Avances en la regulación del teletrabajo docente y la educación de plataformas sin instancias de participación democráticas.
Martes 16 de junio de 2020
El Senado dio sanción definitiva al proyecto de modificación del art. 109 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06, manteniendo la ausencia de un mecanismo consultivo a la comunidad educativa.
Tal como estaba expresado en el artículo modificado, los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos, sólo podían impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad para quienes se encuentren bajo modalidad rural, a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario (conforme a las decisiones jurisdiccionales). A partir de ahora los estudios remotos o a distancia podrán ser instrumentadas a menores en “situaciones de excepción y/o fuerza mayor” como la actual pandemia.
La fuerza mayor es un eximente de responsabilidad reconocido en el derecho
en el marco de obligaciones contractuales. Esta expresión generalizada y a la vez ambigua, puede ser interpretada y utilizada en múltiples situaciones. Por ejemplo, frente a acciones de protesta sostenida o deficiencia de infraestructura para garantizar presencialidad, habilita a los gobiernos jurisdiccionales a poner en marcha todo tipo de mediaciones tecnológicas para sostener la escolaridad en los distintos niveles.
Por otro lado, y omitiendo cláusulas presupuestarias, la modificación de este artículo no plantea de manera concreta, cuestiones que hacen a garantías reales de dispositivos y conectividad para docentes y estudiantes bajo estas circunstancias excepcionales mediante políticas socio-educativas que ubiquen al Estado como principal garante del derecho a la educación, (como sí plantea el proyecto presentado por el FIT). Consideramos que esta modificación se constituye en un respaldo normativo que pone en peligro derechos adquiridos, encubriendo la concepción de educación como un servicio público esencial bajo argumentos de continuidad y acceso a derechos.
Urgencia para regular el teletrabajo en sintonía con reformas educativas postergadas.
La actual pandemia ha catalizado la implementación de reformas educativas estructurales postergadas en la región, que en otro contexto hubieran generado mayores resistencias.
La reforma de la ley, se enmarca en el creciente aval a la educación de plataforma de los organismos internacionales, como la Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. La propia UNESCO plantea que “La inversión en la educación a distancia debería servir para mitigar la interrupción inmediata causada por la COVID-19 como para establecer nuevos enfoques para desarrollar sistemas de educación más abiertos y flexibles para el futuro”
No es casual que posterior a la media sanción en diputados, el ministro de educación Nicolás Trotta anuncie entre otras cuestiones, el trabajo dual, proponiendo un hibridaje entre la presencialidad y la virtualidad en el retorno a clases. Es decir, una sobrecarga a las labores y rutinas de todo el colectivo docente. Sin lugar a dudas este criterio que se originó desde un plano epidemiológico, hace las veces de trampolín para trasladarse a innumerables situaciones escolares que se se van a intentar naturalizar bajo la órbita de la excepcionalidad y la fuerza mayor.
Mientras muchos/as añoran esa normalidad escolar (plagada de desigualdades) que nunca más será, los organismos internacionales intentan consolidar una nueva, “post COVID 19”, a la que ya se están alineando los distintos gobiernos. La misma cuenta con el apoyo de las burocracias sindicales como CTERA, ejerciendo una defensa de cotillón de las condiciones de trabajo en el marco en esta cuarentena extendida.
¿Qué sistema educativo nos espera? Uno más fragmentado que profundizará, entre otras cosas, las desigualdades de acceso y permanencia de alumnos y a la vez intensificará la explotación docente. Como si lo anterior resultara poco, se viene una educación que propiciará el desarrollo de capacidades orientadas a un mercado laboral cada vez más flexibilizado.
Es en este contexto que debemos plantearnos, bajo la premisa de que “todo acto educativo es un acto político”, un debate ideológico sobre la “educación de plataformas” en cuanto a sus formas y sus contenidos: ¿a qué sujetos educativos está destinada?, ¿Cuál es el rol pedagógico que nos cabe como trabajadores de la educación?, ¿a quiénes beneficia?, ¿qué intereses se ponen en juego?, ¿qué “capacidades” desarrolla?, ¿qué vinculaciones existen entre estas propuestas virtuales y el mercado de trabajo?, etc.
Se trata de no caer en un reduccionismo tecnocrático, como plantea Meirieu, corriendo el peligro de que nuestro trabajo como educadores se limite al rol de programar y brindar contenidos prescriptos a través de protocolos estandarizados. Convertirse en reproductores del modelo conductista bajo el ropaje de las neurociencias, las plataformas digitales y las apps para celular.
En la educación de plataforma ¿quienes ganan?
Se vuelve oportuno señalar el lugar que ocupan grandes empresas privadas de servicios educativos y fundaciones como Pearson, Formar o Enseña por Argentina, y el peso de los monopolios de telefonía e internet quienes se benefician aumentando sus ya exorbitantes ganancias gracias al sostenimiento de estas prácticas educativas virtuales. Un claro ejemplo es Cablevisión Holding, del Grupo Clarín, que aumentó un 168% sus ganancias este año comparado con el mismo período del 2019, con sus mayores ingresos provenientes de telefonía celular e internet.
Teniendo en cuenta lo anterior es que proponemos pensar la escuela y el rol de las y los educadores desde una práctica pedagógica crítica no escindida del conjunto de desafíos que tienen por delante los sectores explotados.
Los momentos de crisis como el que estamos atravesando, que desnudan las profundas desigualdades existentes, deben dar paso a pensar la educación como parte de construir un nuevo orden en donde prevalezcan relaciones sociales sin explotación ni opresión. Como se planteó en este artículo, es un momento oportuno para repensar la necesidad estratégica de reconstruir un movimiento pedagógico crítico unido a la lucha de las y los trabajadores y de la juventud, quienes empiezan a levantarse en todo el mundo por las consecuencias materiales de la crisis económica y sanitaria.
Todo intento de reforma de la legislación no puede hacerse sin sus protagonistas. Para reconfigurar el sistema educativo y su marco normativo, se necesitan generar instancias democráticas de debate y organización que recorran el conjunto del país. Un congreso educativo nacional construido de abajo hacia arriba, escuela por escuela, con votación de resoluciones y representantes mandatados a las instancias superiores.
Que permita a docentes, familias, estudiantes, la comunidad y las organizaciones de trabajadores/as comprometidas con la escuela pública, discutir qué educación necesitamos, con qué contenidos, cómo y de qué manera enseñarlos, las condiciones de trabajo y estudio, qué recursos hacen falta y dónde hay que obtenerlos. Bajo las banderas de la renacionalización del conjunto del sistema educativo, con aumento presupuestario afectando las ganancias de las grandes empresas, separando a la Iglesia del Estado, con garantías materiales reales para el acceso, permanencia y egreso de la totalidad de la población en edad escolar.
