Centroamérica. Migrantes deportados de EE. UU. quedan atrapados en la selva de Panamá

En las últimas semanas, unos 300 migrantes han sido deportados de Estados Unidos a Panamá, entre ellos personas provenientes de Afganistán, China, India, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. La mayoría de estos migrantes fueron trasladados al centro migratorio San Vicente, ubicado en lo profundo de la selva que separa Panamá de Colombia, sin la posibilidad de recibir una atención adecuada de asilo en Panamá o en otro país. Este centro se ha convertido en un punto de reclusión para aquellos que, tras ser expulsados de EE. UU., ahora se enfrentan a un futuro incierto y una grave falta de comunicación con sus familiares y abogados.

Abogados defensores, como Lee Gelernt de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han denunciado que los migrantes, incluidos familias enteras, están siendo enviados sin ningún tipo de evaluación de asilo y sin poder acceder a asistencia legal. "Se están enviando personas a Panamá, incluidas familias como nuestros clientes, a Panamá sin ningún tipo de evaluación para el asilo y a pesar de no tener ninguna conexión con ese país […] Cuando llegan allí, desaparecen en una caja negra sin acceso a un abogado", expresó Gelernt quien, al igual que otros abogados impugnan una orden ejecutiva del 20 de enero del presidente republicano estadounidense, que ha impuesto una política antimigratoria racista y xenófoba en contra de las y los migrantes que solicitan asilo desde la frontera con México.

Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes temen que los migrantes puedan ser maltratados o, incluso, deportados de vuelta a sus países de origen sin garantías de seguridad.

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La incertidumbre legal y la violación de derechos

La prohibición del contacto con abogados y la falta de acceso a la justicia agravan la situación de los migrantes en el campamento en Panamá, pues, desde su llegada al campamento, muchos migrantes han sido privados de acceso a sus teléfonos y a cualquier tipo de contacto con el exterior.

Los abogados que intentan asistirles, como Susana Sabalza, abogada panameña que representa a una familia de Taiwán, han denunciado que no han podido comunicarse con sus clientes desde que fueron trasladados a la selva. "Esto no es normal, nunca hemos visto algo así en Panamá", comentó Sabalza.

Además, Ali Herischi, un abogado en Washington DC que representa a varios migrantes iraníes indicó que sus clientes sólo pudieron recibir una breve llamada telefónica de la Cruz Roja en Panamá para hablar con sus familias, pero se les impidió contactar a sus abogados. Esta falta de acceso a asistencia legal ha sido criticada por organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, al considerarla una violación de los principios de debido proceso y de los acuerdos internacionales sobre el trato a los migrantes.

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La respuesta del gobierno panameño

El gobierno de Panamá ha declarado que está trabajando para resolver la situación de los migrantes deportados, pero la realidad sobre el terreno muestra un panorama muy diferente. En lugar de garantizar sus derechos, las autoridades panameñas no sólo han fracasado en brindarles un trato digno, sino que han actuado de manera engañosa contra los migrantes.

Un ejemplo claro de esto es el caso de niños que, mientras los mantenían incomunicados en uno de los hoteles en Ciudad de Panamá, gritaban por auxilio desde las ventanas, visibilizando la desesperación e incertidumbre que viven los migrantes. Y a los que entraron por Costa Rica, en general venezolanos, les prometieron que entraban a Panamá rumbo al aeropuerto para países de destino, pero los mandaron directamente al campamento al Darién. Este tipo de prácticas no sólo demuestra la falta de responsabilidad del gobierno panameño, sino también su desdén por los derechos humanos de los migrantes, quienes son sometidos a condiciones inhumanas, de desinformación y sin poder acceder siquiera a un teléfono para comunicarse con su familia.

El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, que permite la deportación de migrantes a Panamá, ha sido criticado como parte de los esfuerzos de la administración reaccionaria de Trump para externalizar su política de deportación a países de América Latina. Esta estrategia permite profundizar la precarización y explotación en contra de las y los trabajadores de pie, como son nuestros hermanos y hermanas migrantes, desde la gestión migratoria propia del capitalismo más rapaz y brutal de la ultraderecha, que también se nutre de un discurso de odio en su contra con más criminalización, detenciones y deportaciones en ínfimas condiciones, mientras que los migrantes se encuentran atrapados en lugares bajo condiciones de vulnerabilidad, sin la certeza de su futuro y sin la posibilidad de acceder siquiera a los recursos legales que podrían permitirles defender sus derechos.

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¡Unidad de la clase trabajadora y sectores populares contra las deportaciones forzadas y arbitrarias!

Ante esta flagrante violación de los derechos humanos de los migrantes deportados de EE. UU. y retenidos en el campamento en la selva de Panamá, la cual es una expresión más de las políticas neoliberales que despojan a las personas de su dignidad y libertad en la oleada de la política antimigratoria, racista y xenófoba de la actual administración estadounidense trumpista, todo en nombre de la seguridad y el control imperialista, se vuelve indispensable la unidad de toda la clase trabajadora y sectores populares a ambos lados de la frontera para exigir el alto a esta práctica reaccionaria y exigir la plena libertad de movimiento y residencia.

La negación de acceso a la justicia, la criminalización de los migrantes y las condiciones inhumanas que enfrentan son consecuencias directas de un sistema que prioriza la exclusión y la represión, profundizando la explotación y opresión de quienes migran, mientras unos pocos empresarios ultrarricos continúan haciendo fortunas inconmensurables a costa de su sufrimiento.

Por ello, es crucial que la clase trabajadora, junto a los pueblos originarios, la juventud precarizada, el movimiento de mujeres, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el campesinado pobre de ambos lados de la frontera, exijamos derechos sociales, políticos y económicos para todos los migrantes, sin importar su estatus. Esta demanda es parte de nuestra lucha por la emancipación de los pueblos del mundo, donde los derechos laborales, sociales y humanos deben prevalecer sobre las políticas nacionales excluyentes y racistas. Las fronteras, que son construcciones artificiales, no deben ser barreras para quienes huyen de la pobreza, la violencia, la guerra o la persecución. Es hora de que nos unamos en defensa de la libertad de tránsito y de los derechos fundamentales de todas y todos los migrantes.