¿NO MENTIRÁS? Provolo: Francisco no echará de la Iglesia a los curas abusadores condenados en Mendoza

Este lunes la noticia de las duras e históricas condenas a dos curas y un jardinero del Instituto para niños sordos Antonio Provolo de Luján de Cuyo (Mendoza) por abusar y corromper entre 2005 y 2016 a once estudiantes de entre 7 y 17 años, recorrió el mundo.

A la gravedad de los hechos, al modus operandi criminal demostrado en el juicio y a las conductas abyectas de Nicola Corradi (84) y Horacio Corbacho (59) durante el proceso, se suma que gran parte de los hechos ocurrieron en el país de Jorge Bergoglio y durante el tiempo en el que fue la máxima autoridad de la Iglesia en Argentina.

Sin embargo, ni la contundencia de las condenas (42 años para Corradi, 45 para Corbacho y 18 para el jardinero Armando Gómez) ni la confirmación de que la curia conocía los hechos desde mucho tiempo antes de ser juzgados parecen ser motivos suficientes para que el Vaticano tome la decisión de echar a ambos curas de la institución religiosa.

Por el contrario, es como si la “noticia” hubiera activado los costados más ofensivos de una jerarquía católica más que acostumbrada a callar, mentir y encubrir todos sus crímenes.

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Hipocresía y sotanas

Al hipócrita comunicado de prensa del Arzobispado de Mendoza, difundido horas después de la sentencia, se sumaron en las últimas horas declaraciones de fuentes del Vaticano que demuestran el desprecio de la institución por las víctimas y la voluntad de continuar protegiendo a los criminales de sotana.

El diario La Nación (empresa con línea directa con Roma) informó que “desde la Santa Sede cargaron contra la Justicia” mendocina porque, según “fuentes religiosas desde Italia”, se le habría impedido a la curia “el acceso a las actas” judiciales del caso.

Según la La Nación, el argumento del Vaticano es que “aguardan la conclusión del caso en la Justicia civil argentina. Es más, indicaron que el proceso canónico (es decir el juicio interno contra Corradi y Corbacho, NdR) sólo avanzará con una sentencia definitiva, por lo que recién tras esa instancia se discutiría la posible expulsión de los sacerdotes condenados”. Es decir, prácticamente nunca.

Tan desfachatada parece ser la respuesta vaticana que desde la misma Corte mendocina salieron a responderles. “Está muy mal lo que dicen. Hablan de la Justicia civil y lo que nosotros hemos hecho es una condena penal, en primer término. Segundo, ellos deberían mostrar los pedidos de información. Tercero, lo que han dicho es que no van a iniciar el proceso hasta que haya sentencia firme. Ahí está el secreto: sentencia firme en dónde; puede ser en la Corte provincial, en la nacional o en la Corte Interamericana de DDHH. Son unos hipócritas. Es realmente un papelón”, reproduce La Nación de “una fuente de la Corte provincial”.

Por su parte Sergio Salinas, abogado de parte de las víctimas y referente de la organización Xumek, también condenó la postura del Vaticano y afirmó que directamente “son cómplices, ocultando pruebas que están obligados a dar. Estamos cansados de su cinismo”.

Este lunes, en diálogo con La Izquierda Diario, el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico Carlos Lombardi, también criticó duramente a la jerarquía católica, al recordar que “tanto Dante Simón (vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba enviado por Bergoglio a Mendoza para intervenir en el caso) como Alberto Bochatey (el comisario apostólico y actual arzobispo auxiliar de La Plata) están denunciados penalmente no solo por no colaborar con la Justicia mendocina sino por haber obstaculizado la investigación”.

Sabían todo

Desde el Vaticano insisten en ocultar lo inocultable. “No hemos podido proceder en el proceso canónico porque nunca tuvimos más información que la de los medios, ya que las autoridades judiciales argentinas no nos dieron acceso a las actas y pruebas del proceso civil”, dijeron a La Nación las fuentes apostólicas y romanas.

Pero la mentira eclesiástica no puede ser mayor. La curia argentina sabía, al menos desde 2002, de la existencia de denuncias en el Provolo de La Plata. Una vez destapado el escándalo, en un allanamiento a la sede de la capital bonaerense se encontró una carta (fechada aquel año) que Julio García, “ecónomo” del Provolo, había mandado a Mendoza contando todo lo que sabía sobre Corradi. ¿En serio no sabían nada?

Además, como informó detalladamente este diario, en 2014 el propio Francisco recibió en mano denuncias de sobrevivientes del Provolo de Verona que lo fueron a ver a la Plaza de San Pedro. Allí nombraban a Corradi y demás clérigos violadores. La respuesta oficial no fue otra que el silencio papal.

Por si fuera poco, el Arzobispado de La Plata (a través del obispo auxiliar Bochatey) a fines de 2017 sacó de Argentina al cura Eliseo Pirmati y lo “repatrió” al Provolo de Verona (de dónde había salido décadas atrás) cuando ya existían firmes sospechas sobre él respecto a abusos y torturas cometidas sobre niños en la sede bonaerense del Instituto.

La Iglesia no puede esconder el sol con la mano. Y mucho menos sus propios crímenes con mentiras.

Hoy, con las condenas a la vista sobre Corradi y Corbacho, cobran nuevo significado las palabra vertidas el año pasado por Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco (Córdoba), quien públicamente posa de “autocrítico” e intenta separarse de las alas más reaccionarias del Episcopado.

Buenanueva es mendocino y dice conocer el caso Provolo “de cerca”. En una entrevista dada en 2018, Buenanueva dijo que este era “el caso más grave que tiene la Argentina” junto a los de Julio Grassi y los casos de Paraná. También dijo que “la crisis en Argentina está recién comenzando”, ya que casos como el del Provolo “animaron a muchas víctimas a sacar a la luz lo que han sufrido y lo que han vivido”. Y hasta reconoció que las víctimas “pueden tardar décadas en sacar a la luz” sus testimonios.

Para el obispo de San Francisco, lo que ocurrió en el Instituto Provolo “es lo más grave que ha habido en la Argentina, pero es un muestrario de todo lo mal que hemos hecho en la Iglesia en la gestión de todos estos casos”.

Pero al mismo tiempo buscó quitarse toda responsabilidad, al hablar de “personas que con antecedentes fueron enviados sin que el obispo del lugar lo supiese, a eso lo puedo decir yo que he sido obispo auxiliar de Mendoza y no teníamos la más mínima idea”.

La chantada de Buenanueva, de sus colegas de la Conferencia Episcopal Argentina y de sus mandantes del Vaticano no resiste un mínimo archivo. Lo peor de todo es que esa chantada tiene como efecto la eternización de la cobertura sobre infinidad de violadores y torturadores. Sobre todo de aquellos que aún tienen la “suerte” de no haber sido denunciados por sus víctimas.