El juicio que comenzó el 18 de agosto de 2018 por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada está por culminar.
Martes 1ro de diciembre de 2020 22:52
Foto: Telam
Ya se han juzgado a un conjunto de genocidas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en tramos anteriores, constituyendo este el cuarto tramo que reúne los casos de más de 800 víctimas y en el que están imputados el contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari, el ex cabo Ramón Roque Zanabria, el ex suboficial Carlos Néstor Carrillo, el ex suboficial Jorge Luis Ocaranza, el ex cabo José Ángel Iturri, el oficial retirado Carlos Mario Castellví y el entonces conscripto Claudio Vallejos -todos ellos de la Armada-; el civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, Miguel Conde; y el ex agente de Policía Federal Raúl Armando Cabral.
Los alegatos culminaron el año pasado. En su alegato en mayo de 2019, el Ministerio Público Fiscal solicitó seis años de prisión para Vallejos y prisión perpetua para el resto de los acusados. En junio de 2019 alegó en último lugar la querella unificada de Justicia Ya solicitando prisión perpetua para todos los imputados.
Les sobrevivientes de la ESMA han aportado con sus valientes testimonios muchos datos para reconstuir los hechos y lograr la condena a varios genocidas de la ESMA. Entre ellos fue fundamental el aporte del recientemente fallecido Víctor Basterra, quien realizaba trabajo esclavo fotografiando a sus verdugos y a sus compañeres de cautiverio y guardó copias de las fotos de los primeros que fueron muy importantes para su identificación.
A comienzos de este año les sobrevivientes Carlos Lordkipanidse, Blanca García de Firpo y Liliana Pellegrino lograron reconocer una casa que queda en Lugones al 3600, en General Pacheco y es la cuarta vivienda que funcionó como extensión del ex centro clandestino. Allí estuvieron secuestrades elles con María Victoria y Rodolfo, hija e hijo de Lordkipanidse-Pellegrino, Alejandro Firpo, Lucía Deon y su hijo, Daniel Oviedo, Carlos Muñoz y Víctor Basterra. Los primeros indicios de su existencia los había aportado Basterra en sus varias declaraciones.
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Entre los genocidas que estuvieron en la casa de la localidad bonaerense de Pacheco, pudieron identificar a Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Donda Tigel y Fernando Peyón, entre otros.
La “casa del SIN” (Servicio de Información Naval) o “casa del COARA” (Comandante de la Armada Argentina) funcionó en Thames y Panamericana, Villa Adelina. Fue demolida en 1983 y el sitio señalizado en 2015. Fue utilizada como lugar de cautiverio previo a la ESMA y, según testimonios de sobrevivientes, el momento de mayor uso fue en 1977.
Otra de las casas de la ESMA es la quinta El Silencio, ubicada sobre el arroyo Tuyú Paré, en la tercera sección del Delta, San Fernando. Se utilizó para trasladar a las víctimas que estaban en cautiverio en la ESMA y ocultarlas durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979. Fue señalizada en septiembre de 2019, a 40 años de la visita de la Comisión a la Argentina.
Por último, está la casa ubicada en General Ricchieri 1265, Don Torcuato. La construcción sigue en pie. Por testimonios de sobrevivientes, entre ellos Lordkipandise, funcionó al menos entre 1976 y 1979. La primera identificación de esta vivienda la hicieron los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, en la Causa 13 durante los años ’80. En 2013 el sobreviviente Aníbal Prado Marín, secuestrado cuando era conscripto de la ESMA, también la mencionó en su testimonio.
En este juicio, que comenzó hace más de dos años y que se realiza por medios electrónicos, se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada.
El contraalmirante retirado Ferrari fue excluido del debate porque quedó firme el apartamiento de dos integrantes del TOCF N°5 a quienes había recusado por “temor de parcialidad”. Por tal motivo, el acusado Ferrari deberá ser juzgado en un nuevo debate oral y público. El juicio deberá realizarse con una nueva integración del TOCF N°5, que solicitó a la Cámara Federal de Casación que complete el cuerpo con otros magistrados para realizar el proceso.
En el día de ayer, en una audiencia que duró poco más de siete minutos, el imputado Ramón Roque Zanabria, quien se encuentra detenido en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, hizo uso del derecho de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto. Sostuvo que perdió su jubilación, que no pudo despedir a su madre, ni ver nacer a su nieto ni estar en el casamiento de su hijo. Manifestó además que tiene problemas cardíacos por el mismo stress del proceso judicial y que está hipertenso. Expresó por último que él quiso tener un futuro y le han cortado todo lo que él tenía.
Luego se pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia sin fecha que se realizará este mes y estará dedicada a las últimas palabras del imputado Carlos Néstor Carrillo. La misma se transmitirá a través del canal de Youtube del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Con posterioridad a esa audiencia el TOCF 5 estará en condiciones de dar un veredicto, a más de dos años del inicio del juicio que sufrió todo tipo de dilaciones por parte de los abogados de los genocidas y de los jueces, las últimas al demorar varios veces la reanudación de las audiencias desde el inicio de la pandemia.
