Luego de una serie de reformulaciones, fue aprobada la propuesta de texto base del proyecto de Aloysio Nunes Ferreira (PSDB de San Pablo) que tipificará el crimen de terrorismo. El proyecto debe volver a la Cámara de Diputados antes de ser sancionado.
Viernes 30 de octubre de 2015
Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado y Roberto Stuckert Filho
El proyecto
Actualmente, la legislación (en Brasil) no prevé específicamente el terrorismo como crimen. Con el proyecto, terrorismo consistirá en “atentar contra personas mediante violencia o grave amenaza, motivado por extremismo político, intolerancia religiosa o prejuicio racial, étnico, de género o xenófobo, con el objetivo de provocar pánico generalizado”. Se considera terrorismo por extremismo político, a efectos de la Ley, el acto “que atente gravemente contra las instituciones democráticas”. Con eso, el proyecto del PSDB puede transformar manifestaciones que, por ejemplo, se defiendan de la tropa de choque de la policía militar, que para los ricos y sus políticos es una “institución democrática”, en un acto terrorista.
Aunque el texto final aprobado por el Senado es de Aloysio Nunes, del PSDB, el proyecto inicial fue presentado por el gobierno del PT. Desde las manifestaciones de 2013 y con el Mundial de Futbol de 2014, el gobierno elevó de manera exorbitante los gastos en represión violenta e “inteligente” por parte del Estado. En 2013, la conocida filósofa petista Marilena Chauí, en una conferencia a la Policía Militar (PM) de Río de Janeiro afirmó que los participantes de las manifestaciones serían extremistas políticos y fascistas que actuarían en contra de una “institución democrática”. Es decir que la PM de Río de Janeiro, que había torturado y matado al albañil Amarildo, por ejemplo, sería defensora de la democracia contra las manifestaciones.
El proyecto de Aloysio Nunes, cuando habla de “atentar gravemente contra las instituciones democráticas” se refiere a la misma concepción. El proyecto permitirá castigar con hasta 30 años, que es la pena máxima de cárcel en el sistema penal brasilero.
Además, el gobierno apoyaba el proyecto ante la presión del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Gafi), que es una organización intergubernamental que hace una serie de recomendaciones para que sean adoptadas por los países. No adoptar medidas que tuviesen en vista al terrorismo podrían incluso perjudicar las relaciones del gobierno con las agencias internacionales, rebajando su rating que ya viene cayendo desde hace algún tiempo.
Sin embargo, ante las últimas modificaciones, en las que fue retirada la parte que preservaba a los movimientos sociales, el gobierno tuvo que retroceder en su posición y votar en contra del proyecto, ya que la nueva estrategia del gobierno viene siendo la de diferenciarse demagógicamente del PSDB diciendo que componen una oleada conservadora, que supuestamente no tendría nada que ver con el gobierno de Dilma.
Ahora el senador Lindberg Farias (PT de Río de Janeiro) dijo que el PT cambió de posición porque hubo un cambio en el proyecto. “Sacar un artículo que preservaba a los movimientos sociales abre el camino para criminalizar a los movimientos sociales”.
De esta manera, si por un lado está clara la posición de los que votaron a favor, como el PSDB y el PMDB, de criminalización de los movimientos sociales, por otro lado es turbia la posición del PT. Pero yendo más a fondo vemos que el objetivo no difiere de los partidos de la derecha. Si hoy votan en contra es porque su interés en los movimientos sociales se centra en aquellos movimientos que salen a las calles a defender al gobierno y están , por ejemplo, en las fábricas aplicando el antiobrero Programa de Protección del Empleo, como la CUT. Su interés entonces no es el de los movimientos transformadores, al lado de los trabajadores y la juventud, sino justamente aquellos que garantizan la gobernabilidad necesaria para aplicar el ajuste que ataca a los trabajadores y el pueblo pobre.
En ningún momento algún senador propuso que los políticos ganen como una maestra, cuestionando sus propios salarios, en contraste con el de los docentes que sufren despidos en masa. Para los políticos del orden está claro que manifestaciones como la de Junio (del 2013) por ejemplo son una traba para sus políticas de privilegio, conservadoras y que en nada buscan favorecer a la población.
