Elecciones 2023. La Plata: en una ciudad empobrecida, Garro y Alak sólo ofrecen control social y represión

Mientras no dan ningún tipo de solución para superar el estado de pobreza de un tercio de la población platense, con situaciones sociales que son un caldo de cultivo para la violencia de todo tipo, los candidatos de las coaliciones mayoritarias se “refugian” en propuestas sobre “seguridad” que solo agravarán la situación.

Los datos hablan por sí solo. En el Gran La Plata, conformado por La Plata, Berisso y Ensenada, 322.422 personas son pobres, esto es el 35% de la población. Mientras que 90.118 personas viven en la indigencia, es decir el 9.8% de la población del conglomerado.

Tanto Julio Alak (UP) como Julio Garro (JXC) dejaron por sentado que, gobierne quien sea, para seguir cumpliendo con el FMI, el ajuste vendrá con más control social sobre las barriadas populares y represión a quienes salgan a luchar por sus derechos. Más balas, más control social y más criminalización de la pobreza en medio de una crisis social que se profundiza

Sin grieta entre los Julios

Julio Alak, que busca volver a gobernar la ciudad después de haber estado al mando por 16 años, presentó su “Plan Estratégico La Plata 2030”, un programa cuyo objetivo es construir “una ciudad integrada, con infraestructuras adecuadas, con equipamientos públicos que incluyan y garanticen la equidad urbana y barrial, con un entorno urbano seguro, sano y sostenible”. Para ello, entre sus ejes temáticos plantea contar con “una ciudad segura” para lo que creará “un Centro de Operaciones con tecnología de última generación y el Observatorio de Seguridad Municipal con el mapa del delito de la ciudad”.

Días antes de dicha presentación, Alak participó junto al ministro de Seguridad de Nación Aníbal Fernández, de un acto por la implementación del Comando Unificado Conurbano (CUC) en la ciudad, donde funcionará uno de cinco comandos móviles, lo que implicaría la llegada de, al menos, 300 gendarmes que recorrerán los barrios para “brindar de una manera más ‘eficiente’ las tareas de seguridad para combatir el delito en la provincia”. En el acto, la Agencia de Administración de Bienes del Estado le hizo entrega a la cartera nacional de un terreno- en pleno casco urbano- para la construcción de la unidad móvil de Gendarmería.

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A este “servicio” de fortalecimiento del aparato represivo, hay que sumar el plan de infraestructura penitenciaria del que se jactó el mismo gobernador Axel Kicillof de ser el “más grande en los 200 años de historia de la provincia” para llegar a la construcción de 12 mil plazas en cárceles y alcaidías en todo el territorio bonaerense. A pesar de los grandilocuentes anuncios realizados sobre los avances de este plan, para el cual se destinaron millones del presupuesto bonaerense, la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento se han vuelto una fórmula característica de la política carcelaria del gobierno provincial.

El otro Julio (Garro) dobló la apuesta y junto al candidato a gobernador Néstor Grindetti, presentaron el proyecto de creación de la Policía de la Ciudad, uno de los caballitos de batalla de Juntos por el Cambio. "En una provincia donde se suelta a los chorros, estamos trabajando para atraparlos y meterlos en cana", aseveró Garro en el acto de presentación realizado en la localidad de Lisandro Olmos.

Con la llegada de unos cinco mil efectivos que se desplegarán a lo largo de la ciudad, se prevee que la Policía de la Ciudad tenga la potestad de realizar detenciones y utilizar “Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea”, más conocidas como pistolas taser.

Dicho proyecto busca replicar el modelo implementado por Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, considerada como “uno de los cuerpos de seguridad más efectivos en materia de prevención y combate del delito en el país, hecho que queda demostrado con números”. Habría que analizar qué determinan como efectivo si tomamos recordamos su accionar en el caso de Lucas González, el joven de 17 años asesinado en noviembre de 2021 por oficiales de la policía de la ciudad, cuando salía de entrenar con unos amigos y fueron “confundidos” con delincuentes.

Currículum represivo

En sus gestiones, Alak supo bancar incondicionalmente a la Bonaerense. Como se sabe, las desapariciones forzadas y el gatillo fácil fueron, y siguen siendo, un “deporte” para la Policía y él nunca dejó de avalar su accionar. En su prontuario figuran los nombres del estudiante de Periodismo Miguel Bru (desaparecido en 1993), Julio López (desaparecido por segunda vez en 2006) y decenas de personas asesinadas por el Estado en manos de la “maldita Policía”. Hasta llegó a contratar como fuerza de choque del Municipio a viejos pistoleros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), banda paramilitar aliada a la Triple A, para que le cubran las espaldas como Juan José “Pipi” Pomares.

Desde la llegada del gobierno del que forma parte, sumó el desalojo de cientos de familias en Guernica, la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, la desaparición de Francisco Cruz en Florencio Varela, con claro y sostenido apoyo a las acciones de Sergio Berni como ministro de Seguridad provincial; la represión con heridos graves y un muerto en las cárceles bonaerenses a su cargo durante la pandemia. Recibió órdenes judiciales para que se dejaran de violar derechos humanos básicos contra las personas privadas de su libertad, que jamás las cumplió.

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Garro no se queda atrás. A los pocos días de asumir reprimió una protesta de trabajadores municipales cesanteados, dejando una muestra de lo vendría durante su gestión. Desde su llegada al palacio municipal en 2015, implementó una política de persecución y hostigamiento permanente contra vendedores ambulantes (con especial saña hacia la comunidad senegalesa), feriantes, artistas callejeros y personas trans travestis, que implicó brutales desalojos, armado de causas y detenciones. Tampoco faltaron los violentos desalojos a familias que reclamaron tierra para vivir.

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En 2021 logró la modificación del Código de Convivencia urbana; un código reaccionario y clasista que reforzó la intervención del aparato represivo en los espacios públicos de la ciudad. Una muestra de ello fue el caso de Lito Costilla, el joven repartidor de Tolosa que murió luego de ser perseguido y hostigado por integrantes de la policía local en octubre de 2020. Incluso con “ayuda” de la Bonaerense, el intendente reprimió a familias de un comedor barrial que reclamaban alimentos.

Viejas recetas

Entre los gobiernos “progresistas” y la derecha política y mediática no hay grieta a la hora de sostener campañas de control social y represión con la excusa de intentar enfriar el “mapa del delito”.

En el marco de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país y, com producto de ello, la degradación en las condiciones de vida de las mayorías, el reforzamiento de los dispositivos represivos del Estado tiene el principal objetivo de controlar a la población a fin de evitar al máximo que la bronca y el descontento social se organicen y expresen en forma de lucha colectiva.

Pensar que las cuestiones relacionadas con el delito y la violencia urbana se solucionan con más policías, en el contexto actual es un sinsentido. Nada bueno podrá venir de “recetas” securitarias como las de Massa, Bullrich, Milei y sus representantes locales. Sumado a que son los propios agentes del Estado quienes garantizan que el gran delito continúe,con lo cual el planteo del Frente de Izquierda de cortar de raíz con todas las condiciones que se crean para el gran delito es el primer paso para empezar a pensar en una forma diferente de abordar estas cuestiones.