PAROS Y BLOQUEOS. Importante movilización indígena y campesina en Colombia

Pese al gran despliegue represivo, decenas de miles de hombres y mujeres del campo realizaron numerosas concentraciones, marchas y bloqueos viales en los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, Santander, Antioquía, Chocó y otros. Al día de hoy comenzaban a hacerse acuerdos para suspender la medida con el compromiso del gobierno de reinstalar la Mesa de Interlocución y Diálogo (MIA) y discutir el pliego de exigencias. Es posible que hoy se suspenda los cortes en la estratégica ruta Panamericana.

Las organizaciones campesinas e indígenas convocantes, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y otros movimientos sociales reclaman el incumplimiento estatal de acuerdos firmados en 2013, tras el anterior paro nacional. Son numerosas las demandas: caminos, asistencia técnica y económica, escuelas y salud, derechos de los pueblos originarios. Entre ellas se destacan el rechazo a la erradicación forzosa de los cocales y otros cultivos ilegalizados y la denuncia de la criminalización de la protesta, del paramilitarismo y la represión estatal.

La inclusión de promesas de tratamiento a estos temas en los Acuerdos de La Habana generó expectativa en sectores campesinos, pese a lo lavado y limitado de los puntos I y IV, ya que de hecho renunciaban a una reforma agraria integral. Sin embargo, el régimen ni siquiera quiere implementar los engañosos mecanismos de negociación anunciados. Es que está comprometido hasta el hueso en una política agraria dictada por los intereses de los grandes propietarios de tierras, entre ellos, ganaderos y terratenientes ligados al paramilitarismo y al narcotráfico que durante el largo conflicto armado interno despojaron y expulsaron a millones de campesinos mediante el terror más brutal y con la complacencia estatal.

El gobierno defiende también los pactos con el imperialismo bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” financiada con el Plan Colombia. Ésta se centra en la militarización del campo y la erradicación forzosa de los cultivos considerados ilícitos, atacando fundamentalmente a los campesinos en lugar de combatir a los poderosos círculos empresariales, terratenientes, financieros y de los medios estatales tan estrechamente ligados al gran negocio narco.

Decenas de miles de hogares campesinos, escasos de tierra y sin otros medios de subsistencia, encuentran en la coca, la amapola o la marihuana un producto comerciable que les ayuda a aliviar la miseria, algo que otros cultivos no permiten dados los bajos precios, en el marco del acaparamiento de tierras por los poderosos, el difícil acceso a los mercados, la falta de asistencia técnica y financiera. Pero el Estado criminaliza al pequeño cultivador, militariza el territorio y reprime en violentos operativos policiales y militares que saturan de glifosato las parcelas, con el consiguiente riesgo para la salud humana y el ambiente.

Esta política se ha demostrado un fracaso, en los últimos años se extendieron los cultivos de hoja de coca, pasando de unas 95.000 hectáreas en 2015 a más de 140.000 actualmente, lo que provoca el enojo yanqui. El propio Trump ha exigido cumplir con los acuerdos de erradicación forzosa y el servil gobierno de Santos responde incrementando la represión en las zonas cocaleras.

Un testimonio del paro nacional que recoge la ONG Corporación Arcoiris en el Chocó (una de las regiones más golpeadas por el paramilitarismo en la década pasada) explica que: “La paz debe ser con apoyo al campo. El campo no sale adelante con que le den a uno una bolsa de semillas de perejil y cilantro”, explica con firmeza Eladio Gómez Salazar ante 300 vecinos del corregimiento La Italia –San José del Palmar, Chocó– reunidos en asamblea desde el 27 de octubre para rechazar la erradicación forzada de cultivos de coca.

“Nos hemos vuelto marionetas de los políticos, sólo existimos en las campañas”, prosigue Eladio Gómez mientras enumera, como buena parte de los presentes, aquel viejo memorial de agravios: no hay vías, no hay puentes, no hay escuelas, no hay electrificación, no hay puestos de salud, no hay proyectos productivos, ni créditos, ni acompañamiento técnico para los campesinos, se llevaron las oficinas del Banco Agrario y del Fondo Ganadero, no hay trabajo, no hay tierras. “Esa es la guerra”, concluye”.

La situación histórica de violencia estatal, mafiosa y terrateniente generó importantes procesos de resistencia campesina. Las FARC desarrollaron su influencia en algunas regiones reflejando de manera distorsionada las tradiciones de resistencia, si bien con una estrategia militarista desastrosa para el desarrollo y unificación de la movilización obrera, campesina y popular. Ahora, como resultado del Acuerdo final, la desmovilización y desarme de los ex guerrilleros, concentrados hoy en unos 26 puntos del territorio a la espera de la reincorporación a la vida civil y política, despejó un amplio territorio en el que está penetrando la fuerza pública, pero también bandas paramilitares y clanes narcos.

Por eso, el repunte del paramilitarismo generó una nueva ola de asesinatos selectivos y amenazas a líderes sociales que desde enero de 2016 acumula unos 200 casos, además de cientos de amenazados. De ellos, casi la mitad en lo que va de este año, incluyendo unos 33 miembros y simpatizantes de la FARC, al punto que hasta la ONU se ha expresado sobre el tema. En particular, las organizaciones originarias que desarrollan la “Minga” (del quechua "trabajo comunitario") denuncian que en ese período han sido victimados más de 40 indígenas. Y es este otro reclamo importante en la movilización.

Más allá de que se firmen nuevos acuerdos y el gobierno logre suspender las medidas de lucha, las demandas campesinas e indígenas son de imposible resolución en los marcos de la política del gobierno y las promesas huecas del Acuerdo final, pues exigirían una reforma agraria profunda e integral. El conflicto cocalero se inscribe así entre las consecuencias, que siempre sufren los más pobres, de largos años de ofensiva terrateniente, abandono estatal y guerra interna.

No es casual entonces que sumándose a las históricas y justas demandas campesinas e indígenas, estos temas –erradicación forzosa y represión estatal y paramilitar- añadan un elemento de importancia a las tensiones que acumula la marcha de la “pacificación” tras el desarme de las FARC.

Esto incide en una coyuntura de crisis política, en medio del descrédito del gobierno Santos, la polarización con el uribismo, las trabas en el Congreso para tratar las leyes que demanda el Acuerdo final (justicia transicional, participación política de la FARC, legislación agraria) y el descrédito general de los partidos políticos, todo lo que genera fuerte incertidumbre de cara a las próximas elecciones de 2018 y tiñe el panorama del “posconflicto”.

Junto con otras movilizaciones y paros de importancia -como la larga lucha docente de más de un mes y la reciente huelga de los pilotos de Avianca-, la movilización campesina e indígena podría preanunciar una mayor intervención de los trabajadores y los sectores populares en el escenario nacional.