahora esos gobernadores quieren que sus provincias sean incluidas en la reforma previsional de Bolsonaro, un verdadero escándalo. Al mismo tiempo atacan a quienes luchan por la educación, descontando los días caídos, como hizo el PT en Bahia y en Piauí. En Maranhão, el gobernador Flávio Dino del PCdoB firmó el manifiesto por una reforma previsional propia, pero además negocia con su histórico aliado, el presidente de Diputados Rodrigo Maia, que es una pieza crucial de la reforma previsional y del pacto de Bolsonaro. Qué decir de figuras como Tábata Amaral, del PDT de Ciro Gomes. No solo quiere aprobar su versión de la reforma previsional tras reuniones con Maia y Guedes, sino dijo que “hay facultades y universidades a las que se puede recortar más que a otras”.

Están negociando descaradamente la reforma previsional a espaldas de los trabajadores mientras jóvenes y trabajadores muestran en las calles que no van a aceptar los ataques del gobierno. Queremos derrotar la reforma previsional, no “modificarla”. El 14J saldremos a las calles con este objetivo. En lugar de negociar la reforma con nuestros enemigos, las centrales sindicales deberían usar todo su aparato para poner a millones de trabajadores en las calles en todas las capitales del país y organizar en las bases la más contundente demostración de fuerzas.

Con este contenido, llamamos al PSOL, a Guilherme Boulos y sus parlamentarios, para que convoquen a la juventud, que mostró su fuerza el 15M y el 30M, para ir a las puertas de las fábricas, escuelas, subtes y lugares de trabajo para unirse con los trabajadores, imponiendo a la burocracia una fuerte huelga general. La batalla por unir las filas de jóvenes y trabajadores, por objetivos prácticos de acción en la lucha de clases, es la política necesaria para tirar abajo la reforma, en lugar de hacer “frentes parlamentarios” que el PSOL hace con partidos burgueses que incluso están dispuestos a apoyar una reforma previsional.

También hemos llamado al PSOL para luchar juntos en el movimiento estudiantil por la autoorganización de los estudiantes, para coordinar democráticamente la lucha contra los ataques y desarrollar el poder de decisión de la base sobre los rumbos del movimiento. Reiteramos también este llamado, que va más allá del 14J, porque los rumbos del movimiento estudiantil no pueden ser definidos por la cúpula de la dirección mayoritaria de la UNE, que convoca a movilizaciones cuando quiere, en forma dispersa, separada de los trabajadores, y no organiza desde las bases la coordinación de los sectores en lucha, lo que solo puede darse con un Comando Nacional de Delegados elegidos y revocables por asambleas de base, a lo que la UNE tendría que convocar en forma urgente. Así se evitaría también la dispersión del movimiento durante las vacaciones de julio. Batallemos juntos por coordinaciones municipales y provinciales de este tipo.

No podemos separar la lucha económica de la batalla política. Contra los ajustes neoliberales del gobierno y los recortes a la educación, necesitamos levantar un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. El gobierno quiere una nueva “generación perdida”, aplastada por el desempleo y la precarización del trabajo, como en Rappi, iFood, etc. Contra la reforma previsional, exigimos el no pago de la fraudulenta deuda pública, la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario para atacar el flagelo del desempleo y de la precarización en la juventud.

Ante la crisis abierta, hay que decir: contra esta democracia manipulada por jueces con intereses políticos, exigimos que los jueces sean elegidos por el pueblo, que sean revocables en cualquier momento y cobren lo mismo que una docente, aboliendo los subsidios que reciben. Para terminar con la fiesta de empresarios y políticos corruptos, que alcanza a todos los partidos dominantes, todos los juicios por corrupción deben ser realizados por jurados populares, aboliendo los tribunales superiores.

Defendemos la inmediata libertad de Lula, sin cualquier apoyo político al PT, que abrió el camino al golpe institucional con su estrategia de conciliación de clases.

Consideramos que en caso que se desarrollen las movilizaciones de masas contra los ataques neoliberales, en medio de la crisis del gobierno con el escándalo de la Lava Jato, la tarea de la izquierda debe ser elevar las aspiraciones de esas movilizaciones, planteando la necesidad de luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que se contraponga a todo tipo de soluciones bonapartistas, con un programa de demandas democrático radicales, anticapitalistas y antiimperialistas, como el no pago de la deuda pública, la expropiación de los grandes terratenientes y de los principales recursos estratégicos de la economía bajo control popular y otras medidas que respondan a las demandas más sentidas de las camadas explotadas y oprimidas, en defensa de los sectores oprimidos, mujeres, negros y la comunidad sexodiversa. Una lucha dentro de la que puedan surgir las fuerzas para pelear por un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo, basado en organismos de democracia directa de las masas.