El Juez Alvarez Melinger de Bariloche rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal de Río Negro para reabrir la Formulación de Cargos contra seis voluntarixs acusados injustamente de iniciar el incendio en Charcra Palma de Mallín Ahogado. Sin aportar evidencia nueva y sobre la base de tecnicismos legales, el MPF busca dar sustento al discurso punitivista del poder político, que mantiene preso a Nicolás Heredia.
Jueves 20 de febrero 16:22
La audiencia fue solicitada este jueves 20 de febrero por el Ministerio Público Fiscal (MPF)para impugnar la resolución del juez Calcaño del pasado 9 de agosto que determinó la liberación de lxs 6 imputadxs por el incendio en el área de Chacra de Palma. El juez Marcelo Oscar Álvarez Melinger, decidió desestimar la recusatoria del MPF que pidió revisar la decisión del juez de garantías Ricardo Calcaño, quien había considerado prematura la formulación de cargos ya que no había suficiente evidencia para ello.
En la figura del Fiscal Jefe Martín Lozada, el MPF dijo que los testimonios incriminatorios recogidos en el lugar a las hermanas Palma y a otros miembros de la familia Palma, daban cuenta de la necesidad de abrir la investigación y profundizarla. Aduciendo que habían tenido poco tiempo (24 horas) desde el momento de la detención hasta la audiencia de Formulacino de Cargos, para producir la evidencia necesaria, Lozada intentó argumentar arbitrariedad por parte del juez al desestimar las pruebas expuestas por el Ministerio Público Fiscal.
“Cabe preguntarnos cuántos testigos necesitaba el juez para determinar el hecho, no bastaron cuatro. Deberíamos consultarlo sobro el número preciso necesario”, ironizó Lozada, quien buscó argumentar mediante la jurisprudencia la extrema “provisoridad y probabilidad” de una acusación que “no está aún cristalizada”. Lozada planteó que estaba vedado al juez ponderar las pruebas presentadas en dicha etapa del periodo procesal. Negando que se viera “afectada la presunción de inocencia” por parte de la formulación del Ministerio Público Fiscal y destacando que rigen “todas las garantías vigentes”, la negativa de Calcagno a dictar la prisión preventiva, constituiría un impedimento para el desarrollo de la investigación .
A su momento, el defensor público Marcos Cicciarello, planteó que la resolución del Juez Calcagno se sustentó en que no hay pruebas concluyentes más que la “no acreditación de causas al inicio del incendio” que certificó el informe de bomberos de Río Negro, en el cual el perito a cargo “no descartó la presencia de acelerantes derivados de hidrocarburos”. Sin embargo, un nuevo peritaje hecho con posterioridad a la audiencia del 8 de febrero descartó la presencia de hidrocarburos, sostuvo el abogado. “El juez advirtió que no había ninguna información que dé sustento al planteo de la Fiscalía”, afirmó, desestimando dos de los tres testimonios presentados por el MPF, ya que tanto Gabriela Palma como otra persona de la familia mencionada por el envío de un audio, declararon “no tener sospechas firmes contra las acusadas”.
Asimismo, Cicciarello planteó que “no hay anclaje fáctico en la prueba producida en la pesquisa del Ministerio Público Fiscal, la cual continuó con posterioridad a la fracasada audiencia de formulación de cargos”, desmintiendo así que la resolución del juez Calcagno haya entorpecido nla tarea de pesquisa del MPF. Tanto Cicciarello como la Defensora Adjunta, Mónica Goye. solicitaron rechazar el recurso de formulación de cargos del Ministerio Público Fiscal.
Goye, incluso, destacó que “no hubo valoración de la prueba por parte del juez sino que la información brindada como fundamento fue constatada por el juez. Hubo valoración de los argumentos asociados a la evidencia aportada por el Ministerio Público Fiscal, el cual debe actuar en forma motivada su pena de nulidad”. En palabras de la defensora Adjunta “no había andamiaje para una formulación de cargos. No hubo ningún tipo de daño a reparar para la pesquisa del Ministerio Público Fiscal por impedir una medida cautelar como la prisión preventiva” a las acusadas.
“No se trata de la cantidad de testigos, sino de la calidad de su testimonio”, dijo Cicciarelli para destacar que la formulación de cargos estaba basada en rumores, sospechas y prejuicios tomados como testimonios acusatorios.
El juez, luego de un cuarto intermedio, planteó que Calcagno “no se excedió en el marco de sus facultades”. Que “el juez de garantías existe para garantizar la sustentabilidad de la acusación y la razonabilidad para la formulación de cargos”. Por lo tanto, confirmó la resolución de Calcagno, “toda vez que la misma no posee arbitrariedad alguna” Concluyó el letrado.
Por la mañana se debía realizar la Audiencia de impugnación contra la prisión preventiva dictada por el propio Calcagno el pasado 7 de febrero contra Nicolas Heredia, detenido desde el 5 de febrero por la investigación abierta por el MPF a raíz del incendio en Mallín Ahogado, pero fue suspendida.
“Nos solidarizamos con Nicolás Heredia y con los detenidos injustamente”, declaró Romina, una de las voluntarias acusadas.
Mientras el MPF salió rápidamente a acusar sin mayores elementos probatorios a nueve integrantes de brigadas voluntarias que se solidarizaron con las victimas del incendio, no aprece haber ningún tipo de prisa en determinar quienes fueron los que, con caballos, palos y rebenques, atacaron a decenas de personas frente a la Comisaria 12 de El Bolsón el pasado 5 de febrero.
Recordamos que una tropilla de autodenominados “gauchos” instigó y buscó realizar un linchamiento colectivo contra los tres primeros detenidos acusados del incendio el mismo día de su detención y golpearon con connivencia policial a quienes pedían su liberación frente a la sede policial. El hecho permanece impune pese a las incontables evidencias hechas públicas por las propias víctimas de esta patota vinculada al intendente Bruno Pogliano y defensora del magante y terrateniente británico Joe Lewis.
Dos de los detenidos fueron liberados durante la audiencia de formulación de cargos en Bariloche el 7 de febrero, pero Nicolas permanece detenido por ser albañil y no poseer domicilio en la zona. Pelear por su libertad inmediata y la de Victoria Nuñez, detenida en Esquel tras el brutal allanamiento a la Comunidad Pillan Mahuiza el pasado 11 de febrero, es urgente.
