Tensión cambiaria. Una salida de la clase trabajadora ante la crisis: cuatro claves frente a la presión devaluatoria

El dólar oficial cotizó a $136, el dólar “solidario” a $224,40, el dólar MEP tiene un precio de $320,90, el “contado con liquidación” de $336,97 y el “blue” o “paralelo” llegó a $337. La multiplicación de cotizaciones de la divisa estadounidense y la brecha entre ellas es un indicador del desorden económico creciente.

Para la gran mayoría de la clase trabajadora resulta ajeno a su vida cotidiana lo que pasa en el “mundo” del dólar. Sin embargo, es conocido que cuando aumenta su cotización cae el poder de compra del salario y, por ende, se deterioran las condiciones de vida.

La inflación hasta junio aumentó 36,2 %, es una especie de “paritaria” de toda la clase empresaria que abastece el mercado interno, y en julio se espera un salto mayor de los precios. Los acuerdos paritarios rondaron el 60 % cuando se anticipa una inflación superior al 70 %. Mientras los datos del Indec muestran que el poder de compra de los salarios perdió más de un 20 % en relación a 2015. Los salarios corren de atrás de la inflación.

Desde la salida de Guzmán se aceleró la presión devaluatoria. Una devaluación acentuaría en lo inmediato la recesión, la pérdida salarial, la desocupación y la pobreza. El capital financiero y los empresarios no confían en que Batakis cumpla con las metas del FMI y profundice el ajuste. Pierden con una devaluación la clase trabajadora, sectores de la clase media, y el pueblo pobre.

Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda planteó medidas urgentes frente a la crisis nacional y la corrida cambiaria.

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Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones

La defensa del salario está en primer orden frente a las presiones devaluacionistas. El poder de compra del salario cayó más de un 20 % desde 2015 y una devaluación presionará la suba que precios que será un nuevo golpe a los ingresos. Es necesario un aumento de emergencia de los salarios, las jubilaciones, y las prestaciones sociales, nadie debería ganar menos de lo que cuesta la canasta básica ($ 104.217 en junio, según el Indec) en el camino de conquistar un mínimo equivalente al costo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de Ate Indec ($ 161.624 en mayo).

Es necesario el llamado inmediato a un paro nacional y a un plan de lucha que enfrente el saqueo en curso.

Por su parte, el Gobierno acordó con el FMI aumentar las tarifas de los servicios públicos y la intención oficial es avanzar con la segmentación de las tarifas, es decir habrá un nuevo incremento de las facturas que golpeará los castigados bolsillos.

Con la nacionalización de los servicios públicos, bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares, se podría acceder a tarifas bajas o gratuitas para quienes no pueden pagarlas. Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista.

Desconocimiento soberano de la deuda

El Gobierno convalidó el endeudamiento de la era macrista, que califica íntegramente como deuda odiosa: fue tomado contra los intereses de las mayorías populares, que vieron aumentar la pobreza, el desempleo y caer el poder de compra del salario.

Los gobiernos patronales pagan todo lo que pueden pagar apelando al ajuste, y cuando eso ya no es suficiente, se reestructura la deuda para seguir pagando. Así, la deuda se perpetúa en el tiempo.

A pesar de las promesas de Fernández se comprobó lo que denunció la izquierda: que era imposible sostener los pagos de deuda sin atacar al pueblo trabajador.

La izquierda plantea la necesidad de un desconocimiento soberano de la deuda, un no pago impulsado por la movilización obrera y popular.

Nacionalización del sistema bancario

Los bancos son los grandes ganadores en esta crisis. Según el informe sobre Bancos que publica el Banco Central, entre enero y abril de este año los bancos privados ganaron $40.387 millones, $ 336,6 millones por día y significó una suba del 32,2 % en ese período, un porcentaje por encima de la inflación que fue del 23,1 %. El sistema bancario en manos privadas es el que organiza la fuga de capitales y la evasión impositiva que hacen los grandes empresarios hacia el exterior por todas las vías posibles. Para evitar ese saqueo es necesaria la nacionalización del sistema bancario, con la expropiación de los bancos privados y la conformación de un banco público único, bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores. Así, se podría proteger a los pequeños y medianos ahorristas y canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que permita desarrollar las actividades para responder a las más urgentes necesidades sociales.

Nacionalización del comercio exterior

Las ventas externas están dominadas por un oligopolio privado, mayormente extranjero: Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), Bunge (EEUU), AGD (Argentina), Molinos (Argentina), entre otras.

Estas empresas controlan los principales puertos de exportación, donde los organismos de control, como la Aduana, actúan como visitantes. Así, tienen facilidades para realizar todo tipo de maniobras como evasión de impuestos, subfacturación de exportaciones, no liquidación de dólares al Banco Central. Así, la principal fuente de dólares del país es ajena al control del Estado.

El monopolio estatal del comercio exterior quitaría esa herramienta de extorsión que tiene el capital agroexportador para imponer una devaluación: implicaría que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado quien es el que comercializa y toma la relación con otros países.

El monopolio del comercio exterior también permitiría priorizar las compras al exterior necesarias en lugar de bienes de lujo para los ricos. Todo lo que entre y salga del país debe estar en función de las necesidades sociales, de lo que se necesita para vivir. Y tendría que tener un control realizado por los trabajadores de los grupos exportadores o importadores, de los puertos y de la aduana. Así, se controlaría la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, evitando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales. También es necesaria la estatización de los puertos que en la actualidad están en manos privadas, y la expropiación de los 4.000 grandes propietarios.

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