Este jueves debía iniciarse el juicio a la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y a 8 ex jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía por el caso Golpe de Estado II. Pero por “errores” procesales el mismo fue suspendido. Grupos de derechistas encabezados por Amparo Carvajal y la hija de Áñez amagaron provocar enfrentamientos con familiares y víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo que siguen bregando por justicia.
Jueves 10 de febrero de 2022 21:27
El proceso que se inició como Caso Golpe de Estado, fue desdoblado en dos procesos, el primero con cargos como conspiración, sedición y terrorismo que aún no tiene fecha de inicio, y el segundo que debía iniciarse hoy, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Las asociaciones de familiares y víctimas del golpe vienen denunciando que los juicios por las masacres y torturas durante noviembre del 2019 continúan paralizados, a dos años de los hechos, y por tal razón protestaron hoy en puertas de los tribunales. También se convocaron simpatizantes de la ex mandataria de facto a la cabeza de la hija de Áñez y de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), organismo que fue puesto al servicio del golpe mientras miraba al costado ante los cientos de torturados y los asesinatos perpetrados en las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo. Este sector derechista se concentró para denunciar la supuesta violación al debido proceso y apoyar a Áñez que desde ayer miércoles 9 de febrero se encuentra en huelga de hambre denunciando una supuesta persecución política. Diversos ex presidentes y funcionarios de algunos organismos internacionales han manifestado su respaldo a la ex golpista.
La defensa legal de Jeanine Áñez, planteó dos incidentes de actividad procesal defectuosa, toda vez que desde la emisión del Auto de juicio (resolución que establece el inicio de un juicio) existe un plazo de 20 días para actividades destinadas a sanear el proceso, sin embargo, al iniciarse hoy el juicio se verificó que este plazo no se habría cumplido ya que desde la emisión del Auto habría pasado 17 días. Por otra parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que fungió como presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cuando era militante del MAS, durante el Gobierno de Áñez, rechazó la notificación para hacerse presente en la audiencia de juicio ya que en la misma no se especificaba en calidad de qué debía apersonarse al Tribunal; si en calidad de testigo, de imputada u otra.
Por estas razones, por unanimidad, los jueces del Tribunal de Sentencia I de La Paz, determinaron la anulación del Auto de juicio. Esto significa que el juicio no tiene una nueva fecha para su inicio hasta que se emita un nuevo Auto.
Estos “errores” están generando una muy justificada indignación popular ante lo que se considera como una velada complicidad entre sectores del MAS y los golpistas. Está claro que a estas alturas, es decir, a dos años del golpe, y en un proceso que es considerado de carácter histórico y seguido por múltiples organismos internacionales, ésta suspensión y los diversos “errores procesales” juegan a favor de la estrategia de defensa de los golpistas que pretenden ganar tiempo para evitar una sentencia condenatoria ya sea mediante la extinción de la acción penal (que tiene una duración máxima de 3 años), la prescripción de los delitos que se la acusan y/o un cambio en la situación política que permita "olvidar" el proceso. Es por esto que esta suspensión es un punto a favor de Áñez.
Pero además, esta suspensión se produce en uno de los momentos más críticos de la justicia boliviana, luego de que se descubrieron “consorcios” de jueces, abogados, fiscales y policías, que operaron para liberar a feminicidas, asesinos y violadores con sentencia y/o para encarcelar inocentes a cambio de dinero y que ha conducido a que el Consejo de la Magistratura intervenga prácticamente todos los juzgados penales en el país.
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Con todo esto la indignación por la suspensión del juicio de Áñez y otros golpistas llegó a tal nivel que empujó a que incluso sectores del partido de Gobierno tuvieran que pronunciarse. Es el caso de la ex ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural durante el Gobierno de Evo Morales, Teresa Morales, que acusó a miembros del actual Gobierno, particularmente al ministro de Justicia, Iván Lima, de no tener ningún respeto a las víctimas del golpe de Estado, afirmando que esto no es un error procesal sino que desde el mismo Gobierno se estarían realizando actividades para beneficiar a la defensa de Áñez retrasando los juicios por los acontecimientos de noviembre. Recordemos que Teresa Morales fue la responsable del cierre de la fábrica de textiles, ENATEX, y del despido de cientos de trabajadores y trabajadoras fabriles.
En las últimas horas, mientras cerramos esta nota, se conoció que los militares Gonzalo Terceros (ex Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana) y Palmiro Jarjury (ex Comandante de la Armada Boliviana) también acusados en este proceso han presentado una solicitud para acogerse al “procedimiento abreviado” que implica el reconocimiento de su culpabilidad en estas acusaciones. Esta declaración de los acusados es de enorme importancia para el desarrollo posterior de todo el proceso.
Desde La Izquierda Diario Bolivia nos sumamos al repudio y a la indignación de las víctimas del golpe y de sus familias ante las múltiples maniobras de los golpistas, el órgano judicial, y las cada vez menos veladas complicidades de sectores del Gobierno con la postergación de las demandas de justicia por las masacres y torturas del 2019.
