Informe Especial. Provolo: el Vaticano pide “perdón”, pero hace años sabía de los abusos y los encubrió

El obispo auxiliar de La Plata, Alberto Germán Bochatey Chaneton, designado en mayo de 2017 “comisario apostólico” por el Vaticano para “investigar” internamente los crímenes en el Instituto Provolo, publicó este miércoles un comunicado en el que intenta pedir perdón en nombre de la Iglesia ante las históricas condenas a 42 y 45 años para los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho.

El largo texto está plagado de (muy poco creíbles) expresiones del Papa Francisco respecto al “dolor”, las “hondas heridas” y la “paz” necesaria para las víctimas de abusos y torturas por parte de curas. Las pocas palabras propias de Bochatey en el comunicado solo buscan cubrir las espaldas de una jerarquía católica hundida hasta el cuello en el encubrimiento y la complicidad con esos crímenes.

¿Nosotros Señor? No, Señor

Bochatey dice que la Iglesia “respeta la decisión judicial de Mendoza” y que “espera que traiga paz a las víctimas”. La aclaración de que la sentencia judicial es respectada puede sonar a obviedad. Pero no lo es. La Iglesia es una institución acostumbrada a “hacer la suya”, prescindiendo de las leyes del Estado y generando otras paralelas que, incluso, llegan a prevalecer por sobre constituciones y códigos penales.

Por caso, en Argentina sigue vigente el Concordato (firmado en 1966 entre la dictadura de Onganía y el Vaticano) que le da amplísimo margen de maniobra a la Iglesia para manejarse con una “justicia” propia en casos que nunca llegan a la justicia civil, entre ellos muchos abusos sexuales de curas sobre feligreses. Casos que nunca trascienden y siempre terminan en impunidad. La anulación del Concordato es una de las demandas básicas de la campaña Iglesia y Estado Asunto Separado.

En su comunicado, Bochatey cita a Francisco cuando dice que “si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y futura”. Esa “omisión” de la que habla el Papa es la que, precisamente, el mismo Bochatey y sus colegas argentinos ejercieron ampliamente en los últimos años.

El obispo auxiliar de La Plata dice que, al ser nombrado comisario apostólico junto a Dante Simón, se abocó a la tarea de investigar para “tratar de discernir si las denuncias son verosímiles o no y tener cierta certeza moral de que los hechos pudieran haber sucedido”. En función de eso, dice, llegaron a la conclusión de que “los hechos eran verosímiles y podían haber sucedido”. Y agrega que la curia “nunca ocultó información ni quitó colaboración” con el Poder Judicial.

Si es como Bochatey dice, habría que preguntarle por qué cree que en el juicio que acaba de terminar en Mendoza las querellas los imputaron directamente a él y a Simón como encubridores de los acusados.

El obispo agrega que “la Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión y el proceso canónico sigue su curso en la Congregación de la Doctrina de la Fe”. Y con eso cree poder transmitirle a la sociedad y al mundo que todo está en orden y que Corradi y Corbacho son solo un traspié dentro de la institución. Pero el mismo Bochatey está íntimamente ligado al encubrimiento de los curas abusadores y en el desprecio y los ataques a las víctimas.

Sí, vosotros encubristeis

Este mismo miércoles el reaccionario arzobispo emérito de La Plata Héctor Aguer dijo por radio que “es un horror lo que ha ocurrido” en el Provolo mendocino. “Conozco bien ese instituto porque tiene una casa aquí en La Plata y afortunadamente aquí no han ocurrido cosas”, agregó.

Además dijo que mientras él fue el jefe de la arquidiócesis platense (hasta junio de 2018) “nunca ha habido en la sede arzobispal una denuncia” y que, encima, el Provolo “es una institución que no depende del obispo del lugar, por lo cual es una cuestión que debe resolverse en Roma”.

Desde junio de 2000 hasta junio del año pasado Aguer fue el mandamás de la Iglesia platense. Y en marzo de 2013 Bochatey asumió como su auxiliar, un cargo que mantiene hasta la actualidad, ahora bajo las órdenes de Víctor “Tucho” Fernández. Quiere decir que durante muchos años Aguer y Bochatey manejaron “en equipo” todo lo concerniente a la iglesia regional.

Como se informó ya en este diario, en 2002 Julio García, un alto miembro del Provolo de La Plata, envió una carta al Provolo de Mendoza alertando sobre las conductas violentas y abusadoras del cura Corradi (quien había sido enviado a Luján de Cuyo desde la capital bonaerense para hacerse cargo de la sede mendocina del instituto para chicos sordos). Monseñor Aguer puede decir que no sabía de eso, pero es muy poco creíble, conociendo el nivel de verticalidad de la institución religiosa.

A su vez, en el mismo edificio del Provolo funciona una sucursal de la Universidad Católica de La Plata, que sí está bajo la órbita del Arzobispado y de la que Aguer ha sido durante años uno de sus máximos referentes. Es innegable que la relación entre el Provolo y el Arzobispado es más que estrecha desde hace décadas.

Pero eso no es todo. Cuando a fines de 2016 saltó el escándalo en la sede de Mendoza a partir de la denuncia tortuosa y valiente de familias de niñas y niños sordos, en La Plata Aguer prendió las alertas y puso en marcha el operativo encubrimiento, buscando no quedar él mismo pegado a los destinos de Corradi y Corbacho.

Cuando en mayo de 2017 Jorge Bergoglio nombró a Bochatey “comisario apostólico” encargado de “investigar” lo ocurrido en el Provolo de Mendoza, enseguida Aguer lo nombró “interventor” en la sede de La Plata. El doble juego de ser “investigador” y tener en sus manos muchas pruebas incriminatorias de los investigados le facilitó muchas cosas.

A eso se le sumaban los servicios prestados por el exfiscal de La Plata Fernando Cartasegna, quien tenía por entonces a su cargo la causa abierta a partir de testimonios de exestudiantes de la institución que, conmovidos por el escándalo abierto en Mendoza, denunciaron a los mismos curas por crímenes cometidos en la sede platense años antes. Cartasegna (hoy caído en desgracia y con algunos rasgos de insanía) no investigó nada e incluso acompañó lo hecho por la jerarquía católica.

Desde julio de 2017 Alberto Bochatey (primero a las órdenes de Aguer y luego de Tucho Fernández) hizo de todo en el Provolo de La Plata, al punto de que hoy esa sede ya no tiene nada que ver con lo que era. Además de modificar la estructura del edificio, cambiar dependencias y hasta cederle un gran espacio a la UCALP, removió a los curas que allí vivían y habían compartido años con Corradi y Corbacho.

¿Pagarán por sus “pecados”?

Bochatey alteró, fraguó y hasta eliminó pruebas que no llegaron a ser incorporadas a la causa pese a los esfuerzos de la fiscal Cecilia Corfield, quien recibió el expediente a mediados de 2018 luego de la bancarrota de Cartasegna. Pero además el obispo auxiliar tuvo mucho que ver para que otros dos curas abusadores se fueran a Italia, buscando hacerlos zafar de las investigaciones en Argentina.

En 2014, cuando parecía que en el Provolo “no pasaba nada”, Aguer y Bochatey enviaron a Verona al octogenario cura Giovanni Granuzzo, sobre quien no pasaba aún ninguna imputación en Argentina pero sí había sido acusado en su tierra natal por víctimas ya adultas (aunque sin juicios abiertos).

Y a fines de 2017 Aguer y Bochatey hicieron lo mismo con el cura Eliseo Pirmati. La diferencia con el traslado de Granuzzo es que hacía ya un año que en Mendoza se había abierto la causa contra Corradi y Corbacho, la monja Kosaca Kumiko y dos empleados. Y también hacía rato que Pirmati había sido mencionado por varias víctimas como miembro de la banda criminal.

A mediados de este año la fiscal Corfield pidió la extradición del “fugado” Pirmati, a quien procesó junto al cura Corradi y a un exprofesor de informática, José Britez, por los delitos de abusos sexuales agravados y corrupción de menores.

Según la investigación de Corfield, los testimonios de las víctimas indican que los crímenes de los curas y sus secuaces fueron sistemáticos entre las décadas del 70 y del 90, aprovechándose de sus lugares de poder y con pleno encubrimiento de las máximas autoridades eclesiásticas platenses.

Suficiente ilustración. Aguer, Tucho Fernández, Bochatey y compañía no solo conocen los crímenes del Provolo desde hace años sino que vienen haciendo todo lo posible para encubrir a sus protagonistas. Tanto que ya ameritan ser imputados y procesados por encubrimiento agravado de los crímenes cometidos por los condenados Corradi y Corbacho y por otros protegidos más.

Y como la Iglesia es, precisamente, una institución en la que la verticalidad y el secretismo son razones de Estado, nadie en su sano juicio puede creer que Bergoglio y sus empleados de la Congregación para la Doctrina de la Fe son ajenos a la misma información (y más aún) sobre esos gravísimos delitos cometidos durante décadas contra cientos de niñas, niños y adolescentes.

“Nunca ocultamos información ni quitamos colaboración”, dice Bochatey tras las duras condenas a sus protegidos de Mendoza. “La Iglesia nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión”, agrega el obispo auxiliar de La Plata en nombre del Vaticano. Miente. Y hay quienes pretenden darles a sus palabras algún viso de verdad.

El año que viene Bochatey, Aguer y Fernández seguirán en problemas. Es que 2020 será el año en el que muy probablemente tengan lugar en La Plata dos juicios relevantes contra sacerdotes violadores, corruptores de menores y torturadores. Uno, por los hechos ocurridos en la sede local del Provolo. Otro, por los delitos cometidos por el excapellán del Servicio Penitenciario Bonaerense Eduardo Lorenzo, hoy a la espera de un procesamiento que, según fuentes judiciales, es inminente.

En ambos juicios saldrán a la luz testimonios, pruebas y pericias que no solo condenarán a Corradi, Pirmati, Britez y Lorenzo sino que demostrarán el nivel complicidad y encubrimiento de sus superiores. ¿Se animará el Poder Judicial a procesar también a arzobispos y obispos auxiliares?