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Red Internacional
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ACUERDO POR 1.750 MILLONES DE DÓLARES. En Costa Rica el Gobierno se inclina ante el FMI y ajusta a los trabajadores

El presidente Carlos Alvarado Quesada concretó un acuerdo con el FMI que implica un duro ajuste al salario y jubilaciones.

Jueves 28 de enero de 2021 23:22

El acuerdo entre el Gobierno de Alvarado y el FMI por 1750 millones de dólares está condicionado a los siguientes elementos de ataque al salario: Aplicación de la regla fiscal en salarios públicos que no recibirán ajuste por costo de vida de manera indefinida mientras la deuda no baje del 60% del PIB, congelamiento de pensiones con cargo al presupuesto nacional superiores a los ¢462 mil mensuales, el Proyecto Ley de Empleo Público, con esquema de salario global sin pluses, con ahorro promedio del 1,4% del PIB, reducción de exoneraciones (incluye gravar salario escolar superior a ¢840 mil), aumento del 15% el impuesto a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y planes de ahorro abiertos en esas organizaciones, aumentar en 5 puntos los impuestos a remesas de forma permanente, la venta de la cartera de clientes de Conape, entre otros.

El ministro de Hacienda Elián Villegas indicó que no se incluye en la propuesta cambios al impuesto de Valor Agregado (IVA), ni gravar las transacciones bancarias, ni modificación al impuesto de bienes inmuebles o a las pensiones complementarias ni privatización de instituciones públicas, que eran las medidas que el Gobierno había anunciado. Estas medidas no se incluyen en el acuerdo, no porque Alvarado no estuviera dispuesto a hacerlo, simplemente el FMI lo llevó en otra dirección. El Gobierno de Carlos Alvarado totalmente postrado ante el FMI ahora se prepara para aplicar lo que le dijeron sus amos imperiales y la clase trabajadora debe prepararse para pelear.

El FMI dice que la reforma es progresiva

De manera cínica, los datos así presentados, hacen pensar que esta política está por ejemplo diseñada para que los sectores muy pobres no paguen los efectos de la crisis. Sin embargo esto no es así, pues ya de entrada, todas las pensiones superiores a 462 mil colones, los salarios escolares superiores a los 840 mil colones, así como por definición la gran mayoría de los salarios públicos (salvo los exorbitantes salarios de decenas de millones de gerentes de bancos, jueces, etc.), son parte fundamental de la clase trabajadora de este país, con todo y que sus ingresos por salario sean mayores a los de los trabajadores privados (que como veremos en realidad pagan mucho más de lo que reconoce el Gobierno), que perciben salarios mucho menores por lo miserable de la burguesía nacional y las empresas transnacionales, cuyo gran negocio es precisamente no pagar sueldos altos.

La posición de Alvarado para la clase trabajadora del sector privado, en todo caso es muy clara. En su nueva política crediticia, que va a llevar más de 575 mil millones de colones a los bancos públicos y privados, y que permitirá la reducción de cuotas hasta en un 58%, a través de readecuaciones, refinanciamientos y prórrogas de deuda, Alvarado dijo que el crédito es para el sector productivo “para mantener estos empleos”, para “conservar el trabajo” y para “proteger el capital de los bancos. Esto significa entonces que nada de esa política de crédito está destinada contra el desempleo del 22% que afecta a las familias trabajadoras más pobres.

Y sin embargo habrá un aumento del 15% el impuesto a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y planes de ahorro abiertos en esas organizaciones, que son de hecho instancias en que empresarios organizan a “sus” trabajadores para que no hagan sindicatos.
La reducción de diversas maneras del salario es en realidad una práctica cotidiana pues un 47% de los trabajadores son informales o en precarización. Además en la empresa privada se desconocen los más elementales derechos laborales y sindicales, cuyo mejor ejemplo han sido los cientos de miles de trabajadores migrantes nicaraguenses que el Estado ilegaliza para que los empresarios exploten mejor. Ahora los migrantes se mantienen sin derechos, pero pagarán más impuestos que las cámaras empresariales. ¡Alabado sea el FMI! Hasta la lotería de la Junta de Protección Social va a pagar más impuesto que la clase empresarial de este país. Hasta el gordo va a ser más flaco.

Ante estas condiciones, no es extraño que el FMI haya calificado el acuerdo como progresivo, pues al menos parece que se podrían algunos impuestos a millonarios… Una casa de 150 millones pagará 750 000 colones al año y una casa de más de dos mil millones, pagará 5 millones al año. Respectivamente pagarán 0,5% y 0,25% de ese valor. Por supuesto, no podemos saber cuánto es el ingreso total bruto de esas personas, debido a las leyes de la propiedad privada, pero en todo caso para pagar una casa así el ingreso debe ser correspondiente a esos valores.

Sea cual sea el caso, 0.5% y 0,25% es un ingreso exorbitantemente menor al que porcentualmente paga cualquier salario por concepto de impuestos. Por ejemplo un salario de 842 000 colones pagará 1 010 400 colones al año y si fuera un salario de 1 236 000 colones pagará 2 224 800 colones al año, sin sumar el nuevo impuesto al salario escolar. Y por supuesto, son muchísimos más los salarios taxados que las casas de lujo del país.

Por ahora lo más grave es que todavía faltaría un 1% de “ahorro” que el FMI y el Gobierno no saben de dónde saldrá. No tenemos buenas expectativas.

Una política para enfrentar al Gobierno y al FMI

Los recientes acuerdos entre el Gobierno y el FMI, dan cuenta de un Carlos Alvarado que ha tomado la decisión de entregarse al capital financiero internacional, que ha tenido y tendrá una política muy dura contra toda la clase trabajadora (pública y privada), que tiene una política crediticia diseñada para mantener las riquezas privadas de los empresarios nacionales, con una política fiscal contra el salario y a favor del capital y que a través de imponer duras medidas de ajuste fondomonetarista busca la estabilidad política mientras el PAC y demás partidos burgueses se preparan para las elecciones nacionales.

Desde Organización Socialista Revolucionaria estamos por el retiro definitivo de la política de endeudamiento con el FMI que promulga el Gobierno. La deuda externa no es solo imposible de pagar e ilegítima sino que es sobre todo un mecanismo de control sobre trabajadores y el pueblo pobre por parte del capital financiero y los político y empresarios locales ¡No al pago de deuda externa! Además la clase trabajadora no debe pagar una crisis económica que no generó ¡Qué la crisis la paguen los ricos!

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El no pago de la deuda debe estar asociado a un mayor incremento del presupuesto en salud, para atender las consecuencias de la Covid-19, sin que eso implique recortes en otros sectores, como el presupuesto a la educación pública ¡Contra los recortes del FMI! ¡Por la defensa de la salud y la educación pública y gratuita!

Planteamos fuertes impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las zonas francas. Allí está el dinero para la educación, la salud y la vivienda. Si las empresas no quieren someterse a ello, hay que expropiarlas y ponerlas bajo control de las y los trabajadores.

Llamamos a la creación de comités de base para organizar la lucha contra el FMI y para impulsar un encuentro democrático de trabajadores, que debe ser una instancia de hecho y de derecho, por tanto emplazamos a las direcciones sindicales a que lo convoquen.

Ni un solo despido ni reducción de salarios. En su lugar, deben, haber salarios de cuarentena al nivel de la canasta familiar para todas y todos los trabajadores despedidos y con suspensiones, pagados con los impuestos de las grandes fortunas. Además, las jefaturas, diputados y gobierno central del Estado deben tener salarios iguales al de maestros y maestras públicos o enfermeros de primera línea. Basta de “sueldos” millonarios y privilegios para los altos jerarcas del Estado mientras la clase trabajadora sufre un ataque permanente del Gobierno, el FMI y sus acólitos como La Nación y los otros partidos.

Es necesario que las organizaciones sindicales se democraticen radicalmente. Llamamos a que las organizaciones sindicales se abran completamente para incorporar dentro de sí a todos los trabajadores de la empresa privada ¡Nunca más la clase trabajadora debe estar artificialmente dividida! Como parte de esto los migrantes nicaragüenses deben contar con seccionales democráticas especiales ¡Todos los derechos para todos los migrantes!

A las organizaciones de izquierda les proponemos que realicemos campañas sistemáticas de militancia conjunta contra el FMI en nuestros sectores de intervención, impulsemos debates y actividades con el objetivo de elevar el nivel de organización de la clase trabajadora como un todo.