Con apoyo del gobierno provincial y de empresarios mineros, el senador provincial Alejandro Abraham, del bloque Unidad Ciudadana, presentó un proyecto para modificar la ley 7722, que protege el agua de Mendoza de la minería contaminante. Fuerte rechazo de organizaciones socio ambientales.
Viernes 5 de octubre de 2018 13:44
La ley 7722 es una conquista histórica del pueblo mendocino que, en las calles, consiguió rechazar la utilización de productos contaminantes del agua en emprendimientos mineros. Sancionada en 2007, producto de una gigantesca movilización, la ley prohíbe del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares “en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.
Sin embargo, esta semana el senador provincial por Unidad Ciudadana, Alejandro Abraham, presentó un proyecto de ley para modificar la 7722, abriendo la puerta al lobby minero para retomar proyectos frenados por esta ley. "Una de las principales preocupaciones tanto de los sectores denominados ambientalistas como de la población en general está referido al control de la actividad minera, a despejar dudas y mejorar controles de eventuales desarrollos mineros se endereza la presente ley", señala el proyecto.
Alejandro Abraham, senador provincial por Unidad Ciudadana
Foto: MDZ
El proyecto además habla de destinar futuras regalías a viviendas sociales, políticas de género y programas de discapacidad. Sin embargo, el proyecto esconde una trampa a pedido de los empresarios mineros: el texto del proyecto mantiene la prohibición del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, pero elimina la parte que le sigue en el texto de la ley original que seguía "y otras sustancias similares", lo que abre la puerta a la utilización de otros químicos contaminantes.
En relación a este proyecto, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, emitieron un comunicado donde rechazan el proyecto del senador Abraham, junto con otro proyecto en el mismo sentido presentado por Juan Agulles y Silvina Camiolo, del PJ provincial. “Ambos son vistos con buenos ojos por el gobierno de Cambiemos, pues favorecen la entrada y/o reactivación de proyectos megamineros en Mendoza, en una alianza político-empresarial, con falsas promesas de progreso y el muy falaz pretexto de ampliar la matriz productiva de la provincia”, denunciaron desde las asambleas.
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El comunicado de la AMPAP, donde se declaran en estado de “alerta y movilización” en defensa de la “ley del pueblo”, continúa con la ratificación de la constitucionalidad de la ley vigente por la Suprema Corte de la provincia en 2015: “defendemos su validación técnica y científica, que le confiere la legitimidad y actualización necesaria en sus fundamentos”.
Reuniones a puertas cerradas y guiño oficial
Tras la presentación del proyecto, tanto Abraham como el senador Agulles mantuvieron una reunión “a puertas cerradas” con el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú. Es que el gobierno de Cornejo quiere avanzar en su viejo anhelo de reactivar la megaminería en la provincia, esta vez a través de los proyectos peronistas. "Que la oposición haya tomado la iniciativa nos parece bien y nos permite abordar el tema con mayor tranquilidad y objetividad", señaló Guiñazú tras la reunión.
A la reunión “secreta” del miércoles, le siguió otra con empresarios de la Unión Industrial Mendoza, quienes vienen haciendo lobby desde la misma sanción de la ley para desarrollar la actividad minera en la provincia. La semana próxima, ambos proyectos comenzarán a ser tratados en las comisiones de Ambiente, Asuntos Sociales y Trabajo; Hidrocarburo, Minería y Energía; y Legislación y Asuntos Constitucionales del senado provincial.
Si bien aún no comienza el debate formal de los proyectos, van en el sentido de lo que reclaman los empresarios mineros, al mismo tiempo que le hace un guiño al gobierno provincial, que ya viene avanzando con la implementación del Fracking, sin los controles de impacto ambiental necesarios.
