La obra social que nuclea a los trabajadores estatales en Tucumán, el IPSST, anunció que no cubrirá prestaciones de Salud Mental durante el mes de abril. Mientras, siguen vigentes los recortes en Discapacidad a nivel nacional y provincial.
Jueves 16 de abril de 2020 23:06
El IPSST (Subsidio de Salud) de Tucumán, confirmó la noticia de que dicha obra social, que nuclea a empleados estatales de la provincia, no cubrirá las prestaciones de Salud Mental correspondientes al mes de Abril.
Los afiliados, quienes aportan mes a mes, se verán afectados y sin cobertura para psicoterapias.
Los Psicólogos Autoconvocados transmitieron su repudio ante esta medida, mediante un comunicado en el que refieren a este hecho "como un atropello a la salud mental de sus afiliados".
Manifiestan también que es de público conocimiento la deuda que mantiene el Subsidio de Salud con el Colegio de Psicólogos de Tucumán, entidad que engloba a todos los Psicólogos Matriculados.
"En este cuadro de crisis en Salud Pública los Psicólogos padecemos un daño total a nuestro salario ya que, además de no estar percibiendo nuestros honorarios de trabajo ya realizado, tampoco podemos abrir nuestros consultorios ya que no todos los pacientes u obras sociales permiten la modalidad on line".
En el comunicado se refirieron también "al Colegio de Psicólogos de Tucumán y el servicio de voluntariado que están brindando de manera gratuita dirigido a la comunidad, para la atención, escucha y contención de personas en situación de cuarentena, que si bien es muy valioso para la sociedad, contrasta con la falta de respuesta a los matriculados. Nada se dice sobre el pago en tiempo y forma de nuestros honorarios ni de la modalidad on line con la cual seguimos brindando servicio", declararon.
Esto se enmarca en un contexto nacional en el que precisamente en el ámbito de Discapacidad, el Estado y las obras sociales no garantizan el pago de coberturas de terapias y precarizan a los trabajadores.
¿ Qué pasa con las prestaciones en Discapacidad ?
La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó el recorte de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.
El día 14 del corriente mes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 85/2020 por la cual se sostiene la suspensión por criterios epidemiológicos de prestaciones bajo modalidad presencial, de las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad contempladas en el nomenclador de la Ley N° 24.901, durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido mediante el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020.
Quedando exceptuadas de la suspensión aquellas prestaciones del nomenclador de la Ley N° 24.901 que impliquen alojamiento de las personas con discapacidad.
Las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad contempladas en el nomenclador de la Ley N° 24.901, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020, serán liquidadas y abonadas en su totalidad, contra la entrega de la documentación respaldatoria correspondiente que dé cuenta de la efectivización de la misma.
Sin embargo, contrario a esto, hace días comenzaron a circular comunicados de las obras sociales y centros terapéuticos informando que no se garantizan los pagos de la segunda quincena de marzo y el mes de abril.
Cabe destacar que un tiempo atrás ya se había publicado en otro boletín oficial la resolución, entre otras, de suspender por criterios epidemiológicos las siguientes prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad de la Ley Nº 24.901, sus modificatorias y complementarias: Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día, Servicios de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa y modalidades de prestaciones de apoyo.
Desde que comenzó la cuarentena, se les solicitó a los prestadores la continuación de las terapias y apoyos por medio virtual. Con el doble sentido de continuar el trabajo terapéutico con quienes lo necesitan, y para que los trabajadores puedan cobrar sus honorarios. La mayoría de trabajadores de centros terapéuticos trabajan contratados como monotributistas, ocultando así la relación laboral de dependencia y sometiendolos a una inestabilidad y precarización laboral, al igual que para realizar prestaciones mediante obras sociales.
En este escenario de aislamiento social, preventivo y obligatorio, queda expuesta más aun la gravedad de la situación que vienen atravesando estos trabajadores, producto de años de desidia y abandono, como por ejemplo los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales que, en el mejor de los casos, pueden llegar a tardar 90 a 120 días contra prestación, y en el peor de los casos hasta un año o dos, o directamente no cobrarlo. Tampoco se cobra ni aguinaldo, ni vacaciones.
Psicólogos, Terapistas Ocupacionales, Fonoaudiólogos, Psicopedagógos, Psicomotricistas , Maestras de Apoyo y Acompañantes Terapéuticos, siendo estos dos últimos más precarizados aun porque nada se dice de las prestaciones que muchas veces quedan por fuera del nomenclador ni sobre las que no son cubiertas por el Mecanismo de Integración como las de las obras sociales provinciales o las prepagas. Esto es el padecimiento diario que cargan sobre las espaldas todos los actores que conforman el área de discapacidad.
Para los A.T precisamente, no existe respuesta ni garantía alguna, siendo los mismos quienes cumplen un rol fundamental en la cotidianidad de los pacientes, conformando una herramienta clínica y técnica de gran valor en los dispositivos y equipos interdisciplinarios.
En esta crisis sanitaria y económica, se profundiza aun más la precarización de estos trabajadores, y sale nuevamente a la luz el gran negociado que existe en discapacidad.
A la vez, en esta mercantilización de la salud, es claro el abandona hacia las familias que luchan cotidianamente para que sus hijos o familiar a cargo cuenten con todos los apoyos que necesitan.
Quienes trabajamos en discapacidad, sabemos lo valioso que es el factor tiempo, la importancia de la constancia de las terapias y el sostener los apoyos y tratamientos necesarios. Las especulaciones del Estado, los centros privados y las obras sociales no hacen más que atentar contra los usuarios, de manera perversa.
Las prestaciones no pueden verse suspendidas, son esenciales. Debemos defender los tratamientos de las personas con discapacidad, como así también a los trabajadores de esta área. Por esto, es urgente centralizar el sistema de salud bajo control de sus trabajadores y usuarios, unificando lo público y lo privado, para ponerlo a disposición de esta crisis.
