Mientras toda la atención se centraba en los últimos anuncios y la tensión en torno a un nuevo confinamiento, un decreto formalizó la entrada en vigor de la reforma antisocial del seguro de desempleo.
Martes 6 de abril de 2021 20:58
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La reforma del subsidio por desempleo es una reforma emblemática para el gobierno. Un proyecto central que ilustra a la perfección el rumbo por el que está dispuesto a luchar: el de la regresión social, para hacer pagar la crisis a los más precarios.
Cabe recordar que los ataques de esta reforma se dividen en dos partes principales. La primera se refiere a los subsidios por días trabajados : mientras que antes el importe del subsidio se calculaba en función de los días trabajados durante un periodo de 12 meses, a partir de ahora se tendrá en cuenta un periodo de 24 meses, incluyendo los días trabajados o no, lo que supondrá una reducción de estas prestaciones para un gran número de desempleados. La segunda parte modifica las condiciones de acceso al seguro de desempleo: a partir de ahora, será necesario haber trabajado y cotizado durante seis meses de los últimos 28 meses, en lugar de cuatro meses de 24 como hasta ahora.
Para enmascararlo, el gobierno prevé igualmente reducir progresivamente las prestaciones a partir del séptimo mes de paro para los sueldos superiores a 4.500 euros... subordinada a «volver a tener buena suerte en el mercado laboral», según Le Figaro. Según explica Mediapart, el Gobierno también tiene previsto un sistema de «bonus-malus» para obligar a los empresarios a limitar el uso de los contratos cortos. Salvo que el gobierno pretende primero observar el comportamiento de las empresas durante un año antes de aplicar estos «bonus-malus» sobre sus cotizaciones, es decir, esperar «unos meses después de las elecciones presidenciales de 2022, y unas semanas antes de las nuevas negociaciones sobre las reglas del seguro de desempleo».
Con esta reforma, el Gobierno camina con pies de plomo. En un momento en que el seguro de desempleo ha gastado 30.000 millones para financiar el paro parcial y amortiguar los costes de los empresarios durante la pandemia, el argumento del "ahorro" no se sostiene en el caso de esta reforma, que permitiría economizar unos mil millones al año.
Si el anterior aplazamiento de la reforma constituyó una tregua en un momento en el que la gestión catastrófica del Gobierno no le permitía seguir aplicando su calendario de contrarreformas, hoy pretenden retomar el ritmo de los ataques sociales a la vez que apaciguar las incipientes protestas. Mientras todas las miradas estaban puestas en los anuncios del presidente y en la polarización generada por un posible nuevo confinamiento, el pasado miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el que entrará en vigor en julio, según en la fecha prevista, la reforma de la prestación por desempleo. El gobierno espera así aprobar con total discreción esta reforma tan controvertida y sortear las protestas, en particular ofreciendo al sector cultural un nuevo plazo a mediados de mayo para la reapertura de sus locales, en un momento en que el sector se moviliza contra la reforma. Este gran ataque se ha realizado, por tanto, a escondidas y sin que las direcciones sindicales se hayan opuesto.
Como escribimos anteriormente en Révolution Permanente, frente a este gobierno empeñado en hacer pagar la crisis a los parados y a los trabajadores, solo a través de la lucha será posible defender nuestros derechos. Se trata de exigir un plan de lucha a la altura de estos ataques y de construir un frente lo más amplio posible para elaborar la respuesta de las bases contra Macron, apoyándose en particular en las jornadas de protesta llamadas Viernes de la Ira, impulsados por los teatros ocupados.
*Artículo de Camile Lupo, publicado en Revolutión Permanente. Traducción: Natalia
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