Después de 15 años el gobierno del MAS restituye la presencia militar en desfiles católicos. Fue con la ley 1538 del 10 de noviembre del 2023 que el gobierno de Arce declaró a la festividad y procesión religiosa de la semana santa de la ciudad de La Paz como “Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. Al igual que durante el golpe estas instituciones reaccionarias vuelven a trabajar juntas. Mientras la “policía de la moral” y los aparatos de la represión marchan juntos no olvidemos que cientos de denuncias contra sacerdotes y contra la iglesia católica, como institución, siguen en la impunidad.
Lunes 1ro de abril
Foto: Asuntos Centrales
El 28 de marzo, es decir, al día siguiente del desfile de la Iglesia Católica junto a militares, la justicia boliviana declaró arresto domiciliario para dos sacerdotes jesuitas, Marcos Recolons y Ramón Alaix, por encubrir casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica (si son condenados por sus edades no irán a la cárcel). Si bien este hecho representa un tímido avance en la lucha contra la impunidad, aún queda un largo camino por recorrer. Numerosos clérigos aún no han sido investigados ni procesados por sus crímenes, mientras que las víctimas siguen esperando justicia y reparación.
Frente a esta situación es que la Ley 1538 que declara a la festividad y procesión religiosa de la Semana Santa de la ciudad de La Paz como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado no solo que genera controversia sino también indignación en un contexto donde la Iglesia Católica se encuentra manchada por escándalos de pedofilia y encubrimiento. Más recientemente, el 2023, el caso del “Padre Pica” destapó una red de pedofilia dentro de la Iglesia, con múltiples denuncias contra otros sacerdotes que la institución se ha empeñado en encubrir.
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A todo esto, se suma que la iglesia hasta ahora no ha sido convocada a los juicios por el golpe de estado del 2019. La estrecha relación del gobierno de Arce con esta reaccionaria institución va quedando cada vez más evidente.
Recordemos el vergonzoso documento emitido por esta institución el 15 de junio del 2021, titulado "Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019 - enero 2020", justificando las masacres de Senkata y Sacaba cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y sus cómplices.
Es hora de que el Estado boliviano asuma su responsabilidad de garantizar la justicia para todas las víctimas. La laicidad del Estado debe ser defendida y la Iglesia Católica debe ser investigada y procesada por sus crímenes. Solo así se podrá romper el ciclo de impunidad y garantizar un futuro donde las víctimas sean escuchadas y protegidas.
Exigimos la abrogación de la ley 1538 por que va somete una vez más al estado boliviano a la corrupta institución de la iglesia católica.
Bolivia es un estado laico, no más encubrimientos, no más impunidad, juicio a la institución iglesia católica en Bolivia.
