El pasado martes 10 de octubre la policía de Morelia detuvo a dos defensores ambientales por manifestarse en contra de la construcción de una vialidad sobre un área natural protegida, con riesgo de deslave y donde además existe una falla geológica.
Jueves 12 de octubre de 2017
Curiosamente, la empresa encargada de construir ésta vialidad es la misma responsable del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca que costó la vida de dos personas.
La detención de los defensores ambientales el pasado martes 10 de octubre, Armando Olivares Valencia, catedrático de la UNAM Morelia, y Hugo Salas, ambos integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), después de manifestarse contra la construcción del Ramal Camelinas en la Loma Santa María, es una muestra de cómo el gobierno michoacano de Silvano Aureoles defiende a toda costa los intereses empresariales de la constructora PROACON, sin importar la falla geológica sobre la que construye o los riesgos de deslave que presenta la zona, poniendo en peligro la vida de los habitantes de la colonia Ocolusen.
Los defensores ambientales denunciaron que durante la manifestación que realizaban se violaron sus derechos humanos ya que los policías ministeriales hicieron abuso de autoridad al momento de llegar al lugar de la manifestación sin identificación alguna en las patrullas que tripulaban. Además, invadieron la propiedad privada de los colonos al ingresar a sus casas a golpearlos.
La defensa de la Loma Santa María
La Loma de Santa María se encuentra al sur de la ciudad de Morelia, es un área natural protegida y zona de recarga del acuífero más importante de la zona sur de Morelia; también, una zona con fallas geológicas activas y con presencia de deslave.
Con base en una entrevista realizada a la Dra. Patricia Ávila García, a través de un comunicado del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, a finales de los años noventa se urbanizaron áreas como la Loma de Santa María, lo cual posibilitó la valorización de predios ecológicos y justificó la inversión pública para la construcción de vialidades e infraestructura para el desarrollo de proyectos inmobiliarios dirigido a sectores de altos ingresos como Tres Marías y Altozano.
Con el impulso de esos proyectos inmobiliarios desaparecieron zonas de reserva y preservación ecológica, además se impulsaron proyectos viales que conectaran el Centro Comercial Altozano, ubicado en la Loma de Santa María con Avenida Camelinas en el sur de la ciudad.
De acuerdo al comunicado de la UNAM, el proyecto de vialidad en la Loma de Santa María ha estado en disputa desde 2006, y gracias a la protesta y movilización de los pobladores, se logró detener en tres ocasiones dicho proyecto: en los años 2006, 2007 y 2010.
Aunque el bosque está en riesgo, así como especies de flora y fauna y el acceso al agua, actualmente están en proceso los trabajos de construcción del proyecto vial denominado Ramal Camelinas, esto a pesar de que en la página oficial del ayuntamiento de Morelia, se considera a la Loma de Santa María como una zona sujeta a preservación ecológica.
Los riesgos para los pobladores de la colonia Ocolusen
La construcción del Túnel I del Ramal Camelinas conecta a la Loma de Santa María. Actualmente se están llevando a cabo los trabajos para la construcción del Túnel II, el cual conecta a la colonia de Ocolusen, donde habitan aproximadamente 14 000 personas.
El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma ha denunciado las graves consecuencias ambientales y geológicas que conlleva la construcción del proyecto vial y las afectaciones a vecinos de la colonia Ocolusen, donde desde marzo se realizan detonaciones para fracturar y extraer la piedra, y así abrir paso a la construcción de la vialidad.
Los pobladores de Ocolusen han denunciado reiteradamente que las explosiones les arrebatan la tranquilidad, pues nunca saben cuándo será la siguiente, puede ocurrir cuando están durmiendo o cuando los niños se encuentran en la escuela; además, sus viviendas ya cuentan con grietas y temen el riesgo que eso conlleva.
Mientras se llevaba a cabo la construcción del Túnel II ocurrió un deslave en Ocolusen, y según lo que indicó Moctezuma Madrigal, integrante del MCDL, el depósito del deslave quedó a unos cuantos metros de la Secundaria 77, poniendo en riesgo a vecinos y estudiantes y dejando de manifiesto la inestabilidad de la ladera donde se construye el Ramal Camelinas. Ese incidente mostró que las posibilidades de deslaves mayores son muy probables.
La misma constructora del Pasó Exprés en Cuernavaca
La constructora PROACON es la responsable de la construcción del Ramal Camelinas, la cual pertenece al consorcio ALDESA, la misma responsable del Pasó Exprés en Cuernavaca que ocasionó un socavón donde murieron dos personas.
A partir del surgimiento del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Morelos dejó fuera a la constructora ALDESA para las reparaciones contratando en su lugar a la empresa Freyssinet, esto debido a la presión de los habitantes afectados por la vía, quienes denunciaron inundación de sus casas, fracturas en paredes, modificación de cauces y barrancas y reducción de la zona peatonal.
Sin embargo, el gobierno de Michoacán a través de la SCT sigue permitiendo la construcción por parte de ALDESA en el Ramal Camelinas a pesar de lo ocurrido en el Paso Exprés y teniendo en cuenta la peligrosidad que representa construir en esa zona con una falla geológica.
No más proyectos de muerte
Los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre revelaron que las empresas inmobiliarias lucran a costa de la seguridad de miles de personas, y nos mostraron que no podemos predecir fenómenos naturales como los sismos pero la tragedia que le arranca la vida a miles de personas sí se puede prevenir.
Ya sea mediante la construcción de edificios que no cuentan con los aspectos mínimos de seguridad y que con un sismo se vienen abajo, o mediante la implementación de una vialidad en una zona peligrosa por la presencia de una falla geológica y en riesgo de deslave, el gobierno prefiere poner por delante los intereses de las empresas a las que otorga la concesión, y lo que está en juego es la tranquilidad y seguridad de cientos de familias.
Basta de que lucren a costa de la naturaleza y la seguridad de las personas de sectores populares y de que criminalicen a los defensores ambientales. Hay que rodear de solidaridad a todas aquellas personas que luchan contra los intereses de las empresas que promueven proyectos de muerte cobijados por el gobierno.
