Este miércoles 24 de Abril comienza el juicio en el Tribunal Criminal N°3 contra Carlos “el Perro” Santillán, Secretario General del SEOM Jujuy y cuatro miembros de Comisión Directiva, están acusados del delito de usurpación. El régimen policíaco de Gerardo Morales avanza contra las organizaciones sindicales desoyendo los pronunciamientos de la Corte Suprema.
Lunes 22 de abril de 2019 21:20
La causa se inició en el 2015, cuando asambleas de trabajadores de distintos gremios ante la crisis habitacional que vive la provincia ocuparon terrenos en Campo Verde que estaban ociosos. Sin embargo desde el gremio SEOM, mediante comunicado de prensa, negaron su responsabilidad en la toma de tierras.
Actualmente según datos del Instituto de Vivienda (IVUJ) solo en San Salvador de Jujuy hay un déficit habitacional que recae sobre 15.000 familias.
Durante finales del 2014 e inicios del 2015 se desató un reclamo generalizado en la provincia que tenían como objetivo el acceso a planes o créditos, para acceder a terrenos y viviendas que no tuvieron respuesta del gobierno peronista.
Desde el sindicato denunciaron que "los dirigentes judicializados no poseen ningún terreno ni tienen intereses personales en esos predios y a pesar de esta situación, son los únicos en ser llevados a juicio frente a un delito que no han cometido y en cambio, hubo asentamientos en Jujuy, donde se vivieron situaciones de extrema gravedad como la toma de “El Triángulo” en Libertador General San Martín que terminara con cuatro muertos, heridos graves y ningún responsable".
"Llegan a esta instancia luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor de dirigentes del SEOM Jujuy desestimando un fallo del Superior Tribunal jujeño del 2014 que les otorgaba la libertad bajo la condición de no asistir a reuniones multitudinarias y/o realizar asambleas, coartando peligrosamente derechos de raigambre constitucional inherentes a la tarea sindical."
Gerardo Morales desde que asumió montó un verdadero régimen policial con una justicia que le responde directamente a sus mandatos. Se ufana de la "paz social", a costa de reprimir y criminalizar a quiénes salen a luchar por educación y trabajo, manteniendo presos a los obreros del Ingenio La Esperanza durante la navidad de 2018, los cierres de carreras terciarias, la detención de los estudiantes que enfrentaron el cierre de escuelas Ceija.
Reprimiendo a la oposición política como fue el caso del Frente de Izquierda y sindicatos que se movilizaron en el inicio de sesiones ordinarias 2018 que serán llevados a juicio contravencional luego de las elecciones provinciales.
Desde el PTS - Frente de Izquierda ponen sus bancas a disposición y dijeron: "este es un nuevo ataque a las organizaciones de los trabajadores, quieren imponer el ajuste del FMI atacando a los sindicatos y a los opositores políticos. Planteamos un plan de obras públicas afectando los intereses de tabacaleros y mineras para generar trabajo genuino y terminar con la falta de vivienda. No podemos dejar pasar esta nueva arremetida de Gerardo Morales contra los sindicatos, nos ponemos a disposición de las medidas de lucha que definan los trabajadores municipales".
