José Miguel Padilla, sacerdote y excapellán del Ejército, fue denunciado en la Justicia por un exseminarista. A pesar de ser refugiado y protegido por la jerarquía eclesiástica en la provincia de San Luis, y frente a las dilaciones de un Poder Judicial cómplice, finalmente el cura se sentará en el banquillo de los acusados.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Miércoles 26 de abril de 2023 19:49
Entre los días 2 y 9 de mayo se desarrollará, en la localidad de General Pico, provincia de La Pampa,un nuevo juicio contra un integrante de la Iglesia católica. Se trata del cura José Miguel Padilla, creador del Instituto de Frailes Capuchinos “Fraternidad de Belén”, quien tuvo a su cargo la administración de tres parroquias y un colegio secundario en La Pampa por casi 20 años.
El sacerdote, oriundo de la localidad bonaerense de Adrogué, está acusado del delito de abuso sexual agravado por ser miembro de un culto reconocido contra un joven entrerriano que formaba parte de la congregación. El debate oral y público estará a cargo de la jueza María José Gianinetto.
La denuncia
En octubre de 2019, Vicente Suárez Wollert, un joven entrerriano que cursaba sus estudios religiosos en la Congregación de los Frailes Capuchinos, denunció a través de sus redes sociales que fue abusado sexualmente por Padilla. Para el mes de noviembre, la denuncia ya estaba radicada en la Justicia pampeana. Un año y medio después otra víctima se animó y también denunció abusos por parte de Padilla. Para ese entonces, el cura se fue de La Pampa y se refugió en San Luis, donde continuó su tarea sacerdotal, a pesar de las advertencias que envió Vicente al obispo de San Luis Gabriel Barba sobre el accionar de Padilla.
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Barba como Raúl Martin, obispo de La Pampa, y Mario Poli, cardenal primado y sucesor de Bergoglio en Buenos Aires, sabían de los hechos ocurridos en la congregación de Padilla ya que el primer denunciante les envió cartas contando lo sucedido. Nunca respondieron, manteniéndose fieles a un engranaje sistemático y perverso de silencio y complicidad para con los criminales sexuales que alberga la Iglesia católica.
El juicio y la espera de castigo
“Estoy un poco ansioso pero sin miedo”, afirmó Vicente en diálogo con La Izquierda Diario, sobre la proximidad del juicio. “Estos cuatro años de espera fueron difíciles, con dos años de pandemia y muchas dilaciones, muchas instancias pospuestas, pero también sirvieron para acompañar a muchos otros sobrevivientes en sus propias instancias de juicio”, agregó el denunciante.
Sin embargo, Suárez Wollert advirtió sobre ciertos “manejos” de la Justicia al hacer referencia a las dificultades de ciertos testigos propuestos por la acusación para declarar de forma virtual. “Es preocupante la situación de algunos testigos que considero cruciales para la causa como integrantes de la Red de Abusos Eclesiásticos, exfrailes que han testificado diferentes acciones por parte de Padilla, ya que estaría en riesgo su declaración porque la Justicia de La Pampa no les está dando respuesta para declarar de forma remota, algo contemplado en por lo menos dos acuerdos, uno del Poder Judicial de La Pampa y otro de la Corte Suprema de Justicia de Nación”. Ambas acordadas reglamentan, en términos generales, el uso de la videoconferencia cuando las personas a declarar “se encuentren domiciliadas fuera de la ciudad sede del tribunal y no sea posible o conveniente que acudan personalmente a dicha sede”. Incluso Vicente, quien reside a 800 km, había solicitado declarar de forma remota, deberá viajar.
Otro trato recibieron los obispos que fueron citados a declarar, quienes sí podrán hacerlo remotamente, incluso aquellos que residen en propio territorio pampeano, lo que Vicente, junto a la Red de Sobrevivientes Eclesiásticos denunciaron como “privilegio”. Hablamos de Raúl Marti y Luis Martin, ambos en La Pampa; y Héctor Aguer que reside en La Plata, quienes, al igual que el cardenal de Buenos Aires Mario Poli, sabían de los hechos ocurridos en la congregación de Padilla ya que Suarez Wollert les envió cartas contando lo sucedido.
“No sé cómo calificarlo, por lo menos es llamativo que a los obispos sí se lo permitan. Yo personalmente empiezo como una escalada de descreimiento. No estamos pidiendo un privilegio pero está a las claras que los privilegios lo tiene todo el poder eclesiástico”.
Privilegio y protección que se traduce en los varios testimonios que dan cuenta de un sistemático mecanismo de abuso por parte de Padilla a lo largo de su trayectoria sacerdotal y fueron desestimados para el juicio, según lo que denunció Wollert: “Hay jóvenes, que hoy son adultos, con los que yo no había tenido ningún tipo de contacto y sin embargo el relato es idéntico o guarda muchos elementos parecidos, sufrieron u observaron situaciones alarmantes. Ahí empecé a prender algunas alarmas; ¿cómo no va a declarar, si nos ayuda a construir un perfil de abusador eclesiástico?”.
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Para Vicente, el encubrimiento que ejerce visiblemente la Jerarquía católica, tiene varias aristas: “A veces median los vínculos personales, la devolución de favores, cosas que saben unos de otros y conviene que nadie las sepa. La iglesia casi instintivamente actúa como una corporación, busca relativizar estas denuncias, cuando le conviene busca hacer algún arreglo de forma privada y muestra que se pone a disposición; este no sería el caso. Ninguna de las dos diócesis emitieron comunicados ni se contactaron conmigo, si bien yo acudí a la Iglesia en 2016 pidiendo una investigación interna. Las pocas investigaciones que llegan al Vaticano pueden recibir como pena máxima la quita del estado clerical y la reclusión en algún monasterio.Tienen un sistema poco creíble”.
Al día de hoy, Padilla continúa como superior de la Fraternidad y mantiene contacto con las congregaciones que aún subsisten; dos en La Pampa y una en Córdoba. Esperará el juicio en San Luis donde, por lo menos en época de pandemia, continuaba ejerciendo su tarea sacerdotal, realizaba vivos por redes sociales, mantenía contactos con niños y jóvenes, a pesar de las advertencias realizadas por el propio Vicente.
“Que alguien mire lo que está pasando”
“No queda otra que salir y gritar a los cuatro vientos para que alguien mire lo que está pasando”, sostiene Vicente en referencia a los abusos sistemáticos que ocurren en la Iglesia católica y por eso lucha para visibilizar estos crímenes codo a codo junto a otros y otras sobrevivientes desde organizaciones como la Red de Sobrevivientes Abusos Eclesiásticos.
En cuanto al proceso judicial contra Padilla, Vicente sabe que juega contra una institución fuerte: “Por su edad, las influencias que tiene, los problemas de salud que aduce (así con problemas de salud un día me llevó a su habitación a que le coloque unas cremas y me abusó por primera vez), y con todos los artilugios de la defensa, es muy probable que tenga el privilegio de la prisión domiciliaria o que quede en libertad hasta que la sentencia quede firme. Es Padilla y yo sé que puede hacer cualquier cosa, yo creo que puede haber un riesgo de fuga, que la iglesia lo puede ocultar”, sin embargo confía: “Espero que haya una condena ejemplar, los hechos son irrefutables”.