Complicidad clerical. Cura acusado de abuso sexual está prófugo y la Iglesia lo encubre

El cura Carlos Eduardo José, acusado de abuso sexual, lleva 60 días prófugo. El 22 de agosto pasado, día en que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Martín anunciara la pena que le impondría tras haber sido encontrado culpable del delito de abuso sexual, el párroco no se presentó a la audiencia final y al no ser hallado en la vivienda de la localidad de Caseros donde había fijado domicilio legal, fue declarado en rebeldía y se pidió su captura nacional e internacional. Pesa sobre él una notificación "roja" de Interpol.

Lo curioso (o no) es que el cura estaba libre pese a sus antecedentes: en julio de 2017, cuando ordenaron por primera vez su detención, el religioso desapareció una semana hasta que finalmente decidió entregarse. Durante esos días se refugió en un seminario; otra muestra elocuente de cómo la Iglesia protege a sus miembros frente a una grave acusación penal.

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José fue condenado por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser ministro de un culto reconocido”, realizado sistemáticamente durante casi una década contra una menor de edad, mientras regenteaba el Instituto San José Obrero (entre los años 1994 y 2002), uno de los colegios católicos más importantes de la localidad de Caseros, al norte del Gran Buenos Aires.

El juicio se llevó a cabo en 2021 y, el mismo Tribunal que lo declaró en rebeldía, lo había dejado en libertad tras decretar la “prescripción” de la causa en la que se lo acusa de abuso sexual agravado. Esa sentencia fue apelada y la Cámara de Casación Penal bonaerense revirtió (parcialmente) el fallo absolutorio en octubre del año pasado.

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El abogado de la querella, Héctor Silveira, solicitó al Tribunal se arbitren las medidas que sean necesarias para investigar la posible protección por parte de miembros de la Iglesía Católica. Para esto, el letrado presentó sendas pruebas que dan cuenta de ello.

El 1 de junio José fue operado de la cadera (situación que obligó a posponer casi tres meses la audiencia a la que nunca llegó). Dicha intervención fue cubierta por la "Asociación Eclesiástica San Pedro", empresa de medicina prepaga de la Conferencia Episcopal Argentina. Cabe señalar que la Conferencia Episcopal Argentina estableció en 1959 la obligatoriedad de afiliación "para todos los sacerdotes del Clero diocesano del país, sin excluir la posibilidad de la inscripción de miembros del clero regular”. Dicha prepaga también ofrece "un servicio de descanso y turismo en su chalet de Mar del Plata y en su Hotel Mascardi, cerca de Bariloche".

Según lo informado desde el propio Obispado de San Martín, una vez anoticiado de la fuga de su pastor, aseguró, mediante un comunicado dirigido a la comunidad, que José “recibió la dispensa del estado clerical y ya no pertenece al clero de la Iglesia Católica desde el año 2017”.

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Ahora bien, si Carlos Eduardo José fue excomulgado en 2017 y aún mantiene vigente la obra social, cabe preguntar quién abona la prepaga. Según pruebas aportadas por la querella, la obra social fue pagada a través de una cuenta bancaria perteneciente al Instituto Nuestra Señora de la Merced, sede de la cual José fue director durante la época de los abusos sexuales. Dicho colegio depende en forma directa del Obispado de San Martín. Entonces: ¿José sigue siendo cura, ¿mantiene los privilegios de la curia?, ¿el Obispado mintió y encubre al cura prófugo? Habría que darse una vuelta por Mar del Plata o Bariloche...

Mientras las víctimas siguen esperando algún atisbo de justicia y que los criminales de sotana vayan a la cárcel, habría que preguntar en las altas jerarquías de la Iglesia Católica argentina dónde está Carlos Eduardo José? Algo sabrán, seguramente.

Como ya nos tiene acostumbrados Bergoglio y compañía, la curia no tendría empacho en volcar costosos recursos y “mover” los muy estrechos contactos que tienen con el Poder Judicial para salver y proteger a uno de los suyos.