En una delación "premiada", Sérgio Machado, expresidente de la mayor procesadora de gas natural de Brasil, denunció el pago de coimas a decenas de políticos. Un régimen político en el precipicio.
Viernes 17 de junio de 2016
La lista en la que se menciona a los políticos involucrados en escándalos de corrupción recorre a todos los mayores partidos del orden político vigente. Cuanto más se desarrolla la operación Lava Jato, que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras, menos previsible es la política. Con el Supremo Tribunal Federal (STF) o el "partido judicial" dividido entre lavarle la cara o no a los políticos ladrones, ¿hacia dónde va la política en Brasil?
Fueron más de 20 políticos de distintos partidos, entre ellos el PMDB, PP, PT, DEM, PSDB, PSB y PCdoB, incluyendo nombres como el del recién asumido presidente golpista Michel Temer. Solo el partido de Temer, el PMDB, recibió alrededor de 100 millones de reales según el testimonio de Machado. El expresidente de la República José Sarney habría recibido alrededor de 18,5 millones de reales, que Transpetro ofrecía sin periodicidad, pero que servía para contornar, en varias ocasiones, y "estabilizar" las dificultades con la base política de Sarney.
Diversos petistas citados tienen relación con las coimas provenientes de los astilleros de Angra dos Reis en Rio de Janeiro, incluyendo a Jandira Feghali, una de las principales candidatas a la prefectura de Rio. Más denuncias recayeron sobre el tucano Aécio Neves, quien recibió el "vuelto" de un millón de reales para garantizar su presidencia en la Cámara de Diputados en 2001. Según Machado, las empresas que en los últimos años estuvieron de acuerdo con realizar el pago de coimas son incontables: Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão, NM Engenharia, Estre Ambiental, Polidutos, Essencis Soluções Ambientais, Lumina Resíduos Industriais y Estaleiro Rio Tietê.
Mientras las denuncias corren, la Corte Suprema arbitra a como dé lugar. El “partido judicial”, compuesto por apenas 11 jueces, decide a quién libra de las denuncias y a quien no. El cambio en el procedimiento hecho hace meses atrás, que ahora obliga a comenzar a cumplir condena en segunda instancia, solo sirve para acelerar los grandes acuerdos espurios de delaciones premiadas entre los políticos corruptos, mientras el 40% de la población carcelaria (los presos comunes no apadrinados por las grandes constructoras) siguen cumpliendo pena sin la menor previsión de juicio, y esconde así la repugnante cara de esto que llaman "democracia".
La Corte Suprema entonces caza a unos y libera de culpas a otros cuando quiere, según el nivel de influencias y beneficios que estas acciones puedan traer (¿como promocionar a los tucanos paulistas, tal vez?). Rodrigo Janot, procurador general de la República, ordenó esta semana la prisión del presidente del Senado, Renan Calheiros, del presidente interino del PSDB, Romero Jucá, del expresidente de la República José Sarney, comenzando un gran terremoto institucional en el escenario político, pero el ministro de la Corte Suprema Teori Zavascki negó las prisiones, diciendo que "no habían indicios concretos". Pero ¿dónde está todo el dinero que robaron y que hasta ahora no ha vuelto a las arcas públicas? ¿Quién está pagando por esto? Cunha fue “rifado” en la búsqueda de "mejorar" un poco la cara del golpe contra Dilma y buscar que el pueblo crea que "están mejorando el país".
La operación Lava Jato no busca combatir la corrupción, sino fortalecer y sustituir un esquema de corrupción por otro, pero esta vez con el aval del poder judicial. En el marco de la delación que alcanza al golpista Temer, se profundiza la imprevisibilidad de la situación política nacional y el nivel de división en la que hoy se encuentra el "partido judicial", con Janot y Teori enfrentados en una lucha de poderes. Cuanto más la operación Lava Jato se profundiza para aquellos que los jueces elijen "castigar", mayores son las imprevisibilidades del escenario político.
Ya está más que comprobada la “cara sucia” de este golpe, que sacó a Dilma Rousseff de su cargo para poner a Michel Temer, que ahora está denunciado por recibir coimas. Ninguna novedad en el mundo de los mortales. La lucha contra la corrupción debe tener el objetivo de desenmascarar la cara de este sistema podrido, ya que lo ocurrido es solo una muestra del juego de intereses vigente en Brasilia, mientras la población sigue siendo saqueada y sus derechos siguen siendo rifados. Quieren sustituir un esquema de corrupción por otro, no quieren dejar de tener sus privilegios. Quien paga más, gana en la actual coyuntura. Y están abiertas todas las posibilidades.
En base al artículo original en portugués publicado en Esquerda Diario
