Tras la derrota en Mendoza, Fernández y su gabinete se proponen potenciar la megaminería en San Juan, cuyos ríos ya fueron contaminados con el cianuro de Barrick Gold.
Valeria Foglia @valeriafgl
Jueves 16 de enero de 2020 21:30
Foto: Agencia Télam
El presidente fue el anfitrión en Casa Rosada de un encuentro con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y directivos de la minera canadiense Lundin Gold Inc., que tiene dos megaproyectos para la explotación de cobre y oro en la provincia cuyana, donde otra canadiense, Barrick Gold, sigue operando Veladero, el emprendimiento donde derramó impunemente millones de litros de agua cianurada a los ríos de la provincia.
Del encuentro también participaron el ministro de Producción, Matías Kulfas, y el secretario de Minería, Alberto Hensel, más conocido en las asambleas en defensa del agua de San Juan como lobista de la Barrick Gold. Kulfas, además, había anticipado su plan de lanzar un “Green New Deal” que no es más que una fachada para colar el mismo extractivismo de siempre, mientras siguen potenciando una economía dependiente de combustibles fósiles (Vaca Muerta). Prueba de ello es la reunión con la multinacional minera, que en Ecuador opera Fruta del Norte, megaproyecto que afecta al menos tres áreas protegidas y más de mil nacimientos de fuentes de agua, sin olvidar las expulsiones de comunidades aborígenes previamente a su ingreso.
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Lundin Gold, propiedad de Lukas Lundin, presente en la reunión junto a otros directivos, está a cargo de dos proyectos mineros de cobre, oro y plata de envergadura en San Juan: Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia, al noroeste, en el límite con Chile. Planean quedarse décadas explotando los bienes naturales de la provincia (cerros y agua) para llevarse el oro y las ganancias.
Ambos megaproyectos están en fase de exploración y podrían ponerse en marcha en poco más de un año. El cable de la agencia oficial Télam consigna que los directivos canadienses prometieron generar alrededor de 3.000 puestos directos. Una cifra por lo menos curiosa si se considera que el número de trabajadores registrados en todo el país en la minería metalífera fue de 9.682 en el primer trimestre de 2019, por no mencionar que la mayoría de los puestos que genera son altamente calificados y en especial durante las primeras fases del megaemprendimiento. Inflar números y falsear la realidad es una de las especialidades del lobby minero: en Santa Cruz se jactan de generar ¡veinte mil puestos!
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Tras la reunión, se encargaron de mencionar que toda la actividad se realizará "dentro de su política de desarrollo minero responsable” y "con respeto por las normas socioambientales locales y de alcance internacional". Ni una palabra sobre el método de extracción: se destruye con explosivos y a cielo abierto el cerro donde se aloja el mineral o metal, luego trituran la roca y realizan el proceso de lixiviación con cianuro y metales pesados para separar el oro de la roca. Pura destrucción. Ni una palabra tampoco sobre el saqueo hídrico a la provincia, que como Mendoza está en una situación crítica.
No aprenden
Toda una provincia movilizada en defensa de la ley que protege el agua, un bien común escaso en Mendoza, no pareció bastar para convencer al presidente y a su gabinete de dar marcha atrás en su alianza con los pulpos mineros. Todo lo contrario. Y no sorprende: durante el intento de imponer la “ley cianuro” en la provincia gobernada por Rodolfo Suárez, el presidente se dedicó a defender públicamente el avance de la megaminería, instruyendo a sus legisladores para que acompañen y anticipando incluso la sanción de la ley, que finalmente debió ser derogada una semana después tras la enorme movilización popular.
Varias provincias en emergencia hídrica y en alerta por sus bienes naturales, los territorios y la salud de las comunidades, como en Chubut y Río Negro, tampoco parecen hacer mella en los planes del Gobierno de auspiciar el saqueo mediante la destrucción y la contaminación de biodiversidad. Mucho menos se conmueven por la histórica lucha de Jáchal, la localidad que padece desde hace años el megaproyecto que derrocha millones de litros de agua en San Juan, cuando no directamente la contamina a gran escala con sustancias tóxicas que emplea para extraer oro.
Ese extractivismo que no se quita
Seamos justos: Alberto Fernández no es el primero ni el último de los presidentes que usa la minería contaminante como caballito de batalla del “desarrollo”. CFK vetó la ley de glaciares y fue muy cercana a Peter Munk, el ya fallecido CEO de Barrick Gold, con quien almorzaba y participaba de eventos como el G20, además de favorecer a la multinacional con exenciones impositivas con la excusa de que la actividad “genera trabajo”, uno de los mitos derribados por especialistas. Lo primero que hizo Macri al asumir fue quitarles las retenciones a las mineras, mientras su ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue el encargado de defender a Barrick Gold en ocasión del derrame de 2017, ya con el peronista Sergio Uñac como gobernador de San Juan. Su antecesor, José Luis Gioja, que también gustaba de compartir almuerzos con los magnates de la minería canadiense, se caracterizó por su férrea defensa de los intereses de Barrick Gold y, tras el primer derrame en Veladero en 2015, se le ocurrió amenazar a la UNCuyo por la revelación de un estudio que daba cuenta de la contaminación con cianuro y mercurio, entre otras sustancias derramadas en los ríos de San Juan. “Este atentado de la Barrick en San Juan tiene que ser el final para la megaminería”, denunciaba Nicolás del Caño ya por entonces.
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Para la megaminería no hay grieta: por eso insisten Rodolfo Suárez (UCR) y Mariano Arcioni (aliado del Frente de Todos) y la implementan Alicia Kirchner y Raúl Jalil en Santa Cruz y Catamarca, respectivamente. El propio Alberto Fernández, que le pidió prestado a Hensel a Uñac, es un fanático de la megaminería: no solo bancó los trapos en Mendoza, sino que les bajó retenciones y mandó a una funcionaria al lanzamiento del Iadem, el instituto de las mineras y los estudios jurídicos que las representan, impulsado especialmente para estudiar los vericuetos legales para llevarse puesta toda normativa que impida su actividad contaminante y destructiva. Está claro que el ministro Juan Cabandié no será un escollo.
Tiempo atrás en La Izquierda Diario nos preguntábamos si la incorporación de Pino Solanas, reconocido opositor a la megaminería contaminante (hoy con un cargo en París), significaría la prohibición de esta actividad junto a la denuncia de las responsabilidades políticas de estos crímenes socioambientales. La respuesta está a la vista.
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