En vísperas de la celebración del 14 de julio, el ejecutivo teme que vuelvan los disturbios y prepara una represión masiva desde el jueves 13, con el despliegue de las fuerzas especiales RAID, GIGN y BRI, 45.000 policías y gendarmes cada noche, y vehículos blindados de la gendarmería, para un total de 130.000 agentes.
Miércoles 12 de julio de 2023 22:40
Los disturbios que siguieron a la muerte de Nahel mostraron la determinación de los jóvenes de los barrios populares, hasta el punto de hacer temblar al presidente Emmanuel Macron y su ministro de Interior, Gérald Darmanin. Dos semanas después, el Gobierno teme que vuelva la cólera y prepara una represión masiva para el 14 de julio, día de celebración nacional que conmemora la emblemática Toma de la Bastilla en 1789.
El despliegue masivo fue anunciado este miércoles por el propio Darmanin, quien señaló que los efectivos serán "movilizados específicamente para combatir la violencia" y podrán recurrir al apoyo de las brigadas antiterroristas RAID, BRI y GIGN, cuya utilización para "mantener el orden" durante disturbios en la Francia metropolitana, ya se está volviendo habitual. Este masivo despliegue represivo se acompaña del uso de un arsenal impresionante, con vehículos blindados de la gendarmería en las calles, helicópteros y drones.
Al mismo tiempo, Darmanin ha pedido a los prefectos que se corten los servicios de transporte público en autobús y tranvía desde las 22 horas en todo el país, y amenaza con adelantar esta prohibición a las 21 horas en la región de Île-de-France, el epicentro del estallido social en la periferia de París, o incluso antes según las zonas.
Se trata de un verdadero castigo colectivo, mientras el Estado utiliza medios militares y recurre a prácticas neocoloniales para impedir cualquier manifestación de los jóvenes de los barrios populares.
Estas medidas autoritarias y brutales ponen de manifiesto las graves preocupaciones del Ejecutivo, ya palpables en los últimos días. En efecto, se han cancelado varios actos festivos y Macron ha anulado su discurso previsto para el 14 de julio. La primera ministra, Elisabeth Borne, ha firmado un decreto que prohíbe la venta, el porte y el transporte de fuegos artificiales para "prevenir el riesgo de graves alteraciones del orden público durante las fiestas". Es también una forma de preparar la represión judicial, y de detener a jóvenes por la única razón de que llevan fuegos artificiales.
Semejante despliegue de fuerza policial anuncia una represión de mano dura, similar a la violencia policial que dejó al menos una persona en coma, y a las numerosas condenas que siguieron a los disturbios por la muerte de Nahel.
