Con carácter de urgencia. Kicillof deberá vacunar a la población carcelaria por orden de la Justicia

Con la firma de los jueces Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel y la disidencia del magistrado Gustavo De Santis, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense a “que en el plazo de 5 (cinco) días, arbitre con carácter de urgente las medidas necesarias para garantizar un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en la que se encuentra el programa provincial Buenos Aires Vacunate". Cabe señalar que el personal penitenciario recibió al menos la primera dosis del esquema de vacunación.

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías 3 de La Plata había rechazado la cautelar presentada por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) ya que no había prueba suficiente sobre dificultades en la inscripción a la vacunación a través de la app. Sin embargo la Cámara consideró en su fallo que "las personas que se encuentran privadas de su libertad pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial que aquellas personas que no se hallan en tal situación".

En el mes de abril, la CPM había solicitado al gobierno bonaerense, en su carácter Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la inclusión de las personas privadas de su libertad en los planes de vacunación. Según estimaciones, las personas mayores de 60 años y entre 18 y 59 con factores de riesgos son alrededor de 1.500 en los penales de la provincia.

Como vienen denunciando detenidos y detenidas, familiares y organismos de derechos humanos, las demandas históricas sobre las inhumanas condiciones de detención, sobrepoblación y hacinamiento extremo se recrudecieron con la llegada de la pandemia de coronavirus. Los protocolos sanitarios no se cumplen de manera adecuada, testeos casi inexistentes, el acceso a la salud nulo o deficiente por falta personal e insumos, y la vacunación de la población de riesgo en los lugares de encierro que no se realizó son parte de los reclamos que vienen realizándose al gobierno de Axel Kicillof, cuya única respuesta fue la creación de más unidades carcelarias.

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Según informara en el mes de abril y con pocos datos brindados por las propias unidades, hasta el 12 de marzo de este año, se habían realizado sólo 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. En una población de más de 44 mil detenidos, ese número de testeo representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas.

La respuesta rápida solo es a base de represión como lo demostraron el año pasado frente a los motines de presos que reclaman por el regreso de las visitas presenciales.

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La gravedad de la situación en cárceles y comisarías en especial de la provincia de Buenos Aires es crítica. Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera curso a un reclamo de la Procuración Penitenciaria el año pasado y le pidiera al Estado argentino rendir cuentas por el maltrato a presos en las cárceles en el marco de la pandemia, el Presidente anunció la construcción de nuevos penales y sin ponerse colorado afirmó: "A un gobierno se lo juzga por sus cárceles".

Demagogia al máximo, mientras en las cárceles del país el hacinamiento, las torturas, la falta de acceso a la salud y la alimentación son violaciones a los derechos humanos que padecen a diario quienes están en ellas.